Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Buenaventura ha tenido que grabarse a punzadas el dolor de enterrar a sus jóvenes. Los 23 asesinatos —principalmente muchachos entre 17 y 30 años— ocurridos en febrero y marzo de 2026 son apenas la herida más reciente. Detrás de cada uno hay un padre, una madre, un hermano, un amigo, un pueblo entero que carga una tristeza que ya no le cabe.
Las cifras, alertadas por la Defensoría del Pueblo, confirman lo que en el territorio ya se sabía: Los Shottas y Espartanos, las bandas urbanas que se disputan la zona, están en plena reconfiguración.
Es un reacomodo que no solo arrasa con la vida de los más jóvenes, sino que reaviva las dudas sobre la efectividad de la mesa de paz total que sostiene el Gobierno de Gustavo Petro con esas estructuras ilegales desde julio de 2023. Tanto, que este 11 de abril, las bandas tuvieron que sentarse a firmar una tregua en el marco del diálogo de paz.
Le puede interesar: Jefes de bandas de Medellín piden a Petro retomar diálogos tras fiesta en cárcel de Itagüí
Según la Defensoría, barrios como San Francisco, San Luis, Juan XXIII y zonas de la comuna 12 se han convertido en el tablero de esa disputa, en la que a muy temprana edad sus habitantes terminan siendo blanco de reclutamiento, instrumentalización y señalamientos en medio de la confrontación.
Es, en últimas, una guerra de jóvenes que arrastran a más de ellos. “Tanto víctimas como victimarios suelen ser hombres de entre 16 y 30 años, en su mayoría de sectores vulnerables”, explica a Colombia+20 Fabio Cardozo, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con las bandas urbanas de Buenaventura.
Esa es una ciudad con una población mayoritariamente joven, incluso por encima del promedio nacional, añade el negociador. Para Cardozo, se trata de una fortaleza que, sin oportunidades reales, termina convirtiéndose en un factor de riesgo y en caldo de cultivo para la violencia.
De ahí que muchos de quienes integran estas estructuras criminales sean jóvenes del mismo distrito, como explica Linda Posso, coordinadora de la Oficina de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en el Pacífico. “Lo que sucede es que las estructuras criminales, a veces, en medio de sus procesos internos de reacomodo, de cobro de cuentas, empiezan unos o reanudan procesos de disputa que terminan actuando con la vida de jóvenes, algunos incluso que no hacen parte de los mismos procesos”, dice Posso.
Es una disputa, además, –afirma la investigadora– por demostrar quién tiene la capacidad de controlar los territorios estratégicos para las economías ilegales. “Muchos de los homicidios, la mayoría de ellos, se dan en contextos de barrios y comunas que son estratégicos para esas economías”, añade.
Más allá de la reconfiguración de Los Shottas y Espartanos, Cardozo señala que hubo un hecho puntual que desencadenó en una seguidilla de asesinatos: “En el barrio San Francisco asesinaron a una persona que, según se ha señalado, tenía problemas de salud mental, y el hecho habría sido cometido por integrantes de Los Shottas. Eso provocó una respuesta de los Espartanos y rompió la relativa calma que se venía dando. A partir de ahí se desataron retaliaciones que dejaron más muertes” indicó.
Los homicidios, sin embargo, son solo la punta del horror. Hay extorsiones a comerciantes y transportadores, secuestros, entornos escolares afectados y disparos que atraviesan las paredes de las casas. Es una ciudad donde los grupos armados han consolidado “fronteras invisibles” –advierte la Defensoría– que restringen la movilidad y generan “confinamientos de facto” en distintos sectores.
Además: “Rompamos el silencio, cerremos Ralito”: Mancuso pide a Petro revivir mesa con paramilitares
Uno de los hechos violentos más recientes fue el secuestro este fin de semana de una señora por la que se estarían exigiendo COP 30 millones. Algunos apuntan a que Los Shottas están involucrados. De confirmarse, la consecuencia sería su inmediata salida de la mesa, dice Cardozo.
La captura de los dos jefes de bandas criminales
Mientras los jóvenes morían en los barrios, las estructuras que se los disputaban recibían golpes desde afuera. Jorge Campaz, conocido como Mapaya, y jefe de la banda criminal Espartanos, fue capturado el pasado 7 de abril en Bolivia. Fue el segundo coletazo para los jefes de las bandas urbanas de Buenaventura de este año. El primero fue en febrero cuando fue capturado en España, Diego Bustamante, conocido como Diego Optra y jefe de Los Shottas.
