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Una de las primeras promesas de justicia del Acuerdo de Paz que se materializó fue la creación, en mayo de 2017, de la Unidad Especial de Investigación (UEI) en la Fiscalía. Esta dependencia fue pensada en La Habana con el propósito de acabar, de una vez por todas, con las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. En el camino, le encomendaron la responsabilidad de investigar los asesinatos de excombatientes y defensores de derechos humanos. No obstante, en estos cuatro años, esta entidad ha tenido ya tres directores y muchas voces son críticas sobre su labor. Incluso, aseguran que hoy la unidad camina “en un solo pie y con muleta”.
Hernando Toro Parra se convirtió, el pasado 3 de noviembre, en el tercer director en propiedad de la UEI. El fiscal Francisco Barbosa lo eligió de una terna que le envió la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tras más de 20 meses en que la Unidad estuvo en interinidad: la exdirectora Martha Mancera fue nombrada vicefiscal de Barbosa desde comienzos de 2020 y no le habían elegido un reemplazo. En el entretanto, el cargo lo ocupó, primero, la fiscal Luisa Obando, quien luego fue nombrada delegada la Seguridad Ciudadana. Y, más recientemente, la UEI estuvo en manos del fiscal que investigó el asesinato del excombatiente Dimar Torres, Aníbal Arbeláez.
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Toro llegó la UEI con una larga trayectoria en derechos humanos. Antes era Defensor del Pueblo encargado. Mancera, por su parte, ha estado vinculada a la Fiscalía por décadas y en la rama judicial le reconocen su trabajo contra organizaciones criminales en el Valle del Cauca. La primera directora, Alexandra Valencia, llegó en septiembre de 2017 y también contaba con una hoja de vida destacable: fue fiscal, magistrada de Justicia y Paz y pasó por la Procuraduría. Pero apenas dos meses después de que el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez pusiera a Valencia al frente de la UEI, fue designada Mancera en su reemplazo.
Es decir, salvo la hoy vicefiscal Mancera que duró dos años, la mayoría de directores de la Unidad han tenido un paso fugaz por esta dependencia, un factor que incide en su funcionamiento. Cinco cabezas en cuatro años. Una de las voces críticas de la Unidad es Camilo González Posso, integrante de la Comisión Nacional de Garantías (CNG), espacio que nació del Acuerdo de Paz para el diseño de una política nacional para acabar con las organizaciones criminales y prevenir las muertes de reincorporados y líderes sociales. A cinco años de la firma del Acuerdo de Paz, esa política aún no está lista, la CNG se reúne poco y ha perdido su norte, de acuerdo con González Posso.
“En cuanto a su principal tarea, hay un claro retraso: las estructuras narcoparamilitares aún siguen funcionando. Es decir, es una unidad que ha venido caminando coja, en un solo pie e incluso con muleta. Esas son las limitaciones de este instrumento que nació del Acuerdo de Paz y como una pieza fundamental para que su implementación funcione. Incluso, para agilizar todas las labores investigativas y no someterse a toda la tramitología tradicional y bastante ineficiente históricamente de la Fiscalía para superar las cifras de impunidad”, puntualizó González Posso, representante de la Sociedad Civil en la CNG y director del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Paz (Indepaz).
Consultada por este diario, la Fiscalía aseguró que ha participado de las sesiones de la Comisión, y en ellas ha presentado sus metodologías de investigación, así como los avances que la misma ha arrojado en los tres años que lleva en marcha. Sobre la tarea de diseñar la política pública en la CNG, el ente investigador dijo que, sus delegados han participado de las discusiones sobre este tema: “la Unidad Especial de Investigación ha participado en las sesiones técnicas y de Alto Nivel aportando en la construcción de los lineamientos para la política pública y criminal, y en el plan de acción para su implementación”. Sin embargo, que la responsabilidad de coordinar el espacio recae en el Alto Comisionado para la Paz.
