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Los dos kilómetros y medio que comunican al casco urbano de Ricaurte, Nariño con el trapiche comunitario ubicado en la vereda San Pablo son polvorientos, inestables y, en tiempos de lluvia, imposibles de transitar. Por eso es que el calvario para las 118 familias campesinas que dependen de la caña de azúcar en la región empieza cuando el invierno arrecia.
Este tramo de carretera destapada es uno de esos miles de puntos geográficos del país que si pudieran hablar contarían un sinnúmero de historias sobre el conflicto armado. Las montañas que rodean a Ricaurte siempre han sido importantes corredores de las guerrillas, por estar cerca del mar Pacífico y el Ecuador. Entre el 2000 y el 2003 el frente Guerreros del Sindagua, del Eln, controló la región. A su salida llegaron el frente 29 de las Farc y la columna móvil Mariscal Sucre. Ese movimiento de actores armados en la región devino en fuertes enfrentamientos contra el Ejército entre el 2000 y el 2010. La población civil no salió ilesa de esta confrontación. Milena Delgado, campesina de la región recuerda: “Eso fue horrible, horrible, horrible… Uno nunca en la vida quiere volver a vivirlo”.
En el 2006, en medio de uno de esos enfrentamientos, el Ejército entró a la fuerza a la casa de la familia Delgado mientras el padre de Milena leía la Biblia implorando que ninguna bala o cilindro bomba cayera en la edificación. Los soldados entraron dándole un empujón a la puerta y acusaron a don Pedro Nel Delgado de prestarles el patio de la casa a los guerrilleros para lanzar tatucos. La mamá cayó desmayada. Un día después, la familia estaba buscando transporte para abandonar Ricaurte hacia Catambuco, en las faldas del volcán Galeras, donde hoy viven. La única que se quedó en el municipio fue Milena. Desde esa época, Pedro Nel sólo ha visitado su antigua tierra una vez y no quiere volver, porque todavía los recuerdos están atenazados por el miedo.
Sin embargo, los tiempos han cambiado. Los habitantes de la vereda San Pablo y del casco urbano del municipio afirman que la tranquilidad ganó espacio a medida que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc avanzaba. Los campesinos ya no se esconden debajo de la cama a las 3 de la tarde por miedo a los combates. “Nosotros en este tiempo, con todo lo de la paz, hemos estado tranquilos. Volvió una tranquilidad enorme”, dice Milena, quien recuerda que en las épocas en las que el conflicto se agudizó, las jornadas de trabajo para la producción de la panela eran más cortas, porque a mitad de la tarde resonaban los fusiles y los cilindros bomba.
A pesar de esas dificultades, la caña de azúcar siempre les ha dado el sustento. Hace unos diez años se vieron pequeños cultivos de coca, pero fueron una excepción al paisaje de la región: los sembradíos de caña. Vicente Vásquez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, recuerda que desde que él nació (en 1952) su papá ya tenía un trapiche que funcionaba con la fuerza de tres búfalos. La panela siempre fue el sustento de los Vásquez.
Aunque los trapiches siguen siendo artesanales, por estos tiempos ya no trabajan con tracción animal. Las personas que viven de la caña trabajan de martes a sábado en la producción de la panela. Al inicio de semana cortan la caña, entre el jueves y el viernes la muelen en los trapiches y el sábado limpian el sitio de trabajo.
Pero la lluvia trae sus afanes. Los carros para transportar la panela hasta el casco urbano muchas veces no llegan debido al estado de la vía. Eso paraliza la producción en los 29 trapiches de San Pablo y no permite que el producto llegue a su destino final: Tumaco. Aunque la panela ricaurteña no ha podido alcanzar nuevos mercados por la falta de tecnificación de los trapiches, los campesinos aseguran su subsistencia cuando el precio del producto se mantiene estable y puede ser transportado.
La desazón de los labriegos con el Estado por la falta del arreglo a sus vías es de vieja data. Reinaldo Castro, presidente de la Asociación de Paneleros de Ricaurte (Asopari), afirma que “lo que han hecho siempre los alcaldes es botarles un viaje de piedra y tierra a las vías terciarias, que luego quedan olvidadas por cuatro años”. El arreglo de las carreteras es un asunto primordial para la comunidad. En ese contexto se adelantaron varias reuniones en las que los campesinos decidieron lo más urgente: el mejoramiento de los 2,5 kilómetros que comunican el casco urbano de Ricaurte con un trapiche comunitario que está siendo construido con recursos de la Gobernación de Nariño y de la Alcaldía municipal.
Las vías terciarias tienen gran relevancia en la búsqueda de la construcción de paz en las regiones más afectadas por el conflicto. Muestra de esto es que en el acuerdo final que suscribieron el Gobierno y la guerrilla de las Farc, el Estado se comprometió a implementar un Plan Nacional de Vías Terciarias. Los objetivos: “lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y a los mercados. Además, incidir favorablemente sobre el precio de los alimentos como garantía del derecho a la alimentación y, por último, mejorar el ingreso de la población campesina”.