Las preocupaciones por el recrudecimiento de la violencia tras esas capturas llegaron a la par de las noticias. De hecho, en el mismo comunicado de la Defensoría se advierte que la reconfiguración interna de las estructura –que derivó en un pico de violencia– respondería “entre otros factores, a la captura de integrantes, lo cual ha generado disputas por el control territorial y ajustes internos”.
La investigadora Posso dice que cuando se dio la captura de Optra hubo mucha zozobra porque de manera informal empezaron a circular unos comunicados por WhatsApp que no correspondían a la estructura clásica de los comunicados de los Shottas. “Ahí se decía que con la captura de este cabecilla se iba a disparar la violencia, se decía a no la gente no saliera”.
“Eso generó una sensación de incertidumbre a nivel territorial, pero realmente que uno pudiera decir que hay un efecto inmediato como tangible que se pueda relacionar directamente con eso, yo creería que no. Los temas de violencia tienen sus lógicas cíclicas. Por ejemplo, hasta ahorita a finales de marzo se reportaban unos números de homicidios pero poco tenía que ver con la captura de Mapaya. Lo que sí sé es que las autoridades, tanto la delegación de Gobierno, como la oficina asesora de paz del Distrito, se pronunciaron para hacer un llamado a la cordura, así como previendo situaciones”, añade Posso.
Desde la mesa de diálogos, Cardozo reconoce que las capturas abrieron tensiones internas. “Lo que se señala es que existe también la pretensión de algunos miembros de su clan por asumir el liderato y la gente de Diego a defender la plaza”, afirma.
Fue justamente frente a la creciente tensión que derivó de esos hechos que Los Shottas y Espartanos firmaron la tregua. “Yo tuve la oportunidad de lograr un compromiso por ellos, de cesar esa actividad criminal homicida a partir de este momento. Sin embargo, ha habido ya unos días de tranquilidad, pues, en se generen mayores niveles de de tranquilidad para la ciudadanía”, dice.
Cardozo señala que espera que la situación se calme y que adelantan gestiones ante la Fiscalía con el fin de obtener autorización y poder hablar con Mapaya y Diego Optra.
Sin embargo, la meta del gobierno en el proceso de paz va más allá de una tregua. Cardozo dice que la propuesta que quiere hacerles a los jefes presos es ambiciosa: “La idea no es solamente desmontar la banda de la que ya hacen parte. Yo diría desmontar la gobernanza criminal que implica la existencia y la fortaleza de las bandas”. Para los más jóvenes y sin requerimientos judiciales, habla de una ruta de inclusión y de ofrecer condiciones “favorables” para quienes decidan hacer “tránsito a la vida civil”. Pero a cuatro meses de que el Gobierno se acabe, puede pasar que eso no ocurra.
“A esto no se acostumbra”
Las dinámicas de reclutamiento violencia contra los jóvenes, que alerta la Defensoría, chocan con el pacto para frenar la utilización de menores de edad que se dio en marzo 2025.
“Uno de los logros principales que siempre señaló la delegación de gobierno fue la firma de un acuerdo, un pacto de no reclutamiento de niños y niñas. Eso fue un pacto que yo personalmente siempre lo celebro, pero en términos de la rigurosidad no hubo forma de hacerle seguimiento a eso”, dice Posso.
El negociador Cardozo reconoce que el compromiso no se ha cumplido del todo, aunque insiste en que ha habido avances. “Ha sido un cumplimiento parcial. El reclutamiento se ha reducido y el tema de la niñez entró en la agenda pública, lo cual es valioso”, afirma. También admite que las fallas no son exclusivas de las estructuras armadas. “Hay deudas del Estado con la niñez en Buenaventura, y eso también incide en estos incumplimientos”, añade.
Mientras esas deudas persistan, el reclutamiento de los más jóvenes seguirá siendo una de las formas de violencia más preocupantes y una de las principales vías para engrosar las filas de estos grupos. Es una herida difícil de sanar, que la investigadora Posso resume en una frase: “A esto no se acostumbra. Ninguna madre quiere que su hijo se vaya”.
✉️ Si le interesan los temas de paz, conflicto y derechos humanos o tiene información que quiera compartirnos, puede escribirnos a: cmorales@elespectador.com; nortega@elespectador.com o aosorio@elespectador.com.
