Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El nombre de Néstor Raúl Correa está rodeado de polémicas desde que asumió su cargo como secretario ejecutivo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La más reciente decisión de la Procuraduría lo llama a juicio verbal pues asegura que Correa se extralimitó en sus funciones al autorizar la salida de ocho excombatientes de las Farc del país. Para el Ministerio Público, el polémico funcionario sabía que tales decisiones ya no estaban a su cargo y aun así permitió la salida de los excombatientes. Sin embargo, Correa le explicó a la entidad que tales permisos “ocurrieron a sus espaldas” y no tuvo conocimiento de estos.
El Espectador conoció el documento emitido por el procurador segundo delegado para la vigilancia administrativa mediante el cual se cita a audiencia verbal al exsecretario de la JEP y en donde se detalla punto por punto por qué se decidió llamar a juicio disciplinario al exfuncionario. Todo este asunto empezó el 1º de junio, cuando a la Procuraduría llegó una queja del representante a la Cámara por Bogotá Samuel Hoyos, en la cual pedía investigar las presuntas irregularidades en las que habría incurrido Néstor Raúl Correa como secretario de la JEP al otorgar permisos a ocho excombatientes para salir del país.
Lea: Piden investigar a Néstor Raúl Correa por salidas del país de exguerrilleros
Días después, la presidenta del tribunal de paz, Patricia Linares, también remitió un oficio en el que ponía en conocimiento al Ministerio Público de lo ocurrido y aclaraba que esos trámites fueron efectuados por Correa, al parecer, sin tener competencia alguna. Con estos elementos, el 27 de junio de este mismo año la Procuraduría inició una indagación preliminar contra Correa y encontró varias irregularidades que tienen al exfuncionario en la mira de la justicia. Son tres pruebas fundamentales con las que cuenta el ente investigador que dejarían ver las faltas en las que habría incurrido Correa al expedir los permisos.
En la primera prueba se aclara que, a partir del 2 de noviembre de 2017, Néstor Raúl Correa fue delegado como secretario del tribunal de paz, lo que lo facultaba en “funciones jurisdiccionales transitorias” hasta que entraran en funcionamiento las Salas de Justicia de la JEP, lo cual sucedió el 15 de enero de este año. “Al estar posesionados los magistrados de los tribunales y las salas de la JEP, automáticamente asumieron el pleno ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, incluida la facultad de autorizar la salida del país de excombatientes de las Farc”, señala el documento como segunda prueba.
Le puede interesar: Procuraduría llamó a juicio disciplinario a exsecretario de la JEP Néstor Correa
El tercer elemento que tuvo en cuenta la Procuraduría, tal vez el más importante, son las ocho autorizaciones de salida de los exguerrilleros. Los permisos fueron concedidos a los excombatientes Luis Ermides Bocanegra, Hugo Ancízar Pérez, Fernando Arellán Barajas, Andrés Mauricio Zuluaga, Gustavo Joanis Bedoya, Israel Alberto Zúñiga y Pastor Alape, todos ellos entre el 18 de enero y el 2 de abril de este año. Para el ente de control disciplinario, el hecho de que Correa haya autorizado estos permisos con posterioridad al 15 de enero de 2018 significa una “extralimitación” de sus funciones.
Lo más grave, según la Procuraduría, es que Néstor Raúl Correa sabía que otorgar estos permisos ya no era de su competencia, y aun a sabiendas de ello procedió a dejar salir del país a estos exuniformados. Para esta entidad, algunos de los elementos que permitirían inferir que Correa actuó de manera dolosa son la expedición del acuerdo Nº 001 del 15 de enero de 2018 por parte de Patricia Linares y el mismo Correa, el cual dejaría “claro que este último tenía conocimiento (de) que a partir de dicho momento debía abstenerse de continuar autorizando la salida del país a excombatientes de las Farc”.
Asimismo, otra de las pruebas que pondrían en evidencia la falta de Correa es la solicitud, a través de un oficio interno, que el entonces secretario ejecutivo hizo el pasado 2 de abril de este año a la presidenta Patricia Linares para reglamentar el trámite de autorizaciones de salida del país, “con lo que se pone en evidencia que conocía que bajo sus instrucciones se seguía ejecutando una función jurisdiccional que ya se había radicado en cabeza de los magistrados de las Salas de Justicia de la JEP”, afirmó la Procuraduría en su documento. Al tiempo que Correa elevaba esta solicitud a Linares, se otorgaban permisos de salida a dos excombatientes.
Lea: No obtuve correos de manera ilegal: Néstor Raúl Correa a presidenta de la JEP
Según el documento del ente disciplinario, ese mismo 2 de abril, la secretaría ejecutiva de la JEP concedió la autorización de salida del país a Israel Alberto Zúñiga a Ecuador y a Pastor Lisandro Alape a un destino que no se especifica en este escrito. En su defensa, Néstor Raúl Correa radicó ante la Procuraduría dos escritos, los días 12 y 13 de abril, en donde aseguraba que los permisos otorgados por la JEP durante este año se dieron a sus espaldas y no tuvo conocimiento de la existencia de ellos, “pues si bien en todos los documentos aparece su firma, había delegado dicha función en el grupo de consultores de la JEP”.
Del mismo modo agregó que, aunque no se hubiese creado un procedimiento reglamentario para dar trámite a ese tipo de autorizaciones, sí se había diseñado una hoja de ruta que no fue acatada por los funcionarios en quienes designó tales procedimientos en el interior de la entidad. Además manifestó que, de acuerdo con el reglamento de la JEP, “las funciones judiciales del secretario ejecutivo antes de la entrada en funcionamiento del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición serían de conocimiento de la presidencia, las salas y las secciones de la JEP”, y que este tribunal de paz en realidad entró en funcionamiento el 15 de marzo de 2018 y no el 15 de enero, como anteriormente se explica.
Para el Ministerio Público, Correa no podía delegar las funciones que le habían sido asignadas exclusivamente a él, y nunca hubo una facultad legal para la delegación de tales funciones. También aclara que, a pesar de que esta jurisdicción hubiera entrado en funcionamiento el 15 de marzo, se otorgaron cinco permisos para salir del país a exguerrilleros posteriores a esa fecha, con lo que también se demostraría la existencia de una falta disciplinaria. Por ahora se está a la espera de que se defina la fecha en que Néstor Raúl Correa será escuchado y cuáles serían sus argumentos de defensa.
Lea también: Secretario Ejecutivo obtuvo ilegalmente correos de magistrados: presidenta de la JEP