Los reparos de las víctimas a las sanciones propias de la JEP

Para las víctimas, Ministerio de Defensa no puede ser quien monitoree sanciones a miembros de la Fuerza Pública, pues no puede ser juez y parte. / Mauricio Alvarado

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El 25 de mayo pasado, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), la Corporación Jurídica Libertad (CJL), la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), que agrupan a víctimas de crímenes de Estado, le presentaron un oficio al Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz con los reparos que tienen frente al borrador de un documento Conpes que ya tiene listo el Gobierno sobre las sanciones propias que impondrá la JEP.

El Conpes contiene una propuesta de articulación y alistamiento interinstitucional entre siete organizaciones del Estado y la JEP, para concertar de qué manera se llevarán a cabo las sanciones propias y los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (TOAR), que se aplicarán a los comparecientes ante esa justicia.

Si bien la Ley Estatutaria de la JEP dice que es competencia del Gobierno articularse con esa Jurisdicción para este fin, las víctimas cuestionan que el documento se presente tan cerca del cierre de Gobierno, y que no se tengan en cuenta elementos particulares sobre las responsabilidades del Estado como perpetrador de hechos de violencia.

Sergio Arboleda, abogado representante en Antioquia del Movice, señala que, en general, “este Conpes no tiene en cuenta a las víctimas, cuyo rol debería ser central en la imposición de las sanciones a los responsables”. Arboleda además denuncia que la reparación a las víctimas de crímenes de Estado ha sido “prácticamente inexistente” desde la creación de la Ley de Víctimas y dentro de la implementación del Acuerdo de Paz.

¿Por qué presentar un Conpes cuando el Gobierno va de salida?

La primera objeción de estos cinco colectivos de víctimas es que el Gobierno presente este borrador de Conpes cuando, según cifras del DNP, el Plan Nacional de Desarrollo de Duque ha avanzado un 75 %. Es decir, ya está por cerrar sus asignaciones presupuestales y no puede comprometer los recursos necesarios para los TOAR, así como para el alistamiento institucional en las regiones.

Además, aseveran, este documento está sustentado en la Política de Paz con Legalidad que, como han denunciado en repetidas ocasiones, no solo ellas, sino también los excombatientes de las Farc, no responde al Acuerdo Final. Sergio Arboleda explica que en estos cuatro años el Gobierno ha “ajustado los compromisos del Acuerdo a las agendas de su partido y no a los intereses de las víctimas”.

En ese sentido, a las organizaciones les preocupa que la temporalidad en la que se presenta el documento responda a intereses del Gobierno para “dejar amarrados cimientos normativos de cara a su salida”, agrega Arboleda.

Reparos de las víctimas de crímenes de Estado

En la Ley Estatutaria de la JEP también se exige que las víctimas y comunidades sean partícipes de las decisiones que afectan su reparación, como es el caso de las sanciones propias y los TOAR. El borrador presentado por el Gobierno no les menciona.

En particular, las víctimas de crímenes de Estado denuncian que el documento, además, “no presenta un diagnóstico diferenciado frente al componente de sanciones propias para los casos en que el compareciente/victimario ostenta la calidad de agente de Estado”.

Arboleda explica que en el Conpes la mención a la Fuerza Pública se limita a decir que la restricción de la libertad para los responsables será en unidades de las Fuerzas, y a darle al Ministerio de Defensa el rol de monitorear las sanciones. Este es otro de los puntos en los que las víctimas están en desacuerdo.

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La verificación al cumplimiento de las sanciones la hace la propia JEP, para lo cual se apoya en la Misión de Verificación de Naciones Unidas y, eventualmente, en el Ministerio de Defensa. Por eso, el abogado de las víctimas es enfático en que el Conpes debe dejar claro que ese Ministerio no puede ser quien monitoree el cumplimiento de las sanciones a miembros de la Fuerza Pública, pues el Estado no puede ser a la vez juez y parte.

El Conpes se justifica bajo el argumento de que es necesaria una articulación entre el Gobierno y la JEP para hacer efectivas las sanciones, como también lo requiere la Ley Estatutaria de la JEP. Sin embargo, el Gobierno propone en este documento que la Rama Ejecutiva presentará un banco de proyectos para que los comparecientes adhieran a ellos como parte de los TOAR. De nuevo, las víctimas reclaman que deben participar de estas decisiones y el documento no las vincula allí tampoco.

¿Qué piden las víctimas?

Las cinco organizaciones que objetaron el borrador de Conpes proponen, en primer lugar, que la discusión sobre esta articulación institucional para las sanciones propias se aplace hasta que se posesione el nuevo gobierno. De esta manera podrán ser parte del Plan Nacional de Desarrollo, junto con las recomendaciones que la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) ha hecho en cuanto a la implementación del Acuerdo. Le piden a la JEP, por ahora, rechazar este borrador.

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Por otra parte, solicitan que en todas las discusiones futuras se tenga en cuenta, de forma diferenciada y de acuerdo con las recomendaciones que ellos ya han presentado a la JEP, la responsabilidad de agentes del Estado y su papel dentro de la reparación a las víctimas.

Poco antes de que estos colectivos de víctimas presentaran sus objeciones al borrador del Conpes, también lo habían hecho los dirigentes del hoy partido Comunes de las antiguas Farc, quienes igualmente reclamaron quedar por fuera de la formulación de dicha política. Según la misiva que ellos radicaron ante la presidencia de la JEP, esa norma debe pasar obligatoriamente por la CSIVI, requisito que este borrador no cumplió.