La paz territorial tiene mucho que ver con parajes como Ricaurte. Además de la falta de vías terciarias, en el municipio, según la Unidad para las Víctimas, residen más de 10 mil personas que han sido afectadas por el conflicto armado. Es decir, que la mayoría de los 18 mil ricaurteños han padecido diferentes hechos victimizantes. Las afectaciones más denunciadas son el desplazamiento (8.495), seguido de los actos terroristas (992) y de los homicidios (465).
En ese contexto, un proyecto de la Unidad Especial del Servicio Público de Empleo y del Ministerio del Posconflicto, que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), les ha permitido a los campesinos de San Pablo soñar con la solución de una pequeña parte del problema.
Los 2,5 kilómetros que comunican el trapiche comunitario con el casco urbano del municipio empezaron a ser mejorados. Para esto, un grupo compuesto por doce mujeres y ocho hombres fue capacitado durante un mes para que ellos mismos pudieran hacer el mejoramiento de ese tramo.
Los materiales para empezar con la construcción debían llegar el 28 de noviembre de 2016, por lo cual las 20 personas que iban a empezar la obra se dieron cita a las dos de la tarde en el trapiche comunitario. Todos, ansiosos y entusiasmados, portaban sus uniformes limpios y nuevos. Los cascos brillaban ante el mínimo vestigio de luz. A las tres supieron que los materiales no iban a llegar y se devolvieron a sus casas. En Pasto estaba parqueado el camión con lo que necesitaban.
La desazón fue pasajera, porque el 30 de noviembre llegaron los materiales y la obra empezó. Los campesinos, sin embargo, siguieron capacitándose para que la labor que están realizando perdure. El 12 de diciembre recibieron la certificación técnica de sus estudios por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). Si todo sale como está planeado, la obra va a ser inaugurada el 10 de febrero del 2017.
El mejoramiento de la vía generará condiciones favorables para la comercialización de la panela. Los campesinos de Ricaurte ya empiezan a soñar con expandir los destinos de su producto, ya que el trapiche comunitario cumpliría con las condiciones exigidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) para recibir la certificación.
Los labriegos piden que el apoyo continúe para que sea posible arreglar los 17,5 kilómetros de vías restantes que intercomunican distintos puntos de la vereda. De eso depende, por ejemplo, que los niños tengan mejores condiciones para asistir a clases en las escuelas.
Otras demandas
Hay problemas que no se van a solucionar con el mejoramiento de la vía. Entre los campesinos hay un secreto a voces: cada semana un solo trapiche quema en promedio 400 llantas de automóvil para cocinar el melado en recipientes metálicos que deben estar expuestos a temperaturas muy altas.
Es tal la dependencia que tienen de este proceso que, como nos dijo un campesino de la región, prefieren pagar las multas que les impone la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) por contaminación ambiental, antes que dejar de quemar llantas.
El bagazo de la caña es una opción para renunciar a la quema de llantas. No obstante, la falta de tecnificación de los trapiches hace que ese sistema no sea eficiente.
La solución existe, pero requiere apoyo. Los trapiches con hornos tecnificados generan más calor con menos combustible, lo que permitiría completar el proceso de producción de la panela solamente con el bagazo de la caña.
Las cuentas de los campesinos de la región señalan que la tecnificación de un trapiche costaría unos 50 millones de pesos, por lo cual piden apoyo estatal para poder detener el daño ambiental.
Otro de los aspectos en que las autoridades deben poner atención son las garantías de no repetición. En Ricaurte comentan que el Eln pretende ocupar los espacios que está dejando las Farc. Además, en los últimos meses han circulado panfletos que anuncian “limpieza social” contra consumidores de droga, borrachos y ladrones. Además, los pobladores han visto a personas vestidas de negro, encapuchadas y armadas, que rondan el pueblo en las noches.
Las minas antipersona constituyen otro problema. En el municipio, 103 personas han caído en estos artefactos explosivos. Las autoridades civiles y los habitantes aseguran que es muy probable que en la zona rural todavía haya minas sin explotar que en cualquier momento pueden ser pisadas. Quienes más riesgo corren son los 14.534 indígenas awás que viven en el municipio y están organizados en 11 resguardos, territorios donde la guerra se sintió con más fuerza.
Los 2,5 kilómetros que van a ser mejorados por estos campesinos vestidos de obreros fueron escenario del más reciente hecho de violencia en el municipio. A escasos 10 metros del punto donde comienza la obra, estalló el pasado 12 de noviembre un artefacto de bajo poder que generó daños en el Oleoducto Transandino. En la región se rumora que el atentado fue obra del Eln. Es por esto que Ricaurte mientras es un motivo de esperanza para los campesinos, a la vez es una prueba para el Estado de hacer presencia en los territorios que abandona la guerrilla de las Farc.