Más de 5.000 uniformados llegarán a atender crisis en Catatumbo

Personas desplazadas por la violencia en la región del Catatumbo se movilizan en una caravana de carros y motos con banderas y globos blancos, buscando llegar este domingo a Cúcuta (Colombia). La ciudad de Cúcuta, limítrofe con Venezuela, se ha convertido en un símbolo del sufrimiento humano causado por el conflicto armado en la región del Catatumbo y es el lugar donde en los últimos días han llegado centenares de personas huyendo de la violencia desatada entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las FARC. EFE/ Mario Caicedo

Foto: EFE - Mario Caicedo

El Catatumbo enfrenta una de las más grandes crisis humanitarias a raíz de la seguidilla de ataques del ELN contra líderes sociales, firmantes de paz y población civil. Desde hace seis días, cuando se registró la masacre de tres miembros de una misma familia, no han parado los asesinatos y la cantidad de familias desplazadas es cada vez más grande.

Los actos violentos han provocado todo tipo de respuestas, desde la suspensión del proceso de diálogo con esa guerrilla luego de que el presidente Gustavo Petro señalara los hechos como “crímenes de guerra”, hasta cientos de catatumberos marchando con bombas y camisas blancas.

Las imágenes de camiones llenos de gente abandonando sus territorios y los albergues colapsados en Cúcuta también han sido claves para entender el drama que están viviendo las comunidades. A eso se le suman los constantes llamados de auxilio para que las entidades del Estado gestionen ayudas humanitarias en medio de la emergencia.

El presidente Gustavo Petro declaró este lunes el estado de conmoción interior y la emergencia económica para poder atender a crisis humanitaria en la región.

Siga aquí el minuto a minuto de cómo avanza la crisis humanitaria en Catatumbo:

Iván Velásquez, ministro de Defensa, señaló que es fundamental garantizar que las comunidades desplazadas puedan regresar a su lugar de origen, así como es responsabilidad de las Fuerzas Militares garantizar las condiciones necesarias.

Rodrigo Londoño, mejor conocido como Timochenko, reportó este martes el asesinato de otro firmante de paz del Acuerdo de 2016.

Según Londoño, la víctima fue identificada como Pedro Nel Angarita y sería uno de los trabajadores encargados de la limpieza en el municipio de Teorama.

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Con este caso sube a cinco el número de firmantes de paz asesinados durante la escalada violenta de esta semana. Sin embargo, se dice el el número podría ser mayor, ya que algunos cuerpos no se han podido identificar.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, y la directora para la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, llegaron hasta Tibú y Ocaña para atender a los desplazados por el conflicto.

En las zonas afectadas se entregarán ayudas humanitarias y se supervisará las condiciones de los albergues para avanzar en el plan de acción humanitario.

Según el ente de control, más de 46.000 niños están en situación de descolarización al no poder llegar a sus lugares de estudio por el riesgo que se genera en medio de las confrontaciones armadas.

La delegación de Gobierno en la mesa con el Estado Mayor de los Bloques y Frente confirmó a Colombia+20 que las partes entran en sesión permanente para atender la crisis humanitaria en Catatumbo.

La medida se da para coordinar instancias nacionales e internacionales para abordar asuntos humanitarios que protejan a la sociedad civil y a los miembros del EMBF que están en la mesa de diálogos.

En un comunicado enviado por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la ONU condenó las graves infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario que se están perpetrando por grupos armados en el Catatumbo.

“La Oficina verificó, entre los homicidios reportados hasta la fecha, el homicidio de dos personas defensoras de derechos humanos, los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, así como múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta”, alertó la ONU.

El gobernador William Villamizar indicó que la decisión se toma para priorizar recursos para atender a los cerca de 20.000 desplazados.

“Hemos decretado la emergencia social y económica para poder, a través de acciones urgentes, continuar la atención de las víctimas y desplazados que se encuentran en Tibú, Ocaña y también en Cúcuta. Son acciones que permiten mover el presupuesto para poder adquirir alimentos, medicinas, colchonetas, ventiladores, ropa y todo lo que necesita la comunidad”, dijo el gobernador William Villamizar.

