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La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) negó, en primera instancia, el sometimiento de Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). Aunque Mancuso está recluido en Estados Unidos pagando una condena por narcotráfico, este año regresará a Colombia para responder por crímenes cometidos en varias regiones como en Catatumbo, Montes de María y varios municipios de Córdoba, Norte de Santander, Bolívar, Sucre, La Guajira, Magdalena, entre otros.
Algunos de los hechos más conocidos que se le atribuyen al exjefe paramilitar son las masacres de El Salado, El Aro, Mapiripán y más de 5.000 casos abiertos ante los tribunales de Justicia y Paz. El Espectador habló con varias víctimas de Salvatore Mancuso para conocer su opinión sobre la decisión de la JEP de cerrarle sus puertas.
Juan Carlos Quintero, víctima de desplazamiento forzado en la zona y vocero de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), dijo que "lo más importante es que él diga la verdad sobre varios hechos, sobre todo los cometidos en el municipio de Tibú, que es uno de los que más tiene desaparecidos en Colombia por las Auc". Si no es en la JEP, agrega Quintero, espera que "al menos haga un aporte significativo en la Comisión de la Verdad y contribuya con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas para que muchos en el municipio encuentren los cuerpos de sus familiares".
(Lea también: JEP le cierra sus puertas al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso)
Una opinión similar compartió Nancy Montes, víctima de la masacre de El Salado y acreditada ante los tribunales de Justicia y Paz, quien señaló que, aunque este hecho llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), hay una deuda histórica importante con las víctimas que tenía la esperanza de que se saldara en la JEP: "En Justicia y Paz él no confesó ni dijo toda la verdad, entonces esperábamos que en esta nueva justicia se abriera una posibilidad... lo que nos interesa es que se sepa por qué lo hicieron y qué pasó realmente".
En cambio, Martha Pozo, víctima de la masacre de El Aro (Antioquia), celebró la decisión de que Mancuso no entre al Tribunal de Paz, pues no quisiera que haga trabajos restaurativos para las víctimas, teniendo en cuenta que en la JEP los victimarios tienen otro tipo de sanciones propias: "No me lo imagino en nuestro municipio como si nada después del daño que nos hizo, preferimos otro tipo de reparación".
Sobre la masacre de Mapiripán, donde fueron asesinadas al menos 49 personas en julio de 1997, Fredy Patiño, integrante de la Mesa de Víctimas, mencionó que han perdido la confianza en el Estado porque han pasado más de 20 años de impunidad. Tiene sentimientos encontrados con la decisión. "En la JEP uno ve que les dan más garantías a los victimarios, es una incertidumbre con esos procesos. Ellos han perdido credibilidad con nosotras las víctimas. Pero es cierto que la justicia ordinaria también tiene muchas cosas confusas y no se ha hecho nada", señaló.
Además de conocer la verdad sobre los hechos relacionados con el conflicto, Patiño dijo que es importante que haya una reparación integral y colectiva para las víctimas. En eso coincide Ayineth Pérez, miembro de la Asociación Tierra y Paz, quien afirmó que en la región de Urabá, de donde es oriunda, aún no llega la reparación a las personas desplazadas y despojadas de sus tierras.
(Vea: El llamado de la JEP a los comparecientes para que digan la verdad)
El exjefe paramilitar de las Auc, en 2012, fue condenado a 24 años de prisión por la masacre de Caño Jabón del 4 de mayo de 1998. Balbina Niño Briceño, víctima de esa masacre en la que desaparecieron a sus tres hermanos, Antonio, Milton y Plácido, expresó que espera que con el regreso de Mancuso al país ella pueda saber dónde está el cuerpo de su hermano Antonio Niño Briceño. "El único de mis hermanos que me falta por encontrar es Antonio, de los otros dos ya me entregaron los cuerpos pero ese proceso ha sido muy lento, ojalá que cuando él venga se pueda esclarecer y podamos finalizar este duelo".
Aunque el panorama es incierto sobre su llegada al país después de 15 años de extradición en Estados Unidos, Damaris Martínez, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) y quien lleva varios casos de víctimas de la masacre de El Salado ante los tribunales de Justicia y Paz en Bogotá, aseguró que podría seguir en la cárcel: "En febrero de este año una sala de Justicia y Paz de Barranquilla no le concedió la revocatoria de una medida de aseguramiento, lo que implicaría que tal vez cuando llegue al país deba seguir privado de la libertad".
Hasta el momento, en Justicia y Paz se han proferido dos sentencias en su contra, una el 31 de octubre por de 2014, por delitos cometidos en Norte de Santander, y la otra, el 20 de noviembre de ese año, por los hechos cometidos por los cuatro bloques que lideró. Entre ambas sentencias fue juzgado por más de 1.500 crímenes que se ejecutaron bajo su orden.