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Acuerdo de Paz: políticas hacia mujeres y población LGBTIQ+ están en estado grave

El Instituto Kroc lanzó un informe que detalla el estado actual de la implementación de las disposiciones de género que se trazaron luego del fin de la guerra con las FARC. El 52% de los acuerdos de este tipo tienen avances mínimos y los temas de atención rural, como el acceso a tierras, siguen a media marcha para mujeres y población LGBTIQ+.

Redacción Colombia +20
26 de abril de 2023 - 04:02 p. m.
A finales de 2016 se trazó la meta de cumplir con los objetivos de enfoque de género en el Acuerdo de Paz en un plazo máximo de 15 años. Siete años después su implementación tiene graves rezagos.
A finales de 2016 se trazó la meta de cumplir con los objetivos de enfoque de género en el Acuerdo de Paz en un plazo máximo de 15 años. Siete años después su implementación tiene graves rezagos.
Foto: German Moreno

El Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las FARC tiene 130 medidas que incorporan perspectiva de género. Ningún tratado de este tipo en el mundo ha tenido un enfoque tan detallado sobre esta temática. En los seis puntos de lo pactado en La Habana hay directrices y políticas públicas que abordan desde las necesidades apremiantes de la mujer rural hasta su relación con la justicia para reparar décadas de violencias diferenciadas y desproporcionales.

Sin embargo, en los casi siete años que lleva el país en posconflicto uno de los reclamos más escuchados al interior de las comunidades es sacar dichas medidas del papel y convertirlas en hechos concretos y de largo aliento.

La Universidad de Notre Dame -por medio de su Instituto Kroc- lleva un monitoreo sobre el avance de las disposiciones con enfoque de género que dejó el acuerdo firmado en el Teatro Colón. A finales de 2016 se trazó la meta de cumplir con estos objetivos en un plazo máximo de 15 años y lo que muestran los números es que su implementación va a paso de tortuga.

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El Instituto Kroc reportó en su informe “El tiempo se agota para la implementación del enfoque de género” presentado este miércoles desde la Universidad del Cauca, que ha habido un 52% de avances mínimos en estas implementaciones de género, un 18% de implementación intermedia, otro 18% de implementación no iniciada y tan solo un 12% de implementación completa.

Según el documento, los responsables de trabajar en poner en marcha ese pacto “empeñan sus esfuerzos en avanzar con gestiones normativas, formales y procedimentales de implementación con enfoque de género […] y de forma residual atienden los objetivos o el mandato para los cuales se adelantan tales acciones”. Es decir, hay indicadores de gestión, pero no resultados concretos.

A esto se suma que persiste una limitada capacidad de focalización en las ofertas institucionales que se puedan llegar a acercar a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, en particular. A manera de ejemplo dentro de la Reforma Rural Integral (RRI), el Instituto Kroc dice que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) no han tenido perspectiva de género y han quedado a media marcha. Lo mismo ocurre con las demoras hacia algunas poblaciones en la formalización de tierras dentro del Programa Nacional de Sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS).

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La perspectiva de género en los puntos del Acuerdo de Paz

La conclusión de Kroc es que los niveles de implementación del enfoque de género en los puntos cinco (acuerdo sobre víctimas) y seis (implementación y verificación) del Acuerdo de Paz tuvieron fueron los de mejores registros, con un avance total del 45% y 67%, respectivamente para 2022.

El punto uno sobre la Reforma Rural Integral, también tuvo avances, pero no tan acelerados. En este apartado, como se lee en el documento, hubo una “disminución en seis puntos porcentuales en las disposiciones sin iniciar, que pasaron del 21% en noviembre de 2021 a 15% en noviembre de 2022. Lo anterior corresponde a la aprobación de nuevos Planes Nacionales para la RRI”.

Las transformaciones rurales, que no solo involucran al primer punto del acuerdo, sino también al punto cuatro de solución al problema de drogas ilícitas tienen una implementación mínima del 61%, con corte a noviembre de 2022, y el llamado del instituto para este caso va dirigido a que “el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Renovación del Territorio empeñen con urgencia mayores esfuerzos institucionales e inversión financiera para la materialización oportuna del enfoque de género y lo acordado para el campo colombiano”.

Sobre el tema de tierras hay persistencias en las brechas de acceso a predios entre hombres y mujeres. En un balance general durante el posconflicto (desde 2017 hasta 2022), las cifras oficiales de la Agencia Nacional de Tierras muestran que a las mujeres se les han entregado 6.482 hectáreas, mientras que a los hombres 7.161 hectáreas. Esto habla de unos procesos de adjudicación de tierras que siguen a paso lento -a pesar de un impulso notorio en los últimos meses por la oferta y compra de predios entre el Estado y la Federación Nacional de Ganaderos-.