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Franklin Castañeda director del Comité de Solidaridad con Presos Políticos y también representante de la sociedad civil en la CNG, aseguró que el Acuerdo de Paz contempló que esta dependencia de la Fiscalía, a su vez, desmantelara las estructuras políticas y económicas que subyacen a los grupos armados, un asunto en el que tampoco hay avances. Además, atribuye la falta de dientes por parte de la UEI al decreto ley 898 de 2017, con el que Néstor Humberto Martínez le dio vida a la Unidad. “Tenemos una Unidad muy pequeña que se desvió de lo planteado en el Acuerdo. Adelantan 12 proyectos piloto para desarticular organizaciones criminales. Sin embargo, no tienen un nivel de desarrollo que le permita decir que desmanteló alguna”, dijo Castañeda.
Por otra parte, el equipo de defensa de las antiguas Farc señaló que reconoce el trabajo de Mancera mientras estuvo en la UEI para investigar los crímenes de los excombatientes de la guerrilla. Sin embargo, criticaron la falta de autonomía de la UEI respecto del nivel central de la Fiscalía para desarrollar sus líneas de investigación de amenazas y determinadores de los crímenes, así como dificultades financieras para ir a los territorios, entre otros aspectos. “Los avances en esclarecimiento son limitados. Además, existe un desbordamiento de hechos a esclarecer. No se trata solo de homicidios, también de desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas, hostigamientos”, manifestaron los abogados.
En mayo de 2017 se creó la Unidad Especial de Investigación (UEI) en la Fiscalía con el propósito de acabar, de una vez por todas, con las organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo. En el camino, le encomendaron la responsabilidad de investigar los asesinatos de excombatientes y defensores de derechos humanos.
Las organizaciones sociales no están solas en estas advertencias. El décimo informe de verificación a la implementación del Acuerdo de Paz, publicado en octubre pasado por el CINEP y el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), asegura que, si bien existen algunos esfuerzos de la Unidad, se echan de menos avances en otros frentes. Por ejemplo, según datos que entregó la Fiscalía, hasta agosto había registro de 359 agresiones contra excombatientes de las Farc y sus familiares, entre asesinatos, atentados y desapariciones. Ya en más de la mitad de los hechos (53,76%) hay al menos una imputación de cargos. Sin embargo, el informe expresa que hay algunos silencios.
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“Otras funciones de esta instancia han sido poco conocidas y representan retos para el cumplimiento total de su mandato. Una de ellas es la creación de metodologías de investigación especializadas”, dice el documento. Ahora bien, agrega que desde el 2020, la Unidad priorizó los 12 territorios del país en los que más se presentaban crímenes contra excombatientes y contra líderes sociales para coordinar todas las investigaciones judiciales contra las organizaciones criminales presentes en estos lugares. Aunque el informe reconoce este avance, dice que, “desconoce el alcance que ha tenido la implementación de esta metodología”.
En respuestas a El Espectador, la Fiscalía explicó que hoy ya tiene 13 proyectos investigativos andando en los que se investigan las afectaciones sufridas por 573 víctimas, entre defensores de derechos humanos, reincorporados de la extinta guerrilla y sus familiares y hasta funcionarios públicos. “Con corte al 31 de octubre de 2021, los avances investigativos de los proyectos alcanzan el 94,58%: 77 en ejecución de penas con sentencia condenatoria, 105 en etapa de juicio, 187 en etapa de investigación, 165 en etapa de indagación con orden de captura y 08 preclusiones por muerte del indiciado”, aseguró el ente investigador.
Ahora bien, específicamente sobre los 412 crímenes contra excombatiente y sus familiares de los que tienen registro la Fiscalía le dijo a este diario que tienen un avance de al menos órdenes de captura en el 57,28% de los casos. En las agresiones a líderes sociales la cifra es un tanto menor: de las 289 agresiones, hay esclarecimiento en al menos 53,29%. Además, explicaron que hoy la UEI tiene tres equipos territoriales permanentes: uno nacional, otro asentado en Cauca y uno más en Nariño. Y priorizan casos en las regiones más críticas con siete equipos de investigadores que de manera itinerante cubren nueve departamentos: Valle del Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Putumayo, Huila, Tolima, Chocó, Meta y Caquetá.
