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El 7 de mayo pasado la Jurisdicción Especial para la Paz rechazó las solicitudes de los senadores Álvaro Ashton y David Char, investigados por sus presuntos vínculos con los paramilitares, de someterse a este sistema de justicia. Tanto Char como Ashton argumentaron que los hechos por los cuales son procesados tuvieron relación directa con el conflicto armado. Sin embargo, la JEP negó su solicitud.
El argumento de la JEP fue claro: los delitos por los cuales sindican a Char y Ashton no tienen relación con el conflicto armado y, por lo tanto, la justicia especial no es competente para investigarlos. En el primer caso, David Char fue capturado por orden de la Corte Suprema de Justicia en octubre de 2017 en el marco de la investigación que cursa en su contra por concierto para delinquir y porte y tráfico de armas de fuego. Al parecer, Char tuvo vínculos con el frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de los paramilitares. Por su parte, el proceso contra Ashton indica que el apoyo que recibió de las AUC tenía fines electorales.
Video: Los parapolíticos pueden ir a la JEP
La decisión de la JEP ha generado polémica. Una de ellas tene que ver con el hecho de que se marque un precedente en la participación de los parapolíticos en la Jurisdicción Especial para la Paz. El abogado penalista Francisco Bernate indica que, teóricamente, que el modelo de justicia cubre todas las personas que tienen relación con el conflicto con independencia de que estén investigadas, procesadas o, incluso condenadas. “Fue una decisión desafortunada que la JEP (que aún no tiene una ley de procedimiento para operar) que haya resuelto que los dos parapolíticos habían tenido alianzas con grupos paramilitares para obtener escaños y que no veía la relación con el conflicto”.
A su juicio no es claro si la JEP vaya a respetar este precedente: “Si lo hace, tendría que cerrarle la puerta a todos los parapolíticos, salvo que hubieran participado en masacres, secuestros desplazamientos, etc. De lo contrario, uno supondría que se pudiera reestudiar en otro caso particular”
Por su parte, Juanita Goebertus, quien hizo parte del equipo que creó el modelo de justicia transicional vigente, está de acuerdo en que los parapolíticos se sometan a la JEP. “La lógica del modelo de justicia transicional es lograr crear un sistema con organismos judiciales y extrajudiciales (Comisión de la Verdad, Unidad e Búsqueda de Desaparecidos y la JEP) para que en su conjunto esos mecanismos puedan lograr dos objetivos: la máxima satisfacción posible de los derechos de todas las víctimas del conflicto armado y, al tiempo, ofrecer seguridad jurídica para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto armado. En esa lógica, entre más personas que participaron en el conflicto contribuyan a la verdad, reparen a las víctimas y reconozcan responsabilidad más satisfacción va a haber de las víctimas”, indicó este jueves en el Facebook Live de Colombia 2020 de El Espectador.
Opinión: Una JEP de puertas abiertas
Y es que una de las razones que esgrimió la defensa de David Char, cuando presentó su solicitud ante la JEP, versaba sobre la disposición del excongresista en contribuir a la verdad sobre las relaciones entre el paramilitarismo, la clase política y empresarial de la región Caribe. En su decisión la JEP le indicó: “Si el señor David Char quiere contribuir a la verdad del fenómeno del paramilitarismo y reconocer el derecho que tienen las víctimas para conocerla, además de aportar información para que los responsables sean sometidos a la justicia (…) puede acudir a los organismos creados para ello”, es decir a la Comisión de la Verdad.
Para Mauricio Pava, abogado de Char, la JEP cometió 21 errores, entre los cuales destaca que la sala trató a su defendido como los demás parapolíticos y no reconoció su calidad de tercero, como empresario ni son compromiso con inhabilitarse políticamente. “Aplicó normas declaradas inconstitucionales y creó requisitos que no aparecen en el acto legislativo para el acceso voluntario de terceros a la JEP; la decisión de la Sala pone en peligro el acceso de los terceros a la JEP, exigiendo que las contribuciones se realicen por “simpatía con el grupo armado”, con el propósito de darle una "ventaja militar" y que tengan que ver directamente con operaciones de combate, lo cual va más allá de la jurisprudencia internacional sobre el nexo entre una conducta y un conflicto armado”.
Pava, quien insistió en que las conductas que se le endilgan a Char sí tuvieron relación con el conflicto armado, precisó que la decisión de la JEP "pone en peligro el tratamiento simétrico" entre los actores del conflicto, como quedó contemplado en el acuerdo final: “Las Farc entran automáticamente a la JEP, mientras que los agentes del Estado deben justificar rigurosamente su acogimiento voluntario”.
Sobre el caso de Ashton, la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) cuestionó la argumentación jurídica que llevó a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas a rechazar la solicitud por falta de competencia. En un informe de siete páginas, la CEJ se refirió a las conductas consideradas graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH; a los delitos relacionados con el desarrollo de las hostilidades, a la colaboración determinante, y la relación con el conflicto armado.
La JEP estudia los recursos de apelación interpuestos por los defensores de los excongresistas. Entre tanto, al menos casi 30 agentes del Estado civiles, entre los que se destacan el exministro del Interior Sabas Pretelt de la Vega; el exsenador Juan José Chaux y el exgobernador de Sucre Salvador Arana, que buscan aterrizar en la Jurisdicción Especial para la Paz. En caso de ser aceptados, y de esta manera acceder a los beneficios contemplados en la justicia transicional, deberán asumir responsabilidades, contar la verdad y reparar a sus víctimas.