Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El frente 36 de la disidencia de las FARC conocida como Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) y bajo el mando de Calarcá, se ha convertido en uno de los principales factores de inestabilidad en el noroccidente del país. Sus recientes acciones - el ataque con explosivos en Medellín, la ofensiva contra un helicóptero del Ejército en Amalfi y el desplazamiento masivo en el sur de Bolívar - muestran no solo su capacidad de fuego, sino también su ambición por expandirse en un corredor estratégico marcado por la coca y el oro.
Aunque se trata de un grupo de apenas 250 hombres, según estimaciones de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) sus movimientos están generando serias repercusiones en lo militar, lo político, lo territorial y ni qué decir en la mesa de paz que el Gobierno de Gustavo Petro lleva con ese grupo armado.
Históricamente anclado en el nordeste antioqueño, el frente 36 opera en el Nudo de Paramillo y controla corredores que conectan el norte de Antioquia con el Bajo Cauca y el sur de Bolívar. Actualmente está en un proceso de expansión hacia el sur de Bolívar por la disputa por el control territorial con el Clan del Golfo.
Según fuentes en terreno, esa incursión ha intensificado los enfrentamientos y ha generado desplazamientos como el registrado en la última semana en el municipio de Arenal -cuyo responsable sería el ELN-, donde decenas de familias huyeron por temor a quedar atrapadas en el fuego cruzado.
Así se formó ese frente
Su origen remite a la recomposición armada que siguió al Acuerdo de Paz de 2016, cuando milicianos y estructuras que no entregaron todas sus armas se reagruparon en zonas de histórico dominio guerrillero. . “A finales del 2017 empezamos a conocer que se estaban rearmando precisamente con armamento no entregado, recogiendo milicianos, sobre todo del Frente 18 y el 36 (de las antiguas FARC), que siempre han estado pegaditos ahí”, explica a Colombia+20 Gerson Arias, investigador de la FIP.
Pese a su tamaño, el frente 36 entendió pronto que la clave para lograr hacerse con el control territorial era mediante alianzas. Ya desde 2014 había sellado pactos tácitos con el Clan del Golfo, pero en los últimos años la ecuación cambió: la expansión paramilitar los obligó a coordinarse con el ELN para contener a ese actor en el Bajo Cauca y el sur de Bolívar. Arias lo resume así: “Recientemente, lo que el ELN ha hecho es coordinar con ellos una serie de acuerdos para contener al Clan del Golfo”.
El episodio que marcó un antes y un después fue el ataque contra el helicóptero en Amalfi hace poco más de dos semanas que dejó 13 policías muertos. El trasfondo del atentado en Amalfi debe leerse en esa clave que explica Arias. Más que un golpe simbólico, se trató de una maniobra para modificar la correlación de fuerzas en la región. Parte de lo que pasó en Amalfi es para que los militares copen más esa zona y cortarle el paso al Clan del Golfo”, señaló Arias.
Con ese ataque, el frente 36 quedó en el centro de la tormenta: la agresión expuso a esa estructura como el eslabón más beligerante - hasta ahora - dentro de la disidencia de Calarcá.
Tras el atentado, la fuerza pública abatió esta semana a cuatro de los presuntos responsables de ese hecho, entre ellos a Jorge Salazar, conocido como Guillermino, y a Iván Pérez, ‘Román’. El hecho, además, tensó la mesa de diálogo entre el Gobierno y el EMBF. El comisionado de paz, Otty Patiño, sugirió que el frente 36 podría quedar fuera de las negociaciones, pero Calarcá lo negó: “No sé por qué el funcionario dijo eso. Confirmamos que las tres estructuras, Bloque Magdalena Medio, Bloque Jorge Briceño y el Frente Raúl Reyes, siguen en la negociación”, dijo en una reciente entrevista con este diario.
En contexto: Disidencia de Calarcá pide que las comunidades se sienten en la mesa de diálogo
El helicóptero, según la versión de Calarcá, se vio involucrado en un operativo de erradicación en medio de combates, recibió disparos, aterrizó en un campo minado y fue detonado. Sin embargo, esta semana el ELN se adjudicó el hecho en una “jugada” que expertos interpretan como la reafirmación de una alianza con la disidencia.
Para Arias, el tema es el simbolismo de sus acciones. “Es muy difícil que alguien crea que lo de Amalfi no contó con la participación del frente 36”. Así también lo confirman varios pobladores con los que habló este diario. Isabel, una lideresa de la región, afirmó que desde hace varios meses se ven tropas de ambos bandos coordinando acciones para hacerle frente al Clan. “Uno veía a unos y otros en algunos puntos donde sabían que las AGC (como también se le conoce al Clan) se estaban moviendo”, dice.
Lejos de enfriarse, la confrontación escaló. Hace apenas unos días, las autoridades de Antioquia responsabilizaron al frente 36 de un ataque con explosivos en la ciudad, recordando que la violencia no se limita a las montañas de Antioquia, sino que busca también proyectar poder en escenarios urbanos.
En paralelo, en el sur de Bolívar la disputa se ha intensificado. Entre el 20 de julio y el 7 de agosto un paro armado confinó a más de 7.000 personas en Santa Rosa; la semana pasada, 500 familias fueron desplazadas en Arenal tras enfrentamientos entre el Clan, el ELN y las disidencias. En esa región minera, la guerra por el oro - tal como lo ha venido contando Colombia+20 al menos desde hace un año - ha alcanzado un punto crítico: el Clan busca expandirse, mientras el frente 36 y el ELN intentan frenar su avance.
Le puede interesar: Amenazas de muerte, minas y desplazamiento: crece alerta por guerra en Sur de Bolívar
Las consecuencias en la mesa
Pese a las declaraciones de Calarcá, las acciones del frente 36 se pueden convertir -si ya no lo están haciendo- en una piedra en el zapato para el proceso de paz con el EMBF, que apenas está volviendo a la vida después de meses en pausa. En la práctica, esta pequeña estructura pone a prueba la viabilidad de las negociaciones y la credibilidad de Calarcá frente al Gobierno.
La presión sobre la mesa de diálogo es evidente, pues cada ataque mina la confianza y retrasa la ya lenta creación de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Catatumbo que, según la pretensión del Gobierno, tenía que abrigar justamente el Bloque Magdalena Medio del que hace parte el frente 36. “Es muy difícil que el Gobierno logre sostener la idea de que esto no afecta las negociaciones. Los hechos hablan más fuerte que los comunicados, y lo de Amalfi le restó oxígeno al proceso”, asegura Arias.
Además, estas tensiones erosionan la narrativa del propio EMBF que insiste en que todas sus estructuras están cohesionadas. Para el investigador, “cuando una estructura pequeña logra poner en entredicho la seriedad de toda la negociación, el costo político se multiplica. Si el frente 36 sigue actuando así, puede terminar debilitando no solo a Calarcá sino al proceso en su conjunto”.
Con ello, la mesa de paz enfrenta un reto mayor: lidiar con una disidencia que, aunque bajo mando de Calarcá, actúa con relativa autonomía y con un apetito territorial que amenaza con desbordar cualquier intento de negociación.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; pmesa@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
