“Sin seguridad para los excombatientes, estamos sembrando un futuro de guerra”: JEP

Magistrados de la Sección de Ausencia de Reconocimiento: (de izq. a der.) María del Pilar Valencia, Reinere Jaramilllo, Gustavo Salazar y Alejandro Ramelli.

Foto: Archivo

Ya son 229 los exguerrilleros que han sido asesinados desde el 2016 y un poco más del 50% de los casos han ocurrido en la región del suroccidente y el Pacífico colombiano. La extinta Farc reporta 118 homicidios de excombatientes en esta región distribuidos así: 14 en Valle del Cauca, 37 en Cauca, 22 en Caquetá, 28 en Nariño y 18 en Putumayo.

El último caso que dio a conocer el partido Farc fue el asesinato de Nelson David Sánchez, a quien le dispararon en la cabeza el lunes 21 de septiembre en Tumaco (Nariño) y falleció un día después por la gravedad de las heridas. Había pertenecido a la Columna Móvil Daniel Aldana y estaba haciendo su proceso de reincorporación a través de la cooperativa Tumaco Urbano.

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Ante los recurrentes asesinatos y amenazas, los excombatientes que habitan en los espacios y nuevas áreas de reincorporación (NAR) de estos departamentos -a excepción del Valle del Cauca- fueron escuchados este miércoles por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en una audiencia pública de seguimiento a la solicitud de medidas cautelares que hizo la exguerrilla en abril de 2020.

Esta fue la tercera audiencia territorial de medidas de protección. Las primeras se hicieron de manera reservada para escuchar a los excombatientes de Antioquia, Meta, Tolima, Guaviare, Arauca y Huila.

Desde las 8:30 a.m., tanto magistrados como excombatientes y entidades estatales responsables de la reincorporación e implementación del proceso de paz revisaron la situación de seguridad en estos lugares y cuáles han sido las medidas tomadas para proteger a los firmantes del acuerdo de paz. Estuvo el Ministerio de Defensa, la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio del Interior, la Defensoría del Pueblo y las cuatro gobernaciones.

Aunque en principio se estaba desarrollando la audiencia de forma pública, abogados de los exguerrilleros reclamaron que solo hasta el martes a las 5 p.m. se les notificó sobre el cambio en la reserva de la diligencia, lo que generó incomodidad ya que exponer los nombres y testimonios de los excombatientes los pondría aún más en riesgo. La magistrada Reinere Jaramillo, relatora de esta diligencia, decidió entonces tomar de manera privada los testimonios y la audiencia se abrió nuevamente al público hacia el mediodía.

El único que habló fue Pablo Catatumbo, ahora senador por el Partido Farc, quien señaló al Gobierno Nacional de no cumplir con el deber constitucional de proteger la vida de todos los ciudadanos: “¿Qué tal si esos 229 excombatientes asesinados hubiera sido terratenientes, latifundistas o dirigentes empresariales? Colombia estaría hecha un caos. Es gente pobre y por eso el Gobierno también está en la obligación de garantizar su vida”.

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Abogados y exguerrilleros que estuvieron presentes en la diligencia le contaron a Colombia2020 lo que se habló en ese momento, aunque por razones de seguridad pidieron no revelar sus nombres.

Le manifestaron a la magistratura que los esquemas de protección no se brindan de manera efectiva, que los trámites tienen muchas demoras o están incompletos. Además, uno de los abogados dijo que entre las críticas de los excombatientes es que de nada sirve un carro blindado y hombres armados cuando hay presencia de paramilitares, del ELN y faltan políticas de inversión social. Eso sin contar que no se garantiza la sustitución de los cultivos de uso ilícito como se pactó en el acuerdo de paz.

“El espacio de La Variante, en Tumaco, queda a cinco kilómetros del corregimiento de Llorente y es de público conocimiento que es hostigado por paramilitares como Los Contadores. Los excombatientes tienen que desplazarse por este sitio para recibir atención en salud o comprar víveres, pero la irrupción del paramilitarismo implica un riesgo para su seguridad”, expresó.

Otra de las preocupaciones son los constantes sobrevuelos de helicópteros y drones en los espacios de reincorporación, sobre todo en Cauca.

