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El Ministerio de Defensa ha fallado con todos los plazos para pagar las indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se lo ordenó en 2014, y tres años después, el fallo sigue sin ser acatado. El desplante más reciente ocurrió el pasado miércoles, cuando se cumplieron diez meses desde que se le venció a Colombia su plazo para hacer caso a la sentencia del alto tribunal. Diez meses es el tiempo máximo reconocido en Colombia para que se cumpla un fallo de tipo administrativo. Las víctimas, quienes consideran que los aplazamientos son el resultado de la negligencia del Estado y de revictimización constante, le volvieron a pedir a la Corte que sirva de mediadora para que, de una vez por todas, su orden sea una realidad. (Lea más aquí sobre cómo venía enredado el pago desde octubre pasado)
René Guarín, hermano de Cristina Guarín, una trabajadora del Palacio de Justicia que desapareció entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, le envió una carta esta semana a la secretaría de la Corte. En la misiva, Guarín pidió una intermediación por parte de la Corte Interamericana para “que el Estado colombiano defina ciertos puntos con la mayor brevedad”, pues, asegura, los pagos de las indemnizaciones ordenadas se han realizado de manera incompleta y solo a algunas víctimas. Explicó, además, que todavía no se ha llegado a un acuerdo en cuanto a cuál es el mecanismo para recibir los pagos de los familiares que ya fallecieron.
(En contexto: Víctimas del Palacio de Justicia indignadas con la reparación del Estado)
Los registros oficiales de lo que ha hecho el Ministerio de Defensa prueban exactamente lo dicho por Guarín. El pasado 30 de agosto, por orden de la Corte Interamericana, la Cancillería le envió al tribunal un informe en el que se detallaron las medidas tomadas para cumplir con las indemnizaciones. Por un lado, quizás el más alentador, es que el Estado ya les pagó a quienes fueron retenidos y torturados después de la toma del Palacio de Justicia: Eduardo Matson, Yolanda Santodomingo, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis.
En cuanto a los familiares de las víctimas de desaparición forzada que reconoció la Corte, Carlos Rodríguez, Irma Franco Pineda, Cristina Guarín, Gloria Anzola de Lanao, Norma Esguerra Forero, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo Figueroa, Luz Mary Portela León, David Suspes Celis y Lucy Amparo Oviedo, la historia es otra. Todavía hacen falta las indemizaciones de 59 personas. Las cosas siguen embolatadas.
La denuncia de Guarín no es nueva ni para el Ministerio de Defensa, la entidad encargada de realizar los pagos, ni para la Cancillería, que actúa en este caso como una especie de mediador entre el alto tribunal y el Ministerio. Desde hace un año, justo seis semanas antes de que se venciera el plazo de dos años que le dio el tribunal para realizar los pagos, los abogados de las víctimas, y ellas mismas, manifestaron que las indemnizaciones estaban enredadas. Explicaron que las entidades oficiales no les habían dado información clara de los documentos que debían presentar ni de cómo se iban a realizar los pagos. La sorpresa fue enorme cuando se dieron cuenta de la manera en que se habían hecho. (Lea aquí más sobre lo que explicó el Ministerio de Defensa el año pasado)
El problema, explicaría meses después la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), radicó en que el Ministerio de Defensa hizo una interpretación del fallo de la Corte Interamericana que “no fue compatible con el espíritu de la sentencia”. En términos simples, el Estado repartió más de US$100mil entre todas las víctimas directas, es decir, a los hijos y cónyuges de los desaparecidos, cuando, en realidad, la orden decía que ese monto debía ser entregado a cada uno de los familiares. Desde el comienzo de la polémica, el Ministerio explicó que sus abogados no habían interpretado el fallo, sino que habían cumplido a cabalidad con lo ordenado.
En la mayoría de los casos en los que no se han hecho los pagos, la respuesta oficial al incumplimiento es que no hay recursos y han dicho, además, que en ningún momento se está revictimizando a las familias. Consultado por este diario, el Ministerio expresó: “Quedó claro que se pagó hasta donde alcanzó la plata”. Pero también hay otro problema. El año pasado, el Ministerio de Defensa les pidió a las familias una sucesión firmada por un juez para que reciban el dinero de quienes ya fallecieron. Las víctimas expresaron desde el primer momento que era “injusta” esa petición, pues, además de que costaba dinero y a ellas no se les puede pedir que gasten sus salarios en este tipo de trámites, se trata de un proceso judicial demorado que puede tardar de cuatro a ocho meses, en el mejor de los casos. (Lea aquí un relato sobre al entrega de los restos de Cristina Guarín)
Para resolver el dilema, las víctimas propusieron una solución: que un juez les tome una declaración juramentada en la que expliquen quiénes son los herederos. El Ministerio aseguró que no veía mayor problema, pero que le iba a enviar la sugerencia a la Cancillería. Los abogados que llevan este proceso explicaron que funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores ya le dieron el aval a su proposición y les comentaron que ya la habían regresada al Mindefensa.
“No nos han dicho nada más y esto ya fue hace meses”, señalaron fuentes cercanas del proceso a este diario. Según se lo aseguró el Estado colombiano al tribunal internacional, el dinero que hace falta, más de $12.000 millones, ya fue solicitado al Ministerio de Hacienda y se espera que antes de que se acabe el año la deuda quede saldada. “Aquí no nos pueden decir que el plazo para pagar ha sido corto. No entendemos cómo es que este año siguen pidiendo la plata. La Corte Interamericana les dio dos años para hacerlo y no cumplieron”, señalaron abogados del caso, quienes advirtieron, como si no fuera suficiente, otra irregularidad.
“Ya está probado que el Estado no cumplió con el plazo que le dio el tribunal para indemnizar y, al no hacerlo, está obligado por la misma Corte a desembolsar unos pagos en mora. El Ministerio se está haciendo el de la vista gorda y no está reconociendo esta multa”, agregaron los juristas. A tres semanas del aniversario número 32 de la toma del Palacio de Justicia, y a la espera de que el Ministerio de Defensa resuelva cómo va a indemnizar a los familiares ya fallecidos y que llegue el dinero que hace falta, la molestia de las víctimas sigue vigente.
(Puede interesarle: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)
“¿Qué se puede esperar de un Estado que pregona sus esfuerzos de paz cuando a sus víctimas de hace tres décadas las siguen ignorando? Si el Gobierno ni siquiera le hace caso a una instancia como la Corte Interamericana, ¿qué podemos esperar las víctimas?”, manifestó una de las viudas de la toma del Palacio de Justicia, que prefirió no mencionar su nombre, pero quiso anotar una reflexión: “Si esto no es revictimizar a las víctimas del país y no respetar sus derechos a la reparación, entonces ¿qué es?”.
(Si desea consultar el fallo de la Corte Interamericana sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia, aquí lo puede encontrar)