El diálogo de paz entre el Gobierno Nacional y la disidencia de Calarcá, conformada por el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), arrancó este domingo el séptimo ciclo de conversaciones, a pesar del reciente ataque contra un helicóptero en Amalfi, Antioquia, que dejó al menos 13 policías muertos. El atentado, atribuido al Frente 36, fue condenado por el Gobierno, pero no ha detenido el avance de la mesa de negociación.
Tal como lo contó el sábado Colombia+20, el encuentro se llevó a cabo en el caserío de El Diamante, en los Llanos del Yarí, Caquetá, donde se congregaron delegados del Ejecutivo y representantes de la disidencia.
El jefe de la organización, Calarcá Córdoba, le confirmó a este diario que “el séptimo ciclo de conversaciones entre el Gobierno y el EMBF ya tiene fecha” y que se iniciaría este domingo e iría hasta este lunes en el Yarí, lo que refuerza la intención de no suspender los diálogos pese a los cuestionamientos que deja la ofensiva armada.
En su declaración, también se refirió directamente al atentado en Antioquia y aseguró que “no fue un ataque planeado, sino un episodio derivado de combates entre sus hombres y el Clan del Golfo en la zona, justo cuando el helicóptero de la Policía descendía en una operación de erradicación de cultivos de uso ilícito”.
El discurso de Calarcá busca restar peso político a la ofensiva en Amalfi, pero las consecuencias han sido profundas en la opinión pública, pues el hecho reavivó las dudas sobre la cohesión de la organización y el compromiso real con la mesa de diálogo.
En la reunión estuvieron presentes Gloria Quiceno, jefe negociadora del Gobierno en ese proceso. También otros delegados del Gobierno como Yezid Arteta, Feliciano Valencia y Luz Dary Landázuri y la coronel Genny Calvo Olmos. Por la disidencia estuvieron Leopoldo Durán, jefe negociador del EMBF, Tomás Ojeda, y Calarcá Córdoba.
Una lideresa del territorio, consultada por Colombia+20, advirtió que “como el Clan del Golfo ha entrado al territorio, la disidencia no se deja quitar lo que llaman ‘su territorio’, por temas de minería y cultivos de coca. La población queda en el medio”.
La dimensión del ataque también abrió un debate sobre el salto tecnológico de los grupos armados, ya que el derribo se habría realizado con drones modificados.
A pesar de la gravedad del episodio, el Gobierno y la disidencia mantuvieron firme la decisión de avanzar en la agenda de paz.
El séptimo ciclo se desarrolla sobre la base de un ejercicio participativo que tuvo lugar el 22 y 23 de agosto también en la vereda El Diamante, donde comunidades y sectores sociales discutieron propuestas en torno a transformaciones territoriales, tierras y Zonas de Reserva Campesina, paz ambiental, economía y trabajo, derechos de poblaciones vulnerables, justicia y víctimas, seguridad, corrupción, política, marcos normativos e inclusión étnica.
Estas discusiones, recogidas en un ambiente descrito por las comunidades como “de respeto y sano compartir de ideas”, servirán de insumo para orientar los compromisos del ciclo en curso.
El contexto, sin embargo, no podría ser más complejo. En las últimas horas, se han encadenado ataques en distintas regiones: además del helicóptero derribado en Antioquia, un camión bomba explotó en Cali dejando al menos seis muertos y más de 40 heridos -este hecho fue perpetrado por la disidencia de Iván Mordisco-, mientras que otra explosión sacudió a Florencia, Caquetá.
Estos hechos reflejan la capacidad ofensiva de las estructuras armadas, incluso en pleno proceso de diálogo. Para algunos analistas, como la investigadora Paula Tobo de la Fundación Ideas para la Paz, la continuidad de la mesa demuestra que la negociación no se quiebra necesariamente ante hechos violentos, recordando que otros episodios, como el desplazamiento de firmantes de paz en Miravalle, tampoco implicaron la suspensión de los diálogos.
“Otros hechos de violencia han ocurrido en el marco de esta mesa, que al final no han tenido un impacto significativo en las negociaciones”, señaló.
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