Cuando los disparos anunciaban la tragedia, Francy Liliana Pequi midió el tamaño de un lavadero con su cuerpo. Si ella cabía, su abuela Carmelina Yule Paví también. Ese sería el escondite. Corrió a buscarla, a salvarle la vida, pero no llegó a tiempo. Los gritos de su hermano le cerraron el paso: “¡Mataron a mi abuela!"
El crimen ocurrió el 16 de marzo de 2024 a solo cinco minutos de la casa de la lideresa del pueblo Nasa, en la vereda La Bodega, en Toribío (Cauca). Le dispararon delante de su esposo. Carmelina, mayora y defensora de derechos humanos de 52 años, había salido junto a un grupo de la guardia indígena, de la que también hacía parte, para intentar recuperar a un joven que había sido reclutado a la fuerza por el Estado Mayor Central (EMC), la disidencia comandada por Iván Mordisco, que para entonces estaba en un proceso de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.
“Estábamos teniendo que afrontar asesinatos de comuneros y un reclutamiento muy fuerte de menores de edad por parte de los grupos armados. Eso había hecho que como autoridades y como representantes de la organización indígena estuviéramos muy alerta para poder atender esta situación. Ese día, cuando llegó la voz de alerta, las autoridades y la guardia salieron a buscar al niño”, recuerda hoy en entrevista con Colombia+20 la comunera Nancy Bravo, quien para entonces estaba en la coordinación del proyecto Nasa.
Los indígenas detuvieron el vehículo de la disidencia donde creían que llevaban al niño secuestrado. No estaba ahí, pero sabían que los armados lo tenían. Les exigieron que lo entregaran. La respuesta fue la violencia. En un territorio donde el reclutamiento forzado no es un hecho aislado —entre enero y agosto de 2024 se registraron 190 casos en el Cauca, según la Defensoría del Pueblo— hacerle frente a los grupos armados tiene un precio.
“Algunas personas informaron la intención del grupo armado de atacar la comitiva”, cuenta Bravo. El grupo hizo lo que la población temía. Llegaron más hombres a Toribío, rodearon a los pobladores y empezaron a disparar. “Lastimosamente, una de esas balas alcanzó a la compañera Carmelina, quedó muy grave. Era madre de varias personas muy activas en el proceso organizativo, sobre todo mujeres, pero también una constructora de comunidad (...) Afortunadamente el niño más adelante fue recuperado, pero nos queda el gran dolor por la pérdida de doña Carmelina”, dice la comunera.
Como una metáfora del desconcierto que había dejado la partida de la lideresa —para los Nasa, un faro que iluminaba a la comunidad con sus saberes ancestrales— la noche se instaló densa sobre la vereda. “Para nosotros se convertía en una situación compleja con el tema de la oscuridad. Hubo mucha confusión. Sabíamos que no nos estábamos enfrentando a cualquier grupo armado. Lo que habían hecho era la afrenta hacia las autoridades y el irrespeto hacia el territorio”, dice Bravo y enseguida añade que un golpe así no solo los afecta moralmente, sino como organización.
Carmelina murió el 17 de marzo en el Hospital Universitario Fundación Valle de Lili, en Cali, al que había sido trasladada. Su muerte sacudió a la comunidad; puso en la palestra pública el tema de violencia sistemática contra el pueblo Nasa; llevó a que el presidente Petro suspendiera el cese al fuego con la estructura armada al mando de Mordisco y provocó la primera ruptura en una disidencia que derivó en el nacimiento de un nuevo grupo, el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), que sigue en una negociación de paz con Petro en una mesa con avances, pero que hoy atraviesa un momento de tensión.
No había voluntad de paz en la mesa
Cuando la caravana fúnebre de Carmelina pasaba por el sector La Despensa, el frente Dagoberto Ramos de la disidencia de Mordisco mostró todo lo que implica la palabra “sevicia”: la estructura armada volvió a disparar ráfagas de fusil contra el féretro.
El ataque confirmó lo que ya se sabía: no existían condiciones para sostener la mesa de negociación. Los hechos de violencia ocurrieron apenas un día antes del inicio de una reunión en el Cauca entre la delegación del Gobierno y la disidencia de Mordisco, un encuentro en el que, precisamente, se buscaba acelerar acuerdos para disminuir la violencia en esa región. Era una paradoja.
La comunidad Nasa respondió con claridad. Necesitaban que se suspendiera el cese bilateral con el Estado Mayor Central. “Realmente le dijimos al Gobierno que no había condiciones para que continuaran los diálogos si eso era lo que estaba sucediendo en los territorios. Hicimos un comunicado dirigido al presidente donde manifestamos nuestra inconformidad, nuestro dolor y le dijimos que cuando hay disposición de diálogo, esa disposición debe estar reflejada en las acciones. Y aquí no había acciones que mostraran esa voluntad de querer la paz”, recuerda Bravo.
