Uno de los principales desafíos cuando se firma un acuerdo de paz es garantizar el tránsito a la vida civil de los combatientes del grupo armado que se desmoviliza. En Colombia, buena parte de esa responsabilidad está en manos de la Agencia de Reincorporación y Normalización (ARN), entidad que está jalonando una iniciativa para saldar las deudas en este proceso con los firmantes del Acuerdo de Paz con las FARC. Se trata del Sistema Nacional de Reincorporación, cuyo decreto debe ser firmado y anunciado en los próximos días por el presidente Gustavo Petro.
La economista y excomisionada de la Verdad Alejandra Miller, quien dirige la ARN, habló con Colombia+20 sobre los cambios que vienen en la reincorporación de excombatientes tras la creación de ese sistema, que contempla una inversión cercana al medio billón de pesos. También se refirió a los asesinatos de ex-FARC, una de las principales sombras del Acuerdo de Paz. Según dijo, la puesta en marcha de la apuesta de paz total del Gobierno será un factor clave para garantizar la seguridad de esta población.
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¿Qué cambiará en el tránsito a la vida civil de los firmantes de paz con la creación del Sistema Nacional de Reincorporación?
En los siete años de implementación del Acuerdo hemos tenido un acumulado de incumplimientos muy duros en términos de la reincorporación, y una de esas deudas pendientes era precisamente avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Reincorporación que nos permitiera, en el momento en que se está haciendo, agilizar el proceso de reincorporación, y esto quedó efectivamente plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo. En este momento tenemos el decreto ya para las firmas del señor presidente y los ministros. El sistema en general lo que busca es facilitar, agilizar y dar cumplimiento real y efectivo a la reincorporación de los y las firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Y eso implica, por supuesto, ese tránsito a la vida civil en distintos frentes: reincorporación económica, social, política y comunitaria. Todo está amarrado a lo que llamamos el Plan Integral de Reincorporación, nuestra hoja de ruta de trabajo para los próximos años.
Desde 2016 ha habido muchos cambios en la reincorporación de los ex-FARC, entre ellos que la mayoría ya no vive en los antiguos ETCR, que algunos proyectos productivos dieron un giro, etc. ¿Cómo responder a esas dinámicas?
Algo con lo que estamos trabajando es en retomar el espíritu de la reincorporación colectiva que traía el Acuerdo de Paz. Efectivamente, creo que frente a las deudas que teníamos en la reincorporación, pues mucha gente optó por tomar su camino individualmente y yo creo que esto no es que tenga nada de malo, pero sin duda es mucho más complejo. Por ejemplo, en el caso de los proyectos productivos, aquellos que ya tienen algún nivel de sostenibilidad son aquellos donde hay colectivos, donde tienen cooperativas de firmantes. Antes era más sencillo en el sentido en que la gente estaba ubicada en los Espacios de Capacitación y Reincorporación (ETCR), ahora ya hay mucha más dispersión, la gente está en ciudades intermedias, medianas, grandes. En muchos lugares la gente decidió irse, armar sus familias en otros lugares, y necesitamos contar con la disposición, por ejemplo, de alcaldes, gobernadores, en estos distintos territorios, porque tenemos firmantes en todo el país. Este decreto nos obliga a toda la institucionalidad, desde la local, regional, nacional, a concurrir en acciones específicas para garantizar esta reincorporación de los firmantes.
Uno de los retos con esta población ha sido la seguridad. Desde 2016 se han registrado más de 411 asesinatos, de esos, 45 en 2023. ¿Por qué no se ha podido detener esa violencia?
Sin duda ese es el reto más grande que tenemos como gobierno, no solamente en la ARN, sino todas las instancias que debemos garantizar la protección de los y las firmantes del Acuerdo de Paz. Hay un tema de carácter estructural: sabemos que la no implementación del Acuerdo en los territorios permitió que muchos de estos grupos armados, que hoy están en las regiones en una disputa por los territorios han amenazado, han asesinado a muchos firmantes, porque los ven como personas que pueden ser reclutadas, sobre las cuales se ejerce presión para colaboración, entre otras situaciones. Cuando los firmantes se niegan, muchas veces son objetivos militares o son señalados por uno y otro grupo, y quedan ahí en el medio.
Hay un tema estructural al que hay que apostarle y es a la paz total, porque en la medida en que podamos avanzar en la negociación política o en los diálogos sociojurídicos con estos grupos armados que están hoy en los territorios, eso tiene que alivianar las cargas, la paz total debe contribuir a disminuir el homicidio de firmantes y de líderes y lideresas sociales.
