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El ataque armado en la provincia ecuatoriana de Orellana, que deja hasta el momento 11 militares muertos a manos de los Comandos de Frontera, una estructura armada ilegal que opera en Putumayo, Caquetá, Amazonas y norte de Nariño, amenaza con desestabilizar uno de los procesos de la política de paz total del gobierno Petro: el que se lleva a cabo con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una de las disidencias de las FARC más activas del sur del país y de la frontera con Ecuador.
Según la información entregada por las autoridades, la emboscada ocurrió en una zona conocida como Alto Punino, en el distrito de Orellana-Loreto. Sobre las 2:15 de la tarde, un grupo de militares de las Fuerzas Armadas de Ecuador llegaban al sitio por vía aérea para adelantar una operación, cuando fueron atacados.
El hecho, confirmado por autoridades ecuatorianas y atribuido a esa estructura armada, ha encendido las alarmas sobre el impacto que puede tener en el proceso de diálogo que se adelanta en Colombia con la CNEB, pero también en la tensa relación diplomática entre ambos países.
Este es un caso complejo para el Gobierno Petro porque es el primer caso que involucra tanto la política de seguridad interna como la diplomacia regional.
Los Comandos de Frontera hacen parte de la disidencia de las antiguas FARC Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, que a su vez se separó hace unos meses de la Segunda Marquetalia. Aunque inicialmente fueron vistos como grupos residuales con influencia local, hoy controlan corredores estratégicos para el narcotráfico y la minería ilegal en Putumayo, Amazonas, Caquetá y Nariño. También se han expandido hacia el territorio ecuatoriano, donde han tejido alianzas, pero también disputas con bandas locales como Los Choneros y Los Lobos.
La CNEB fue reconocida como interlocutora en la política de paz total en 2023, tras varios acercamientos con emisarios del gobierno Petro y desde entonces lleva un proceso de paz con algunos avances. Sin embargo, la estructura de los Comandos de Frontera ha sido uno de los puntos más problemáticos por sus continuos ataques a la población, especialmente en Putumayo y Caquetá donde disputa el control de las rutas del narcotráfico.
En febrero de 2025, la captura de Giovanni Andrés Rojas, conocido como “Araña”, uno de sus principales jefes, durante un ciclo de conversaciones en San Vicente del Caguán, tensó la mesa y mostró que los niveles de confianza entre las partes eran precarios.
Pese a ese episodio, la mesa retomó funciones e incluso el mismo Araña ha participado de distintas reuniones en las que se ha avanzado en varios temas como la sustitución de cultivos de uso ilícito. De hecho, en abril pasado tanto el Gobierno como la Coordinadora anunciaron la firma de una hoja de ruta para un acuerdo de paz definitivo.
La masacre en Ecuador no solo supone una tragedia para ese país, sino que reconfigura el contexto del proceso de paz con la CNEB. Aunque no hay información oficial de si el ataque fue ordenado por el mando central o ejecutado de forma autónoma por el frente en esa zona, la responsabilidad recae en la estructura reconocida como parte del proceso de diálogo.
Ecuador, por su parte, ha exigido explicaciones y mayor cooperación para contener a estos grupos armados.
Otra sacudida a las relaciones diplomáticas con Ecuador
Las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan uno de sus peores momentos desde la incursión del Ejército colombiano en territorio ecuatoriano en 2008. El gobierno Petro se negó a reconocer los resultados de la elección presidencial de Daniel Noboa de abril pasado, argumentando irregularidades en el proceso electoral y denunciando persecución judicial contra sectores políticos progresistas en Ecuador.
Ecuador, por su parte, podría intensificar sus operaciones militares en la frontera y exigir una mayor cooperación por parte de Colombia para combatir a estos grupos. Esto podría traducirse en una presión adicional sobre el gobierno colombiano para demostrar resultados concretos en la desarticulación de las disidencias armadas.
Este incidente evidencia las dificultades de negociar con grupos que mantienen estructuras activas y violentas, y resalta la necesidad de una estrategia integral que combine el diálogo con medidas efectivas de seguridad y control territorial.
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