La Fiscalía le dijo a este diario que considera que “la estrategia investigativa y el modelo diseñado e implementado por la Unidad Especial de Investigación, desde su competencia, representa un valioso resultado en la implementación del Acuerdo de Paz”. Su metodología de investigación, consideran, les ha permitido lograr avances “sin precedentes” en la judicialización de agresiones contra poblaciones específicas. Esto ha sido reconocido por centros de pensamiento como el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, que recientemente publicó una lista de seis recomendaciones para el entrante director de la UEI. La primera: mantener los niveles de esclarecimiento logrados.
El Laboratorio, que coordinan ex altos funcionarios del búnker como la exdirectora de Políticas y Estrategia Juanita Durán, señaló que es importante que la UEI mantenga los niveles de coordinación que ha logrado al interior de la Fiscalía. Agregó que “es imposible hablar hoy de desmantelamiento (de grupos criminales)”, así que también recomendaron dar un paso más para lograrlo; pidieron que se verifique si los vínculos de estas estructuras con grupos políticos y económicos en las regiones tienen alguna relación con las que tenía el paramilitarismo hace años, que se avance en demostrar la sistematicidad de los crímenes y que la Unidad tenga mayor liderazgo en identificar las agresiones a líderes sociales.
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En concreto, el informe de verificación menciona tres retos: “El primero, está relacionado con su capacidad judicial local para el esclarecimiento y el desmantelamiento de las organizaciones criminales; el segundo, del trabajo articulado que realice para identificar a los determinadores de los casos de agresiones y sus conexiones con las organizaciones criminales; y el tercero, de las condiciones de seguridad en el territorio para lograr el acceso a zonas con presencia de grupos armados y avanzar en la investigación”. Desafíos similares a los que ven las organizaciones de derechos humanos y hasta el equipo de defensa de las extintas Farc.
Es tan crítico el panorama que ya distintas instancias judiciales evalúan con lupa el desempeño de la UEI para investigar y judicializar los crímenes contra excombatientes. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, por ejemplo, dijo en febrero de este año que, aunque reconoce los esfuerzos por esclarecer las agresiones contra quienes dejaron las armas, “los resultados de ese trabajo presentan un bajo nivel en el cumplimiento del objetivo. Lo anterior en razón a que las cifras de esclarecimiento de homicidios, tentativas de homicidios y desapariciones forzadas de personas de las Farc solo reflejan 33 sentencias”, según se lee en un auto de medidas cautelares.
La JEP señaló que, en al menos 19 asesinatos, las víctimas habían denunciado previamente que recibieron amenazas y, sin embargo, la Fiscalía archivaba las denuncias por amenazas de excombatientes de las Farc sin investigar a fondo. Fue un duro pronunciamiento contra el Gobierno y el ente investigador, por no tomar medidas para prevenir que más excombatientes sean asesinados. Y en el mismo auto, la Sección le dio seis órdenes a la UEI de la Fiscalía para que, en pocas palabras, cumpla con su trabajo. El equipo de defensa de las extintas Farc dice que estas órdenes, así como las demás que ha dado la JEP en este trámite de medidas cautelares, no se han cumplido.
Mientras tanto, la Corte Constitucional estudia declarar un estado de cosas inconstitucional (una violación constante y masiva de derechos fundamentales) sobre las garantías de seguridad de los excombatientes. Ya la Fiscalía ha entregado una decena de documentos explicando lo que ha hecho la UEI que ahora hacen parte del expediente. Y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) continúa el estudio de las medidas cautelares que solicitaron las extintas Farc desde 2020, también por los asesinatos de sus miembros. Aunque no ha habido un pronunciamiento de fondo, entre la información que ya tiene la Comisión está, desde luego, el desempeño de la UEI.
A pesar de que el Gobierno entregó a la JEP el año pasado los insumos que, supuestamente, se convertirían en la política de desmantelamiento que tenía que salir de la Comisión Nacional de Garantías, todavía ese documento no se ha traducido en una ley, decreto o alguna norma vinculante. “Lo anterior implica que aunque haya esfuerzos realizados por la UEI, estos no se ejecutan en el marco de una política para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, que haría más efectiva las acciones pues dependerían del trabajo articulado de varias organizaciones”, como dijo la JEP en febrero de este año. Y sin que ese instrumento se haga realidad, opinan expertos, la Unidad que tiene por tarea atajar a los sucesores del paramilitarismo, seguirá coja.