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“Ya se han entregado un poco más de 4 mil hectáreas para firmantes del Acuerdo de Paz para que desarrollen en esas tierras productivas”
Alejandra Miller, directora de la Agencia de Reincorporación y Normalización
Voy a saltar al tema de la salud, porque hay una novedad notoria allí. Vimos que ya hubo un desembolso para que el Hospital Militar pueda atender a los firmantes de paz. ¿Cómo es eso?
Aquí quiero darle un crédito muy especial a Gloria Cuartas, la directora de la Unidad de Implementación, porque fue quien lideró realmente esta posibilidad de acompañar y de apoyar con certezas a la población con discapacidad producto de la guerra. Entre los firmantes del Acuerdo de Paz tenemos unas 2.000 personas con este tipo de discapacidad, porque perdieron un ojo, una mano, un pie, muchos tipos de discapacidad producto de la guerra, que no tenían una atención especial o específica frente a sus circunstancias difíciles de discapacidad, porque claro, eso hace que la reincorporación sea mucho más compleja. En este convenio con el Hospital Militar, al cual se le van a destinar $40 mil millones, lo que busca es poder avanzar en temas de cirugías, rehabilitación de prótesis, acompañamiento a las certificaciones de discapacidad que se deben entregar en los distintos territorios. Que lo haga este hospital es simbólicamente muy importante para la construcción de la paz.
El Gobierno tiene varios diálogos de paz. ¿Qué lecciones deja lo que pasó en La Habana con las FARC y cómo se puede lograr un proceso de reincorporación para que no se siga reciclando este conflicto?
Lo primero es que todos los procesos de negociación y paz en el mundo tienen disidencias, lo complejo es que esas disidencias se crecieran, producto precisamente del incumplimiento del Acuerdo de Paz. Al crecerse, eso nos puso hoy nuevamente, siete años después, en unas situaciones que implicaron estas nuevas negociaciones. La Comisión de la Verdad recomendó conversar con todo el mundo, incluido el narcotráfico, porque si no Colombia no va a poder parar este ciclo de violencia, porque sería hacer la paz con un pedacito y dejar el resto vivo. Entonces, primero, que haya disidencias, eso va a pasar. Lo segundo, la garantía de que eso no se crezca, es que se cumpla lo que se acuerda. En la medida en que cumplamos lo acordado efectivamente, ahogamos esas disidencias. Y yo creo que también un Plan de Desarrollo y una propuesta de transformaciones y cambios que necesita este país como la que tiene este gobierno, contribuye a ahogar todos esos procesos de crecimiento de actores armados en los territorios. Le quitamos las garras a la guerra. Si realmente hacemos esos cambios y transformaciones, eso nos va a permitir que avancemos efectivamente en que esta guerra no se repita, no se recicle. Eso es lo que necesita este país para poder tener una paz consolidada, una paz grande, una paz total.
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En una entrevista que tuvimos hace seis meses, usted proponía hacer un salto del enfoque minimalista a uno maximalista, que incluía, entre otros temas, el acceso a tierras ¿Cómo va eso?
Cuando nosotros llegamos, los firmantes no eran sujetos de la Reforma Agraria. En un trabajo articulado con la Agencia Nacional de Tierras se modificó un artículo que impedía que los firmantes pudieran acceder a las tierras, lo cual implicaba una dificultad enorme, porque la mayoría de los proyectos productivos son agropecuarios. Sin tierra, la sostenibilidad económica de estos proyectos siempre la teníamos en una enorme crisis. Además, muchas de estas personas se fueron a la guerra en razón a conflictos agrarios y luego, 60 años después, firmaron un acuerdo de paz en donde el punto uno es la reforma rural integral. Ya se han entregado un poco más de 4 mil hectáreas para firmantes del Acuerdo de Paz para que desarrollen en esas tierras productivas suficientes sus proyectos, sus procesos de reincorporación, su tránsito a la vida civil. Esa es una de las cosas más importantes que hemos logrado.
¿Qué ha pasado con los proyectos productivos y emprendimientos, que fueron pensados como el eje clave de la reincorporación económica?
Al llegar encontramos varios factores que confluían en que estos proyectos realmente tenían una crisis enorme de sostenibilidad. El año pasado desarrollamos una estrategia de sostenibilidad para las iniciativas colectivas, que es como un segundo aire, un segundo impulso que le vamos a dar a estos proyectos que son viables, pero que tienen dificultades en términos de su sostenibilidad económica colectiva. Se entregarán hasta 400 millones de pesos a cada uno de esos proyectos que se postulen.
