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Guaviare es el departamento de Colombia donde hay más probabilidades de que una familia tenga un pariente víctima de desaparición forzada. De acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2018, la tasa de desaparición anual en ese departamento fue de alrededor de 63 víctimas por cada 100.000 habitantes, la cifra más alta en el país en proporción a la cantidad de población.
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En Charras, corregimiento de San José del Guaviare, las historias sobre la desaparición de algún familiar por el conflicto armado se encuentran en cada conversación con sus habitantes. Así nos sucedió hablando con Jorge Caballero, Judith Roa o Nataly Cuervo, quienes llevan años buscando a su madre, hermano, hijo y esposo, respectivamente.
En la región es conocido que el destino de muchos pobladores asesinados por paramilitares fueron las fosas comunes cavadas a lo largo de la “trocha ganadera”, una llanura de 106 kilómetros por donde pasa la ruta Charras-Boquerón-San José del Guaviare. Los cálculos de la Fundación Hasta Encontrarlos, que trabaja en la búsqueda de desaparecidos en esta región desde 2013, son que en esa zona puede haber alrededor de sesenta fosas con por lo menos 200 víctimas.
La fase uno es averiguar quién es la persona desaparecida y su familia; la segunda, indagar sobre los hechos de la desaparición forzada; la fase tres es contrastar lo que han hecho las instituciones responsables de la búsqueda. La cuarta es conseguir información del contexto de violencia en esa zona y hablar con más fuentes, como la misma comunidad. La quinta es georreferenciar el paradero de la persona; la sexta es establecer los enfoques en la búsqueda desde lo antropológico, psicosocial, étnico y de género. Y la séptima es construir la metodología de participación con instituciones como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Este prototipo, según Pablo Cala, de la Fundación Hasta Encontrarlos, está hecho con el fin de que los familiares participen de manera activa en todo el proceso de búsqueda. Aunque, aclara, la responsabilidad sigue siendo del Estado. Por eso, entre junio y julio de este año le entregarán el plan de búsqueda y los 53 casos a la UBPD para que asuman las labores de exhumación, identificación y entrega de los cuerpos a los familiares.
Mariana murió sin saber de su hijo
A Judith Roa Capera la conocen en Charras como “Marucha”. Es la hermana de José Martín Roa, un joven de 23 años desaparecido en septiembre de 1997. Al hablar de él son inevitables las lágrimas en sus mejillas. La última vez que tuvo noticias de su hermano fue cuando se despidió de ellos, porque quería buscar trabajo fuera de Guaviare.Fue en 2013 cuando supo que había muerto. La Comisión Humanitaria de Exhumaciones llegó a Charras y le mostraron una fotografía de José. Le dijeron que su cuerpo había sido enterrado como no identificado en una fosa común en el cementerio de La Macarena, en Meta, y que posiblemente lo habían hecho pasar como guerrillero muerto en combate.
Su cuerpo fue exhumado en 2015 y Medicina Legal les tomó muestras de ADN a ella y a su madre, Mariana. Hasta el día de hoy no se ha procesado la muestra, de acuerdo con el seguimiento del caso que ha hecho la Fundación Hasta Encontrarlos. Incluso, se enteraron de que la primer muestra se perdió y les tocó viajar a Villavicencio el año pasado a tomársela de nuevo.
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Desafortunadamente, Mariana murió a sus 67 años, el 21 de octubre de 2019, sin que Medicina Legal le diera razón del cuerpo de su hijo. José todavía permanece en una bóveda en el cementerio de La Macarena. Ella murió con la esperanza de darle una sepultura digna al mayor de sus ocho hijos.
El dolor sikuani
Nataly Díaz Curvelo es una indígena sikuani de 45 años que dejó a su pueblo por la violencia, pero también por el amor de un hombre campesino. Antes de la vida tranquila que tiene ahora en Charras, con él y su hija de 17 años, sufrió varios desplazamientos forzados y la desaparición de su primer esposo e hijo.A su esposo, Guillermo Cruz, se lo llevaron los paramilitares cuando iban viajando hacia Charras, el 12 de enero de 2003. La información que han podido conseguir con el prototipo de plan de búsqueda es que posiblemente fue llevado a una base paramilitar. En el caso de Wilson están activando el proceso judicial para saber qué ocurrió con él.
“Yo quisiera que hicieran lo mismo por mí”
En una mañana de enero, Jorge Caballero, campesino de Charras, sacaba una y otra vez la tierra del suelo con su pala. Trabajó sin cansancio bajo el calor sofocante de Guaviare hasta cavar casi treinta huecos en el cementerio de Charras. Estaba buscando el cuerpo de Zully Camelo Buzato, habitante del pueblo asesinada en una incursión paramilitar el 18 de septiembre de 2001. Ella tenía ocho meses de embarazo.—¿Por qué la buscas?
—Porque yo quisiera que hicieran lo mismo por mí.
Su mamá, Rosalba Romero, también desapareció tras una incursión paramilitar en el pueblo, el 13 de octubre de 2002. Estaba con su marido y un amigo de ambos cuando las balas los sacaron corriendo. A los tres los mataron y los enterraron en cualquier parte, pero solo el cuerpo de Rosalba sigue desaparecido.
“De sus ocho hijos, yo fui el que siempre la acompañó”, recordó Jorge. Se sentía en él la culpa por haberla dejado sola ese día. Él tuvo que abandonar su finca por varios meses.
Junto con la Fundación, Jorge ha hecho dos búsquedas de Rosalba. En una de esas ocasiones, le tocó meterse en un pozo porque les habían dicho que allí estaría el cuerpo de su madre. Mentira. Sin embargo, él no pierda la esperanza de encontrarla. Es la misma esperanza que lo llevó a cavar en el cementerio buscando a Zully.