Familiares de venezolanos desaparecidos en la frontera piden un plan de búsqueda

Fotografía por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, en la Universidad Nacional de Bogotá (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El paso de varios camiones de carga pesada desde el departamento de Norte de Santander hasta el estado de Táchira en Venezuela, el 26 de septiembre pasado, fue el símbolo de la reapertura de la frontera y de la reanudación de relaciones diplomáticas, económicas y comerciales entre ambos países. Ese momento, que fue transmitido por medios de comunicación colombianos y venezolanos, significó una esperanza para un grupo de 30 mujeres buscadoras de desaparecidos en la frontera y que llevan varios años denunciando los delitos que se cometen en los pasos irregulares como las trochas, controladas por actores armados.

El grupo de mujeres venezolanas se llama Esperanza de Madre. Está liderado por Lisbeth Zurita, una mujer que desde julio de 2019 está buscando a su hijo Enisael Contreras. “La tierra de Cúcuta se abrió y te tragó, hijo mío”, escribió en sus redes sociales el pasado mes de marzo, cuando reclamó también a los gobiernos de Colombia y de Venezuela para que avanzaran en los casos de desapariciones transfronterizas.

Su hijo, de 23 años, desapareció en 2019 en la frontera de Cúcuta (en Norte de Santander). Con la reanudación de relaciones diplomáticas, dice que va a liderar una misión: “Quiero poder llevar a la mayor cantidad de madres posibles a Colombia para interponer las denuncias por desaparición allá”. Zurita explica que la mayoría de ellas alertaron en su momento al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en Venezuela, pero como le pasó a ella, a muchas no les recibieron las denuncias por tratarse de casos cometidos en el lado colombiano.

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“No teníamos un consulado de Colombia en Venezuela para poder acudir a interponer estas denuncias. Por eso, esperamos que con esta nueva decisión tengamos algún acercamiento más para seguir visibilizando nuestros casos hasta encontrarlos”, cuenta y explica que, en su caso, desde 2020 ha visitado al menos unas cinco veces Norte de Santander en busca de algún rastro de su hijo.

Una de las organizaciones que más ha denunciado las desapariciones en la frontera es la ONG venezolana Fundaredes quienes reportaron que, en lo corrido del 2022, van 246 desapariciones en la frontera. La Fundación Progresar, en el Catatumbo, tiene registro de 109 casos y aseguran que ese es el segundo delito que más ha afectado a los migrantes venezolanos en Colombia. El primero son los homicidios, con 624 víctimas.

Los pasos fronterizos irregulares en zonas como Arauca, La Guajira o Norte de Santander han sido controlados por grupos armados como la guerrilla del Eln, algunos grupos de las disidencias de las Farc, las Agc y bandas criminales o grupos armados venezolanos como el Tren de Aragua. Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, explica que preocupa la consolidación del frente 33 de las disidencias en el área metropolitana de Cúcuta. Habla también sobre el control del Eln en todo el territorio fronterizo y de la disputa que tiene esa guerrilla con el frente 10 de las disidencias, especialmente en el departamento de Arauca.

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Más del 70 % de los casos de desapariciones que han reportado las organizaciones sociales de la frontera han ocurrido en las zonas de frontera o en los pasos irregulares como las trochas. En la mayoría de esas zonas es donde más se ha sentido el conflicto armado y su recrudecimiento. Justamente con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y su apuesta por la “Paz Total”, varios de esos grupos han asegurado estar dispuestos a tener nuevos escenarios de diálogo y negociación para entregar las armas, como la guerrilla del Eln, con quienes ya se han adelantado encuentros previos y que son uno de los actores armados más sólidos en las fronteras de Colombia.

Desapariciones en el limbo

Cenaida Basto es la madre de Anthony Gabriel Colmenares Basto, un joven que desapareció a sus 23 años, en julio de 2019, cuando salió a trabajar de taxista para buscar dinero y comprar los pañales de su bebé. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, ese año, le aseguró a Cenaida que su hijo había sido reclutado por algún grupo armado ilegal colombiano y que lo habían llevado hacia Arauca. “Lo sacaron del país hacia Colombia y la última vez que su celular emitió alguna señal de GPS estaba en Guasdualito, la segunda ciudad más importante del estado de Apure, a orillas del río Arauca.

