Briceño, un municipio de 8.000 habitantes en el norte de Antioquia, es conocido como un "Laboratorio de Paz" y como tal se supone que sería un ejemplo para el resto del país. Fue aquí, con un legado de 35 años de presencia guerrillera, que el Gobierno y las Farc comenzaron en 2015 un programa de desminado humanitario, su primera colaboración como parte de las negociaciones del acuerdo de paz firmado en La Habana (Cuba).
Fue aquí que, con mucha fanfarria y una visita del entonces presidente Juan Manuel Santos, lanzaron en 2017 el programa piloto de sustitución de coca, negociado en los acuerdos de paz. Briceño llegó a tener una dependencia económica de la coca del 90% pero los campesinos arrancaron voluntariamente más del 99% de sus matas, confiando en un programa de sustitución que prometía subsidios económicos y proyectos productivos para ayudarles en la transición a la agricultura lícita. Y fue aquí, el 21 de febrero pasado, donde centenares de campesinos tomaron las calles en una marcha pacífica para protestar por el incumplimiento del Gobierno—un incumplimiento que ha conducido a un colapso económico y a un desplazamiento rural masivo.
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Yaned Holguín, lideresa y madre soltera de la vereda de Chirí, quien viajó tres horas hacia la zona urbana para unirse a la marcha, entró emocionada al programa de sustitución. Todo con el fin de reemplazar sus cultivos de coca por cultivos de cacao. En junio de 2017, recibió su primer pago de un subsidio de un año, destinado para sostenerla mientras sembraba sus nuevos cultivos, e inmediatamente arrancó su coca, esperando tres etapas de proyectos productivos. Y (como todos en Briceño) esperó. Por fin, en octubre de 2018, recibió árboles de cacao pero sin los insumos, abono, y herramientas que necesitaba, y que le habían prometido, para sembrarlos. Yaned tuvo que pedir un préstamo para comprar lo que necesitaba y no perder las plantas. Han pasado 32 meses después de que arrancó su coca, todavía sigue en la espera de la mayoría de los proyectos productivos que le fueron prometidos.
“Los campesinos nos sentimos engañados por el Gobierno porque cuando llegaron a nuestras veredas con una propuesta para sustituir nuestros cultivos de coca por cultivos lícitos, nos ofrecieron un sin número de cosas,” dice Yaned y agrega: “Pero todo se nos ha ido en sueños. Ahora estamos más pobres que antes porque ya no tenemos de donde sacar ingresos, la platica que nos dieron en efectivo nos tocó gastarla en alimentación, los proyectos productivos nunca se han visto, las veredas se están quedando solas porque no hay empleo y los campesinos están aguantando hambre”.
Genaro Ruiz, presidente de la Comisión Municipal de Planeación Participativa, resalta que como parte del programa de sustitución, campesinos y funcionarios del Estado firmaron acuerdos estipulando cuándo los proyectos productivos se entregarían. El primer y segundo nivel de proyectos, de 1.8 millones y 9 millones de pesos, serían entregados durante el primer año, y el tercer nivel, con un valor de 10 millones, estaría programado para entregar al principio del segundo año. En realidad, después de un año y dos meses, entregaron el primero y más barato nivel de proyectos para huertas caseras. Más de dos años y medio después de que la sustitución de coca empezó en Briceño, la mayoría de los beneficiarios han recibido poco o nada de los proyectos productivos más grandes y con los cuales esperaban estabilizar su economía. “La comunidad sí le respondió al Gobierno” dice Genaro, “mas el gobierno no le está respondiendo a la comunidad”.
El resultado, según líderes de la comunidad, ha sido un colapso económico, y por falta de empleo estable, un desplazamiento masivo. Carlos Andrés Pérez Guzmán, presidente de la vereda El Morrón, dice que las veredas más aisladas están llenas de casas abandonadas: “La economía está quebrada, y se está volviendo un campo fantasma”. Él enfatiza que sin los proyectos productivos prometidos, el territorio se quedará más solo.