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Con el PNIS pasa algo similar. Con corte a finales de 2022, en Colombia hay registradas 35.902 familias que están inscritas allí y tienen a una mujer como titular. Ese número corresponde al 36% del total de hogares PNIS. La población LGBTIQ+ no hace parte de estos registros, pues su información no fue desagregada a la hora de formular los programas de sustitución. “Desde el inicio del programa los formularios de vinculación de los núcleos familiares no incluyeron opción de identificación de la orientación sexual e identidad de género de las personas titulares y sus familias”, dice el documento.

El Instituto Kroc ya había advertido sobre esta situación limitante en informes pasados y en este documento lo reitera, marcándolo como un elemento que no ha tenido cambios ni voluntad de ajustes.

A la hora de observar los mecanismos democráticos de participación ciudadana, suscritos en el segundo punto del Acuerdo de Paz, hay una situación que resume tangencialmente lo que sucede frente a este tema: no fue tramitada la ley de participación ciudadana y la política pública no incorporó enfoque de género.

La Ley 1757 de 2015, normativa más reciente sobre participación ciudadana, buscaba ser reformada luego del Acuerdo de Paz para darle potencial de impacto a más organizaciones y movimientos sociales que tuvieran amplio espectro de mujeres y personas LGBTIQ+.

Otro punto novedoso tiene que ver con las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP) o curules para las víctimas, que por primera vez fueron evaluadas dentro de los análisis de la Universidad de Notre Dame. En estas 16 curules de paz, tan solo para el 19% de los escaños fueron elegidas mujeres. Lo más rescatable en este caso fue el balance que dejó la organización Sisma Mujer que identificó 14 movimientos de mujeres inscritos para esta participación popular.

Si bien ninguna de las mujeres electas pertenece a alguna de estos colectivos, previo a estas contiendas especiales no se presupuestaba un mapa de candidatas con una variedad de organizaciones de este tipo.

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Las críticas que hizo el Instituto Kroc a este modelo electoral fueron en la solidez de los movimientos de mujeres frente a las certificaciones que podía dar el Consejo Nacional Electoral. De acuerdo con este centro de estudios, “no todas las organizaciones recibieron esta certificación, por lo que no pudieron presentarse, o al menos no como organizaciones de mujeres. Algunas se vieron obligadas a inscribirse como organizaciones sociales mixtas, en las cuales tenían mayores barreras”.

El enfoque de género en las organizaciones

El rol de las mujeres y de la población LGBTIQ+ en general es vital al interior de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, en la búsqueda de verdad y justicia que lidera la Jurisdicción Especial para la Paz y fue esencial en la estructura de las mesas técnicas de la Comisión de la Verdad.

Sin embargo, en otros niveles el panorama no fue tan alentador. Instancias como la Comisión Intersectorial de Garantías no contaron con suficiente asignación presupuestal en el Plan de Acción Nacional 2019-2022, motivo por el cual hubo “una ausencia de una oferta específica para las defensoras de derechos humanos y lideresas diferente a la que las entidades ofertan para la garantía de los derechos de todas las mujeres en el país y hubo baja capacidad de territorialización de la oferta institucional”.

Otro punto tenido en cuenta por Kroc fue el de las disposiciones asociadas a la reincorporación política de mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz. Aquí se llamó la atención por la falta de acciones en materia de paridad, pues entre las personas que se posesionaron en curules del Senado de la República hay apenas dos mujeres (20% del total) y 17 mujeres fueron parte de las listas del Partido Comunes, que equivale al 43% de candidatos.

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Las oportunidades para avanzar en políticas de género son varias y con alcance extenso. Así se plantearon las conclusiones que dejó este informe del Instituto Kroc.

Por un lado, el centro de estudios dijo que hay insuficiencia de medidas afirmativas en varios compromisos de género en el Acuerdo Final, que los principales obstáculos son de carácter político y social, que hay bajos avances de transversalidad del enfoque de género en la implementación del Acuerdo de Paz y que hay ritmos muy lentos en la inclusión de población LGBTIQ+.

Como sugerencias para darle solución a este panorama, le propusieron al presidente Gustavo Petro trabajar más disposiciones de género desde el Capítulo Étnico -con el respaldo de la vicepresidenta Francia Márquez-. También instaron a impulsar el funcionamiento de la Alta Instancia de Género del Gobierno; revisar los indicadores de género del CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final); priorizar los proyectos de género en la agenda legislativa del país; y avanzar de una vez por todas en la comprensión y desarrollo de la vida de las mujeres pertenecientes a pueblos étnicos, con acciones efectivas y abordaje interseccional.

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