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Su lucha más grande durante estos años ha sido por lograr que las autoridades emprendan una búsqueda o le den alguna razón más allá de las especulaciones. “Yo fui hasta Cúcuta a denunciar pero me dijeron que como él había desaparecido en el lado venezolano, que no podía interponer ninguna acción allá, pero cuando fui al CICPC (en Venezuela) me dijeron el caso lo debía llevar la Fiscalía de Colombia porque lo más probable era que estuviera en Arauca. Pero ninguno me dio razón y nadie asumió el caso”, explica.

Wilfredo Cañizares señala que una de las dificultades para las denuncias de las desapariciones en la frontera es que, precisamente, se dan en territorios o en pasos irregulares muy difusos que podrían ser binacionales y por los que ninguno de los dos países se ha hecho cargo. Con la apertura de la frontera, la primera entidad estatal que se ha pronunciado sobre este tema es la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en cabeza de Luz Marina Monzón. En diálogo con Canal Capital, la directora aseguró que “con la reapertura de la frontera se dará paso a la búsqueda de desaparecidos en Norte de Santander, Catatumbo, Cúcuta, Arauca y el centro del Cesar”.

Esa entidad extrajudicial que se encarga de buscar a los desaparecidos por el conflicto armado colombiano es hasta ahora la única esperanza que tienen los familiares de desaparecidos. Lisbeth Zurita dice que es un alivio que las relaciones diplomáticas se normalicen. “En mi caso ya voy a poder dirigirme al consulado de Colombia en Caracas para plantear la situación de nosotras las mamás buscadoras. En 2019 cuando intenté hacerlo, no había relación entre ambos países y nuestros casos quedaron en el limbo”.

Una lucha similar ha vivido Yasmin Velásquez, hermana de Yohanny José Velásquez Sisco, un hombre que desapareció en 2020, a sus 30 años, en San Antonio del Táchira (Venezuela), cuando se dirigía hacia la ciudad de Cúcuta. Ella recuerda que su hermano “llevaba varios meses intentando subsistir económicamente, pero era muy difícil. Él era pescador en el estado de Sucre, pero con la crisis en Venezuela su trabajo empezó a faltar y decidió migrar a Colombia en busca de algún empleo para su familia”.

En su caso, nadie de su familia tuvo la certeza de si Yohanny logró llegar a Colombia o si fue interceptado en la frontera. “De lo que sí estamos seguros es que alcanzó a llegar al Táchira porque desde san Cristóbal me hizo la última llamada y me dijo que le avisara a mi mamá que ya iba pasar por la trocha”, recuerda su hermana. Desde entonces, el teléfono empezó a sonar apagado y nunca más volvió a comunicarse. Mucho menos supieron su lo desaparecieron del lado venezolano o del lado colombiano, por lo que interponer una denuncia ante las autoridades ha sido una lucha sin éxito.

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El Observatorio de Derechos Humanos de la Fundación Progresar asegura que, en muchos casos, son reclutados por grupos armados colombianos para integrar sus filas o para trabajar en cultivos de coca. Sin embargo, esa organización tiene la ubicación de 14 posibles fosas comunes en fincas y zonas rurales aledañas a Cúcuta, Tibú y los corregimientos de Juan Frío, La Gabarra y Palmarito. Del lado venezolano aseguran que habría cuerpos en dos cementerios y una finca en el estado Zulia.

La Fundación Progresar, que acompaña a varias de estas familias venezolanas, asegura que es urgente que se genere un plan de búsqueda con las familias con delegados de ambos gobiernos. “Estos casos ocurren en lugares donde existe un control estricto de los actores armados, actores que controlan la cotidianidad de los lugares”, se lee en el documento. Su observatorio de derechos humanos, hasta junio de 2022, tenía reportado que el 39 % de las víctimas de desaparición forzada eran personas entre los 29 y 59 años. Además, la Fiscalía General de la Nación tiene archivados o inactivos el 49.6 % de los procesos penales por este delito y solo tres de esos casos han llegado a juicio.

El grupo Esperanza de Madre, una de las organizaciones de la sociedad civil dedicada únicamente a acompañar a las familias víctimas de este delito transnacional, dice que buscarán algún acercamiento con los consulados de ambos países para emprender la búsqueda. La esperanza de las mujeres de ese grupo por encontrarlos, sigue intacta.