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La Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) asumió competencia para abrir el caso 003, que corresponde a las ejecuciones extrajudiciales, comúnmente denominados como falsos positivos, ocurridos con ocasión del conflicto armado a manos de miembros de la fuerza pública.
Para abrir este caso, la JEP tuvo en cuenta el quinto informe de la Fiscalía llamado “Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”.
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De acuerdo con el informe del ente acusador, se identificó un total de 2.248 Víctimas entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres entre los 18 y los 30 años. “Según el informe de la Fiscalía, el fenómeno allí descrito aumenta de manera sustancial a partir del año 2002 y muestra su etapa más crítica entre 2006 y 2008”.
Indica, además, que el 45% de las víctimas eran campesinos y el 30 % se dedicaba a actividades productivas informales en las ciudades.
Por otro lado, se tienen registros de la ocurrencia de este fenómeno en 29 de los 32 departamentos del país, y es Antioquia la zona de donde más se registró esta situación, seguida por Casanare, Cesar, Meta y Norte de Santander. “Se pudo observar que cuatro de las ocho divisiones del Ejército (la primera, segunda, cuarta y séptima) concentran el 60 % de los casos”, agregó Díaz.
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De los 10 listados que recibió la JEP del Ministerio de Defensa se indica que 1.944 miembros expresaron su voluntad de someterse a la justicia transicional. Esas personas están involucradas en 2.586 casos con el conflicto armado (1.750 del Ejército Nacional).
Para priorizar las llamadas ejecuciones extrajudiciales, la JEP tuvo en cuenta el llamado que hizo la Corte Penal Internacional (CPI) en el marco del examen preliminar que adelanta sobre este tema desde junio de 2004.