ONU dice que crisis en Catatumbo es la peor tras la firma del Acuerdo de Paz

Este miércoles en Nueva York se realizó la presentación del informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU sobre la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

Esta sesión estuvo marcada por varias noticias que han impactado el cumplimiento de ese acuerdo, especialmente la grave crisis humanitaria por la escalada de violencia en Catatumbo y que ha cobrado la vida de al menos cinco firmantes del Acuerdo y que puso en suspenso nuevamente el proceso de paz con el ELN.

Previo a la sesión, el secretario general de la ONU, António Guterres, dijo estar “profundamente preocupado por la violencia en la región del Catatumbo” y condenó los “asesinatos de civiles, incluidos excombatientes que firmaron el Acuerdo Final de Paz de 2016″.

En la sesión participó el canciller, Luis Gilberto Murillo; Diego Tovar, conocido en la guerra como Federico Montes, excombatiente de las antiguas FARC; y Armando Wouriyu Valbuena, secretario general de la Instancia de los Pueblos Étnicos (IEANPE).

Se espera fuerte condena del Consejo de Seguridad sobre estos hechos violentos.

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Siga aquí en vivo la presentación del informe:

El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, también habló sobre la crisis de Catatumbo. “El Gobierno rechaza sin ambigüedades los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados por el ELN y el frente 33 de la disidencia conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente”, afirmó.

Además, dijo que los asesinatos a población civil y a los firmantes de paz “son inaceptables”. Y agregó que el Gobierno “no descansará” hasta llevar a la justicia a los responsables de los crímenes de Catatumbo.

El canciller Murillo también pidió al Consejo de Seguridad que acompañe a Colombia en su aspiración de hacer parte del Consejo de Seguridad para el periodo 2026-2027. “Colombia pone al servicio de la comunidad internacional su experiencia y su servicio con la reconciliación. Nuestro país es prueba de que a pesar de las heridas, a pesar de los obstáculos, la humanidad puede redimir”, dijo.

Al finalizar su intervención, dijo que ya no sería parte del Gobierno de Petro, algo que ya había anunciado el pasado lunes. Su reemplazo será Laura Sarabia.

Varios delegados de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU pidieron durante la sesión trimestral sobre el Acuerdo de Paz que se avance con más celeridad en el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Los representantes de Panamá, Reino Unido, Rusia y Eslovenia condenaron los asesinatos de firmantes de paz, el aumento de reclutamiento y la lentitud en la toma de decisiones sobre las sanciones propias, una de las sanciones que debe dar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para los comparecientes.

“Condenamos los recientes ataques del ELN a Catatumbo y estamos en alarma por el desplazamiento en masa en varias zonas de Colombia”, dijo la representante de Dinamarca.

La intervención por parte de la sociedad civil la realizó Armando Wouriyu Valbuena, secretario general de la Instancia de los Pueblos Étnicos (IEANPE).

“La Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CSIVI) es un escenario inactivo con el potencial de reunir allí a los representantes del Estado colombiano, los firmantes de paz de las extintas FARC, la comunidad internacional, la Instancia de Género y la Instancia de los Pueblos Étnicos -IEANPE-. También es importante que la Instancia de los Pueblos Étnicos -IEANPE- sea reconocida como interlocutora nacional por los diversos actores de la implementación para las tareas de articulación; y apoyada en su fortalecimiento para cumplir con sus funciones. Actualmente, los recursos con que contamos no son suficientes para nuestras responsabilidades”, dijo Wouriyu.

El secretario de la IEANPE también se refirió a la crisis en el Catatumbo. “Mientras intervengo ante ustedes en la Zona del Catatumbo, mis hermanos del Pueblo Barí sufren unos desplazamientos y otros confinamientos. Estos últimos, sin embargo, han acogido en sus territorios familias campesinas. Ya empiezan a tener problemas de abastecimiento”, dijo.

Y agregó: “La situación de afectación por el conflicto armado es altamente preocupante para Pueblos y comunidades étnicas. Demandamos que desde la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se revise la problemática, incluyendo el fortalecimiento a los mecanismos colectivos de autoprotección como se contempla en el Acuerdo”.

Diego Tovar, conocido en la guerra como Federico Montes, excombatiente de las antiguas FARC, participó en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. En su intervención dijo que su mensaje central para esa presentación había cambiado dado los más recientes acontecimientos de Catatumbo que han dejado 80 personas muertas, entre ellas seis firmantes de paz.

“Hemos cambiado el orden de nuestra intervención a raíz de los graves y recientes acontecimientos de violencia en Colombia. Como lo detalla el Representante Especial del Secretario General en tan solo los últimos seis días han sido asesinadas en la región del Catatumbo más de 80 personas, un centenar fueron secuestradas y más de 30.000 han sido desplazadas esta violencia amenaza con extenderse a otras regiones es la crisis humanitaria más grande que sufrimos en Colombia desde que firmamos el Acuerdo de Paz”, dijo Tovar.

