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La advertencia de Donald Trump de que Estados Unidos podría atacar “a cualquier país que produzca o trafique drogas” volvió a tensionar la ya difícil relación bilateral con Colombia, a comienzos de la semana. Días después, desde Doha (Catar), el Gobierno colombiano cerró el segundo ciclo de diálogos con el Clan del Golfo y anunció la creación de tres Zonas de Ubicación Temporal en Chocó y Córdoba, un paso con el que busca acelerar ese proceso con la mayor estructura criminal de Colombia.
Los hechos parecieran no estar relacionados, pero su entramado revela el clima en el que se mueve hoy la política de paz: Colombia trata de construir mecanismos de desescalamiento mientras Washington endurece su retórica militar contra casi todos los grupos en negociación con el presidente Gustavo Petro —disidencias, Clan del Golfo y ELN, aunque este último está en pausa— dentro de su declarada guerra contra las drogas. Todas esas estructuras con calificadas por EE. UU. como organizaciones terroristas.
En resumen, aquí se intenta sostener una agenda de paz simultánea y allá se evalúa si esos mismos negociadores son blancos legítimos dentro de la estrategia antinarcotráfico de Trump que privilegia el uso de la fuerza —y se salta el importante asunto de la soberanía— con la propuesta de una intervención no solo aérea, sino terrestre.
“Esto tiene tres niveles de lectura. Hay un nivel geopolítico, que está asociado a la coyuntura política en América Latina. Estados Unidos cree que hay un giro hacia el centro y hacia la derecha, que hay un momento político en la región en el que puede recuperar ciertas cosas. El segundo es el factor Venezuela. Lo que está en discusión básicamente es una negociación muy pragmática en términos de cómo acelerar una transición del régimen y de cierta manera garantizar un escenario de mayor estabilidad en esta región de América y lo tercero un juego de poder y una promesa con sus votantes”, explica Gerson Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz.
La advertencia de Trump parece ser por ahora más una retórica política que un riesgo real para Colombia, pero instala una sombra sobre cualquier intento de avance de negociación. “No descartaría del todo una acción militar directa, aunque no creo que sea un ataque a un país, sino una amenaza concreta a los grupos armados”, dice Arias.
El silencio de Washington con la paz total
Los choques entre los presidentes Petro y Trump con constantes llamados a sus embajadores e indirectas en redes sociales evidencian que no existe el respaldo diplomático que en otros momentos ayudó a los procesos de paz.
Cuando se dio el Acuerdo de Paz de 2016 e incluso en el de Ralito, tanto los gobiernos de los expresidentes Juan Manuel Santos como Álvaro Uribe tenían interlocución constante con la Casa Blanca sobre los avances, implicaciones y acuerdos del proceso. A su ritmo, el Gobierno Petro lo ha hecho —con la salvedad de que John McNamara es el encargado de negocios de Estados Unidos en Colombia y desde hace al menos tres años y medio no hay embajador de ese país—.
“El Gobierno colombiano está hablando con Estados Unidos, pero Estados Unidos no está respondiendo. Esa interlocución no existe hoy y esa ausencia tiene un efecto fuerte. En el proceso de Santos, incluso cuando había desacuerdos, Washington pedía información, hacía observaciones, enviaba mensajes. Había una presencia. Ahora no hay un sí, no hay un no; hay un silencio”, explica Arias.
Fuentes cercanas a varios procesos confirman que ese silencio es sinónimo de la desconfianza de la Casa Blanca en las mesas de negociación. Episodios como el de los computadores del jefe disidente Calarcá Córdoba, que relacionan al grupo con un general del Ejército y un funcionario de la Dirección de inteligencia, incrementan esas suspicacias.
Para Arias, esa asimetría es el corazón del problema. No es que Estados Unidos esté bloqueando las mesas; es que no acompaña al Gobierno colombiano en un momento en el que la soledad estratégica puede convertirse en un riesgo.
Además, Petro llega a esta coyuntura con una desventaja acumulada. El país fue descertificado por el Gobierno estadounidense en la lucha contra las drogas —algo que no pasaba desde 1996—, y lo fue en un momento en el que los cultivos de coca volvieron a crecer. Es un hecho que recorta drásticamente el margen político del Gobierno Petro y refuerza la advertencia de Trump: mientras la coca crezca, cualquier argumento colombiano pierde peso.
Esa exigencia se cruza de frente con la lógica de las mesas de paz, que requieren acciones de desescalamiento que no producen impactos inmediatos en las cifras de narcotráfico. Y, encima, el tiempo también se agota. El siguiente trimestre el país entrará de lleno en la campaña electoral y el Gobierno Petro se irá en agosto.
Ni qué decir del tema de las extradiciones, que se ha convertido en otro punto de disputa. “A varios les ha frenado la extradición y eso es algo que Estados Unidos per se no entiende, porque no sabe por qué se están dando esas dádivas”, dice las fuentes.
A ese vacío se suma la dimensión geopolítica. Venezuela aparece como una pieza central en la interpretación de las palabras de Trump. Según una fuente que conoce las discusiones en Washington, el mensaje del presidente estadounidense también apunta a acelerar una transición política en Caracas y limitar la presencia de actores como Rusia y China en la región. “Hay una vecina que viene a decir: evitemos los problemas y más bien concentrémonos en una transición rápida para frenar el espacio que tienen otros países”, resume.
Esto pone a Colombia en un terreno resbaladizo. Si se llegara a reactivar la negociación con el ELN —una guerrilla binacional a la que esta semana el presidente Petro le volvió a insistir que vuelva a la mesa—, se necesitaría coordinación con Caracas. Las disidencias también mantienen corredores en la frontera, y el Clan del Golfo opera rutas hacia el Caribe, donde Estados Unidos afirma que se han consolidado nuevas estructuras de exportación de cocaína.
Colombia llega a este punto con una relación bilateral debilitada, una descertificación reciente y cifras de cultivos en aumento que limitan cualquier margen de maniobra. En paralelo, Estados Unidos mantiene una postura centrada en resultados inmediatos. Y en ese frágil equilibrio, se le acaba al tiempo a la política de paz total.
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