Un tema que aún no se logra consolidar es la participación política. En las últimas elecciones regionales solo un ex-FARC fue elegido alcalde…
Ese es el sentido de un acuerdo de paz y de negociación, que las personas que participaban en la guerra hoy quieran hacer transformaciones en democracia. Sin embargo, lo lamentable es que cuando llegamos a la ARN el tema de la reincorporación política no existía, no había una sola acción que trabajara alrededor del fortalecimiento de la participación política. Retomamos el año pasado la noción de que los firmantes del acuerdo no son beneficiarios de programas y proyectos, son fundamentalmente actores políticos, por eso dejaron las armas, por eso firmaron un acuerdo de paz, y además construimos una noción de la participación política como un factor de arraigo a la civilidad. Yo insisto mucho: así como la tierra, la familia, la vivienda son factores de arraigo tradicionales en cualquier proceso de tránsito a la vida civil, en el caso de quienes son actores políticos la participación política también lo es. Iniciamos un diplomado con la Universidad Nacional de Colombia para aquellos que iban a ser candidatos en estas elecciones y otros liderazgos sociales, y esperamos seguir fortaleciendo con ese proceso de formación política en liderazgo en lo que es el Estado, en lo que significa la democracia, en herramientas e instrumentos para el ejercicio de ese liderazgo político.
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Los firmantes de paz han hecho un llamado a que el tema de la construcción de vivienda sea más ágil. ¿Qué les responde?
Sin duda. Yo creo que es uno de los de los factores de la reincorporación que tiene más rezagos y más dificultades. Precisamente en el marco del Sistema Nacional, vamos a tener una reunión con Ministerio de Vivienda próximamente, para definir cuáles son los avances. Se ha venido trabajando ya en algunos proyectos, en algunos antecedentes, pero yo sí creo que ha sido insuficiente. Tenemos también el reto de la vivienda urbana, por ejemplo, para las personas que ya no están en los ETCR. En la ruralidad tenemos que definir con mucha más claridad. Tenemos la estrategia, pero creo que sí tenemos que imprimirle más de agilidad al tema de vivienda para poder garantizar que en este periodo y tengamos los avances que no se han tenido realmente. Es cierto que en muchos lugares las personas siguen viviendo en unas condiciones muy precarias, en unos súperboard que se hicieron para seis meses en los cuales llevan ya siete años y en unas condiciones muy difíciles
Los informes trimestrales de la ONU han identificado una dificultad en términos de los roles de cuidado que tienen las mujeres excombatientes. ¿Qué se está haciendo en ese campos?
La reincorporación ha sido difícil, pero para las mujeres y las personas LGBTIQ+, que tienen más obstáculos asociados a una sociedad patriarcal de la cual todos estos escenarios no están exentos. Por ejemplo, después de la firma del Acuerdo de Paz, muchas de las labores del cuidado de los hijos e hijas que nacieron producto de ese Acuerdo de Paz -que hoy suman 7.000 niños y niñas- recae, fundamentalmente, sobre las mujeres. Y eso, aunque es una labor encomiable, por supuesto dificulta la participación de las mujeres en otros escenarios necesarios de la reincorporación: la participación política, la participación económica en sus proyectos productivos. A eso se suma que todas estas mujeres no han estado exentas de procesos de violencias al interior de sus casas, así que nos hemos propuesto diseñar una estrategia que contribuya y que sume a que las mujeres firmantes del acuerdo de paz tengan prioridades en los procesos y en los programas que desarrolla la agencia. En el programa de reincorporación integral tenemos 56 medidas específicas, pero lo más importante no solamente es planear esas medidas, sino también tener presupuesto para que sean efectivas. Este año hemos destinado 8 mil millones en acciones de fortalecimiento, escuelas de liderazgo feminista, escuelas de liderazgo político para las mujeres , y hemos definido en las rutas de acceso a la estrategia de sostenibilidad que aquellos proyectos productivos liderados por mujeres tengan unos puntajes adicionales.
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También hay retos con los firmantes LGBT, que ya se reunieron en un encuentro nacional…
Las personas LGBTIQ+ también han tenido enormes dificultades asociadas a la estigmatización, a las dificultades para poder ser, que es lo que más reclaman. Así que también estamos trabajando con ellas, con ellos, con elles, alrededor de este proceso de fortalecimiento de sus identidades, de sus capacidades, para que esa marginalidad y esa discriminación que viven en todos los escenarios, pero además si eres firmante, mucho más, pues sean realmente obstáculos que podamos superar.