El pueblo indígena recibió lo que pedía. El presidente Petro levantó el cese al fuego con el EMC en tres departamentos —Cauca, Nariño y Valle del Cauca— y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmó el decreto que ordenaba reanudar las operaciones militares y policiales a partir de la medianoche del 20 de marzo de 2024.
En contexto: Así nació el grupo que se separó de Mordisco y que ahora negocia la paz con Petro
Pero el golpe más profundo a esa estructura no vino del Estado sino de adentro. La discusión sobre si continuar o abandonar el proceso ante la decisión de levantar el cese al fuego fracturó al grupo: Mordisco quería levantar la mesa; Calarcá Córdoba, quedarse. Desde entonces hubo dos disidencias que hoy se enfrentan. El Estado Mayor Central, que se fue del proceso, y el Estado Mayor de Bloques y Frente, la estructura que siguió en los diálogos.
La muerte de Carmelina Yule había movido el tablero de la guerra.
“Hay que continuar, hay que continuar sin miedo”
El dolor quedó retratado en las imágenes que los periodistas registraron el día de su velación. Los cuerpos que se volcaban sobre el cajón —sobre el que reposaba la bandera Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC)— y se aferraban a él como en un abrazo imposible; la madera que se mojaba con las lágrimas. Era como si nadie pudiera, o quisiera, soltarla.
Carmelina Yule Paví era eso: una madre que su pueblo Nasa no quería soltar. “Todo el tiempo ella estaba ahí con su abrazo, brindando su fuerza, también regañando porque le gustaba regañar. Ella cuando sentía que las cosas no funcionaban, regañaba. Nosotros no nos sentíamos afectados por los regaños. Al contrario, la escuchábamos para tratar de caminar sobre situaciones que se presentaban. Generaba respeto”, dice Bravo.
La fuerza de madre y sabedora de Carmelina llegó incluso cuando ya no estaba. O por lo menos de eso trataban de convencerse durante su despedida. “Hoy yo creo que es la misma Carmelina la que nos da la fuerza. Hay que continuar, hay que continuar sin miedo”, dijo Dora Salas, una de sus amigas durante la velación. Era, tal vez, un consuelo necesario para la comunidad.
Leonardo González, director de Indepaz, señala que “parir” lideresas como Carmelina es muy difícil. “Las lideresas asumen varios roles al mismo tiempo. También son madres, están permanentemente pendientes de su familia y demás. Por eso, el cuidado que tienen las comunidades hacia sus líderes es preponderante porque, entre otras cosas, las mujeres le dan un sentido distinto a la organización, a la comunidad, al tejido social”, explica.
En el comunicado que emitió ONU Mujeres cuando se conoció la noticia, esa idea quedó resumida: “Las defensoras de derechos humanos sostienen la vida y labran el camino hacia la reconciliación”.
El genocidio contra el pueblo Nasa
A Carmelina Yule Paví le hubiera gustado ver algo de justicia para su pueblo. Esa que, a gotas, empieza a llegar.
En diciembre pasado, por primera vez en la historia del país, la Fiscalía imputó el delito de genocidio contra el pueblo Nasa bajo el artículo 101 del Código Penal. “Nunca antes había ocurrido. El caso de la Unión Patriótica fue un caso en donde fue la Corte Interamericana la que obligó al Estado colombiano a pedir perdón por el genocidio. Como iniciativa de la Fiscalía, es la primera vez. Su muerte representa lo que hemos venido denunciando: este genocidio es sistemático, es una política por parte del grupo armado de Mordisco”, explica González.
Por solicitud del ente acusador, un juzgado emitió una orden de captura contra Néstor Gregorio Vera Fernández (“Mordisco”). La decisión también se emitió a otros 13 integrantes de esa estructura armada.
Para la comunidad, la decisión no es solo un hito jurídico. Es una señal de que alguien, finalmente, atiende a sus peticiones. “Fuimos muy insistentes en el tema del genocidio del pueblo Nasa, las muertes constantes, el reclutamiento que en ese momento estaba siendo demasiado fuerte. Por lo menos tener una decisión como esta genera un precedente de que se está escuchando la voz de las comunidades ante ese dolor que se está presentando, como el que dejó Carmelina”, afirma la comunera Bravo.
Han pasado dos años desde la muerte de la mayora y el pueblo al que la disidencia de Mordisco le ha arrebatado a varios de sus líderes sigue aferrado a la defensa de los derechos humanos. La misma que Carmelina Yule Paví sostuvo hasta que una bala la encontró.
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