Y agregó: “Queremos abrazar al Catatumbo y dedicar estas palabras y esta sesión hoy en homenaje a las personas que han sido desplazadas siguen siendo las comunidades y pueblos étnicos las mujeres comunidades campesinas y los firmantes del Acuerdo de Paz los más afectados por la reconfiguración de los actores armados todos ellos en diálogo con el Gobierno Nacional la impunidad sigue altísima en cuanto a los asesinatos destinatarios y llega al 90% según las Naciones Unidas

Aseguró que este tipo de hechos violentos atentan contra la implementación del Acuerdo de Paz y contra la reincorporación. “La impunidad sigue altísima en cuanto a los asesinatos destinatarios y llega al 90% según las Naciones Unidas”. Además, dio algunos datos sobre lo que llamo “precariedades” del cumplimiento del pacto de 2016. “Tras ocho años, el proceso de reincorporación sigue precario, el 80 % de los signatarios se desplazaron de los espacios territoriales, el 66 % están desempleados y hace dos meses el presupuesto para la reincorporación está suspendido”, dijo.

Así mismo se refirió al plan de choque que el Gobierno del presidente Petro presentó de la mano del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y dijo que en tres meses, al menos el tema de la reforma rural integral “aún no se ha materializado a nivel local y la implementación en varias regiones es un obstáculo para mostrar resultados”, afirmó.

En diálogo con Colombia+20, Tovar dijo el martes que se reunió con varios representantes y delegados de los 15 países que conforman el Consejo de Seguridad (cinco permanentes y diez no permanentes) para discutir temas relacionados con el informe de la Misión, pero también con lo que está ocurriendo en Catatumbo.

“Nosotros hemos ido desarrollando la agenda de relacionamiento con cada uno de los integrantes del Consejo de Seguridad y con otras misiones diplomáticas interesadas en conocer un poco más en detalle lo que está aconteciendo en Colombia. El punto de partida es el informe que elabora el Secretario General, a través de soluciones que se van a dar en el marco del Consejo de Seguridad, pero también las realidades y situaciones que se están viviendo en Colombia que han cobrado vital importancia también el caso del Catatumbo”, explicó.

El primero en hablar fue Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la Misión de Verificación de la ONU. Ruiz volvió a hacer referencia a la decisión del presidente Gustavo Petro de suspender el proceso de paz con el ELN por los cruentos ataques en Catatumbo. Además, también condenó los asesinatos a la población civil, líderes sociales y firmantes del Acuerdo de Paz.

Además, habló sobre el capítulo étnico, y dijo que las comunidades indígenas Barí y Yucpa también han sido víctimas de los ataques en esa región de Norte de Santander. “Es urgente, señor presidente, que se avance en la implementación del capítulo étnico”, dijo Ruiz.

Sobre el tema de los avances de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el representante dijo que se han alcanzado varios hitos como las imputaciones a 158 individuos considerados responsables por graves crímenes en el conflicto armado. Sin embargo, dijo, “No deja de ser preocupante los constantes desacuerdos entre la JEP y los excombatientes de las extintas FARC y comparecientes en cuanto los alcances y procedimientos por las primeras sanciones que deberían poner en la centralidad los derechos de las víctimas y garantizar la seguridad jurídica. La Misión de Verificación continuará ofreciendo los buenos oficios para este fin (...) Es urgente una coordinación efectiva de Gobierno y JEP”, aseguró.

¿Qué dice el informe de la Misión de la ONU?

El documento, que abarca el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 26 de diciembre de 2024, muestra algunos de los avances y retrocesos que tuvo el cumplimiento de ese pacto. El informe hace referencia a las sanciones propias, uno de los tres tipos de sanciones que puede imponer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) -las otras dos son las penas alternativas y las ordinarias-, y son impuestas a quienes reconozcan de forma exhaustiva su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado.

e acuerdo con el informe del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, “para cumplir su papel histórico, la Jurisdicción Especial tendrá que demostrar una flexibilidad continua y la voluntad de lograr un equilibrio (...) para garantizar que la justicia transicional contribuya efectivamente a la paz a largo plazo”.

El informe, que se presentará el próximo 22 de enero ante el Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, también dice que ahora que cuatro casos de la Jurisdicción Especial han llegado a la etapa de juicio, “es cada vez más urgente que el Gobierno tome todas las medidas necesarias para establecer las condiciones para la implementación de sanciones propias”.

Además, pide tanto al Gobierno como a la JEP “que procedan con la mayor celeridad posible y de manera colaborativa, de conformidad con sus respectivas responsabilidades y mandatos”.

El documento, dice que es fundamental “la provisión de seguridad jurídica a los comparecientes” al igual que lograr “los objetivos fundamentales de impartir justicia y contribuir a la consolidación de la paz se cumplan con celeridad en beneficio de las víctimas que esperan pasar página tras décadas de sufrimiento”.

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