La medida se venía analizando desde el viernes, cuando hubo un consejo de seguridad en Tibú, Norte de Santander. El mandatario dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X. En la publicación, dijo que “la revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia” y agregó que “es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida”. “Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero del poder judicial su apoyo“, indicó. La semana pasada, el jefe de Estado había anunciado la suspensión de los diálogos con el grupo guerrillero tras declarar que no tenían “voluntad de paz”.

El ministro de relaciones exteriores, Luis Gilberto Murillo, señaló que un tema clave a tratar durante el Consejo de Seguridad de la ONU serán los recientes actos violentos por parte del ELN en el Catatumbo y los crímenes de guerra que han cometido. “Denunciamos los actos inaceptables del ELN en Catatumbo y los crímenes de guerra que se cometieron. Hablamos sobre las salidas a esta situación”, explicó Murillo, quien además aseguró que el Secretario General de ONU, Antonio Gutérres, envió un mensaje importante en el que señala que “aun en medio de las dificultades, no cerremos la puerta de la paz. Por eso insistimos en que debe haber un cambio de actitud sustancial del ELN”, dijo el canciller.

A través de una carta abierta, más de 130 organizaciones y asociaciones campesinas le pidieron al ELN y la disidencia Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) cumplir con los mínimos humanitarios para salvaguardar la vida de las comunidades. “La crisis humanitaria generada en los últimos días nos obliga a exigirles la aplicación irrestricta del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual es imperativo para garantizar la vida y la integridad de la población civil. Rechazamos de forma contundente todos los ataques o amenazas en contra de quienes ejercemos liderazgo social, personas defensoras de derechos humanos, firmantes de paz y población no combatiente”, se lee en el comunicado.

Líderes de la región le dijeron recientemente a Colombia+20 que el ELN los declaró objetivo militar, por lo que varios han tenido que abandonar el territorio a raíz de constantes amenazas. Es el caso de Carmito Abril, un reconocido líder campesino que tuvo que ser evacuado en un helicóptero de la fuerza pública luego de que ese grupo armado lo buscara en su casa por lo menos en cuatro ocasiones con la intención de asesinarlo. Los firmantes de paz también han sido atacados constantemente, incluso, en un reciente comunicado, el ELN admitió que ha asesinado a miembros de esta población.

Con bombas, camisetas y banderas blancas, cientos de personas en el corregimiento La Gabarra salieron a marchar para pedir que llegue la paz al Catatumbo. Durante el recorrido, las comunidades gritaban consignas para que se frene la guerra en su territorio. “Catatumbo pide la paz”, “La Gabarra pide la paz”, se les escucha en los videos difundidos en redes sociales. Algunas comunidades quedaron confinadas en los corregimientos a raíz del bloqueo de vías por parte del ELN, además aseguran que no hay garantías para movilizarse hasta Tibú o Cúcuta, donde se han habilitado albergues.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta el lunes 20 de enero, el número de asesinatos, casos de desplazamiento forzado y secuestros va en aumento.

Dentro de los municipios más afectados por la situación están Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Hacarí, Ábrego y San Calixto. Los líderes en la región han denunciado que el ELN ha ido casa por casa y finca por finca con el objetivo de asesinar tanto firmantes como líderes. La defensora del pueblo, Iris Marín, señaló que solo en cuatro días se han reportado 11.000 personas desplazadas, pero el número podría ser mayor. De ese total, 2.178 familias han llegado desde Ocaña a albergues habilitados en cabeceras municipales; 5.065 personas han llegado hasta Cúcuta y 2.500 personas han llegado al casco urbano de Tibú.

A eso se le suma el confinamiento en varios municipios, así como en la comunidad indígena Barí y el riesgo de desplazamiento del pueblo Yucpa. La defensora agregó que hasta el momento se han registrado por lo menos 60 asesinatos en Convención, Ábrego, Teorama, El Tarra, Hacarí y Tibú; 7 asesinatos han sido de firmantes de paz y un líder de la Asociación por la Unidad Campesina de Catatumbo.

El gobernador de Norte de Santander dijo que los asesinatos podrían ascender a más de 80 personas. Mientras que la Defensoría advierte que el número de desplazados podría llegar hasta 15.000.

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