A eso le sumaron, desde su percepción, una falta de compromiso de las autoridades locales. Si bien el subsecretario de Paz de la Gobernación de Nariño, Amilcar Pantoja, aseguró que tienen presupuestado incluir dentro del plan de desarrollo una línea de atención integral a excombatientes, ellos cuentan que la realidad es otra.

“En el NAR de Tallambí, en la zona limítrofe con el Ecuador, hicieron una solicitud para que instalen un puesto de salud porque tienen que movilizarse durante tres horas hasta Cumbal y en ese trayecto hay actores armados. Hicieron el derecho de petición a la Gobernación y la respuesta es que no había necesidad del puesto, por esa situación hay una acción de tutela e impugnación”, añadió el abogado.

El magistrado y presidente de la Sección, Alejandro Ramelli, les llamó la atención a los secretarios de las gobernaciones de Cauca y Putumayo, puesto que llegaron tarde a la audiencia. El secretario de la gobernación del Cauca no se presentó al ser llamado la JEP y adujo problemas de conexión puesto que iba en carro. Los magistrados le respondieron que se le había sido avisado con tiempo de la audiencia y que su deber era establecerse en un espacio concreto y con internet. Ramelli calificó este actuar como una falta de interés por parte de las autoridades locales.

Cada una de las entidades hizo una rendición de cuentas de lo que a su parecer han hecho para proteger la vida de los excombatientes. El Ministerio de Defensa, bajo la vocería del coronel Martín Martínez, afirmó que son 28 pelotones y 808 hombres los que protegen los ocho espacios de reincorporación ubicados en esos cuatro departamentos.

El Ministerio del Interior se limitó a decir que sí han hecho seguimiento de las alertas tempranas que ha emitido la Defensoría del Pueblo en la región y que hay cerca de 48 esquemas de protección (entre individuales y colectivos) por parte de la Unidad Nacional de Protección para los exguerrilleros de la región.

Pero la Defensoría del Pueblo fue quien llamó la atención sobre la falta de impacto de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat). “Si bien se reúne de manera periódica, como un estándar de cumplimiento de metas, se tienen que tomar decisiones que generen impacto en la prevención de los asesinatos”, resaltó Mateo Gómez, defensor delegado para la Prevención de Riesgos y Sistema de Alertas Tempranas

Por su parte, la Fiscalía mostró en su informe cifras de afectaciones en los cuatro departamentos, concluyendo que el 84% de acciones, como homicidios, amenazas y desapariciones forzadas, es cometida por grupos criminales, como hombres de las Farc que no se acogieron al proceso de paz y disidencias como la Jaime Martínez, Dagoberto Ramos (en Cauca) o La Mafia en Putumayo.

Varias entidades aseguraron que muchas de las amenazas contra excombatientes provienen de estos grupos en un intento de sacarles información que manejaban antes de dejar sus armas o para presionarlos a que reincidan.

Luego del balance de todas las entidades, el magistrado Gustavo Salazar fue crítico con respecto al papel de la institucionalidad en la protección de los firmantes del acuerdo de paz. Lo que hicieron, según Salazar, fue un recuento de eventos que a la larga no han funcionado porque siguen contándose los muertos de la exguerrilla: “La seguridad de los excombatientes no es solo una obligación constitucional, sino una condición en términos de garantías de justicia y reparación a las víctimas”. Y agregó: “La violencia contra ellos es amplia, continua, generalizada e incesante y la respuesta institucional es insuficiente”.

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A sus críticas también se sumó el magistrado Alejandro Ramelli, quien insistió en el desinterés de las entidades en este tema. “Las instituciones vienen, hacen un resumen de una cantidad de acciones desarticuladas completamente, pero la realidad es que estamos hablando de más 100 personas asesinadas y no hay una explicación. Todas dijeron que todo está perfecto y nadie explica lo que está pasando. Si no hay realmente una voluntad política del Estado en afrontar de este problema todo lo que se haga es papel mojado”.

Y añadió que si las autoridades tanto nacionales como territoriales no asumen este tema con seriedad lo que está de por medio es el fracaso del proceso de paz. “Si no hay seguridad para quienes entregan las armas, para quienes deciden hacer un pacto y volver a la sociedad civil, lo que estamos sembrando es un futuro de guerra en este país. Veo desinterés, que cada quien responde por su pedacito, pero no hay una estrategia de Estado”.