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Esta semana un grupo de campesinos despojados de sus tierras por el conflicto armado fueron burlados. Trabajadores del bien impidieron el ingreso, afirmando no haber sido informados de la diligencia de entrega material de los predios, ordenada por una sentencia de un juez de tierras hace más de 20 meses. "Exigimos una restitución material. No más sentencias de restitución de tierras para enmarcar", dijo indignada Paula Villa, la directora del área de tierras de la Comisión Colombiana de Juristas, que acompaña el caso.
Se trata de un caso emblemático de despojo de tierras en el municipio de Zona Bananera (Magdalena), a dos horas de Santa Marta, donde la tierra ha sido cultivada desde hace más de cien años por grandes hacendados o empresas nacionales e internacionales.
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Las Franciscas son varias fincas ubicadas en el corazón de este municipio que después de más de 15 años del último desplazamiento iban a ser entregadas por el Juzgado de Restitución de Tierras de Santa Marta, el pasado 17 de septiembre, a 48 familias campesinas que han luchado por la propiedad de esas tierras desde el año 1987. En su mayoría son familias encabezadas por personas mayores de 70 años.
Entrega que hacía parte del proceso de reparación de una comunidad campesina a quien los grupos paramilitares del bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) le habían asesinado a cinco de sus líderes y la habían despojado de sus tierras, después de obligarla a desplazarse en dos ocasiones (entre los años 1988 y 2004).
Entre los años 2001 y 2005, los paramilitares a cargo de José Gregorio Mangonez Lugo asesinaron a Miguel Teherán, Gustavo Teherán, Jorge Teherán, José Kelsy y Abel Bolaños, integrantes de la organización campesina que lideraba la lucha por la titulación de Las Franciscas. Tras esto, los parceleros y las parceleras de esas fincas, sobrevivientes de la violencia paramilitar, fueron forzados a firmar papeles en blanco, a través de los cuales se legalizó el despojo.
El 28 de enero de 2018, la Asociación de Usuarios Campesinos Retornados de Las Franciscas (Aucrefran) logró la restitución jurídica definitiva de esas fincas a las familias campesinas cuando el Tribunal de Restitución de Tierras de Cartagena demostró que la empresa que explotaba esas tierras (Eufemia S.A, filial de la Dole Food Corporation) no era un “segundo ocupante de buena fe” de las mismas sino que se aprovecharon del desplazamiento y despojo violento.
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La entrega que no fue
Después de esperar 16 años y 5 meses la restitución material de “Las Franciscas”, Calixto Miranda (presidente de Aucrefan) cuenta que él y los demás integrantes de la Asociación llevaban cerca de 12 días preparando todo para la celebración de la entrega de las tierras.
La mañana del martes 17 de septiembre empezó con el sacrificio de un novillo para la celebración posterior a la restitución material de los predios. Llegaron varios asociados de Aucrefran provenientes de municipios lejanos y aledaños, quienes gozaban de un reencuentro amistoso y tenían la ansiedad de caminar hasta Las Franciscas. Con música vallenata a todo volumen en sus dispositivos móviles, aguantando un sol que calentaba hasta los 38 grados, llegaron a las fincas donde ya hacía presencia la fuerza pública (Policía y Ejército), la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), el Consejo Noruego de Refugiados (CNR), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Centro Nacional de Memoria Historia (CNMH).
Pero cuando llegaron al portón de Las Franciscas encontraron una cadena puesta con un candado mediano. A través de las rejas se veían las caras expectantes de los “corteros” de banano, que a esa hora de la mañana habían empezado sus labores. El juez encargado de entregar formalmente los predios, Juan Guillermo Díaz Ruíz, bajó de su camioneta y dialogó con el empleado de la empresa Franciscas S.A.S. que está a cargo de la producción de banano en esas fincas.
Después de este primer acercamiento llegaron dos funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), quienes dijeron que para entrar a las fincas debían usarse botas de caucho. A pesar de que esto desconcertó a los campesinos, ellos se pusieron a buscar las botas para entrar. Luego de que los campesinos y las instituciones y organizaciones acompañantes del proceso judicial escucharan los argumentos del empleado de la empresa bananera, el juez se subió al carro que lo transportaba y sin decir nada se retiró con parte de la Fuerza Pública presente. El grupo de policías que se quedó en el lugar preguntaba por el destino del juez, mientras que un ingeniero del ICA invitaba a los campesinos a una charla sobre bioseguridad en la vereda más cercana (Iberia).
Después de la charla con el funcionario del ICA, el juez regresó a Las Franciscas con los funcionarios de la URT, la CCJ, el CNR y cuatro delegados de Aucrefran para intentar entrar a las parcelas de manera pacífica. Sin embargo, cuando llegaron se encontraron con el abogado de la empresa bananera quien no cooperó con la diligencia. Sin la presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) para realizar el desalojo, y con el argumento del riesgo biológico que representa la entrada a los cultivos de banano de tantas personas con calzado sin certificar que esté libre del hongo que estos días está azotando los cultivos de La Guajira, el juez decidió aplazar la diligencia de entrega material de los predios para noviembre, pese haber dicho unos minutos antes frente a las 48 familias campesinas que se iba a realizar por la vía del diálogo o de la fuerza ese mismo día o el siguiente.
Para Manuel Calixto Miranda, presidente de Aucrefran, este escenario se venía venir. No era la primera vez que una empresa filial de la multinacional Dole Food Corporation se oponía o dilataba el proceso de restitución de tierras de Las Franciscas. Luego de la sentencia del 28 de enero de 2018 la empresa ha interpuesto más de 25 recursos para impedir su cumplimiento.
Por ejemplo, en los últimos meses los trabajadores de Franciscas S.A.S. recusaron la decisión judicial de restitución de las tierras a los campesinos argumentando que se les iba a vulnerar el derecho al trabajo: con campesinos en los predios, ya no era necesaria la contratación de mano de obra para trabajar en los cultivos de banano. Reclamo que la judicatura desestimó por considerar que los derechos conquistados por las 49 familias campesinas primaban sobre los contratistas de la empresa bananera.
Sin el juez y con la entrega material de las tierras aplazadas por dos meses más, los campesinos se reunieron en la vereda Iberia. Allí plantearon todos los posibles motivos y las posibles irregularidades que llevaron a que la diligencia judicial no terminara en una restitución definitiva de sus tierras. Hubo muchas voces de indignación, rabia, impotencia y tristeza por lo sucedido.
Un hombre robusto y de pelo cano pidió la palabra y empezó a hablar de manera pausada. Luego pidió disculpas entre sollozos por no poder contener sus sentimientos de rabia e impotencia que le causaron estos últimos acontecimientos.“Hoy no vamos a celebrar la deshonra”, sentenció Manuel Calixto.
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Después de ese momento de catarsis, decidieron que la lucha por la recuperación de sus tierras continuaría. Que haciendo uso de las vías legales exigirían al Estado colombiano completa claridad en el procedimiento de la próxima diligencia de entrega material de Las Franciscas. Contrario a lo que piensan muchas personas en la región, los campesinos y las campesinas de Acrefran creen que es posible recuperar sus tierras y ganarle la lucha legal a la multinacional Dole.