Tras una economía rural estable
Mauricio Quiróz tiene una risa contagiosa y una forma de ser amigable, que de inmediato genera tranquilidad. Es presidente de la vereda La América, cuya población se ha reducido a 35 familias, después de tener más de 100, antes de que llegara el programa de sustitución. Mauricio dice que casi 20 años de trabajo le dieron la posibilidad de comprar la finca donde vive con su esposa y tres hijos. Empezó a trabajar en jornales recolectando coca, antes de juntar suficiente dinero para administrar sus propios cultivos, primero en tierra arrendada y finalmente, también, en finca propia. Lo tradicional del arrendamiento de tierras, es que el cultivador paga el 10% de sus ganancias al dueño del predio, razón por la cual, hombres jóvenes como Mauricio, lograron conseguir terrenos y mejorar su solvencia económica. Aunque la coca era tradicionalmente una actividad económica dominada por hombres, también les daba trabajo a las mujeres que cocinaban para cocaleros, y creó un comercio de alimentos en las veredas. El empleo constante de la coca significaba que muchas personas estaban demasiado ocupadas para cultivar sus propios alimentos. La coca da entre cuatro y cinco cosechas al año. Mauricio dice que cuando sus cultivos no estaban en cosecha, alguno de sus vecinos si estaba y necesitaba mano de obra para recolectar. En contraste, los árboles de café, que ahora cubren la finca de Mauricio, ofrecen solamente una cosecha al año entre los meses de octubre a diciembre.
La oferta estable de trabajos es una de las comparaciones que excocaleros hacen, cuando hablan de los retos de la transición a la agricultura lícita. Otra, tiene que ver con la fácil comercialización de la coca. Un kilo de base de coca, que vendían entre 2.1 y 2.5 millones de pesos, puede ser fácilmente transportado en un morral para entregarlo a los compradores. Los productos agrícolas alternativos de la zona—maíz, plátanos, fríjoles, cacao y café—son más pesados y tienen menos precio en el mercado, generan costos de transporte que pueden sobrepasar los precios de venta, y muchos ni siquiera se pueden vender en Briceño. Líderes campesinos dicen que no solamente necesitan proyectos productivos, sino también mejoramientos de infraestructura para poder vender sus productos: vías, un centro de acopio, y rutas de comercialización garantizada.
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A pesar de las ventajas claras de la coca, los líderes de Briceño dicen que volver a sembrarla no es una opción atractiva por la violencia que generaba en Briceño. El pueblo ha sido un territorio disputado entre las Farc y grupos paramilitares desde finales de los años 90, mayormente según información recolectada por los autores, por sus recursos naturales (en particular el agua y el oro), la producción de la coca y su ubicación estratégica por rutas de narcotráfico que conducen al Golfo de Urabá y a la frontera Panameña.
La sutitución a nivel nacional
A pesar de sus dificultades, Briceño es el municipio donde el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito (PNIS) más ha avanzado a nivel nacional. En principio se impulsó, junto a Briceño, en San José del Guaviare, Tibú, Tumaco y Puerto Asís, pero luego, cientos de organizaciones de 13 departamentos solicitaron a la Presidencia de la Republica su inclusión. En efecto, se suscribieron pactos que cobijaron a 132.000 familias campesinas y posteriormente el Gobierno estableció que dichas familias debían firmar acuerdos una a una. De esta forma 99.970 familias se acogieron individualmente al PNIS. En ese marco se acordó que en un plazo de dos meses arrancaran la coca que tuvieran. A la fecha más de 40.000 hectáreas de coca fueron arrancadas voluntariamente, “sin disparar un solo tiro” dice Carlos Coy, diputado del Guaviare.
La oficina de la ONU contra las drogas (ONUDC) verificó en los predios campesinos el cumplimiento de su palabra. Efectivamente, en aquellos lugares donde el programa avanzó las familias cumplieron su parte. En su último reporte dicha oficina asegura que visitó más de 100 fincas que después de dos años y medio no han vuelto a tener tales cultivos. De acuerdo al reporte SIMCI de la ONU, los cultivos se redujeron en San José del Guaviare en más de 2.000 hectáreas y en Tumaco en casi 4.000 hectáreas, lo que ha llevado al campesinado a decir que la coca se redujo por su esfuerzo. Todo lo contrario de lo que ocurre con la erradicación forzada. La resiembra en los predios de sustitución voluntaria es del 0,4%, mientras que en los casos en que se usa la fuerza es superior al 45% y cuando la erradicación fue con fumigación aérea la resiembra fue superior al 80%. Estas cifras concuerdan con la experiencia de Briceño, donde campesinos experimentaron varias campañas de erradicación y fumigación que, sin inversión estatal en economías alternativas, no les dejaron ninguna opción sino volver a sembrar la coca.
Pero, también acorde con lo que está pasando en Briceño, los números muestran las debilidades del programa PNIS. A la fecha los pagos convenidos para sostenimiento en los pactos no han llegado a todas las familias inscritas; solo una tercera parte ha recibido los proyectos de seguridad alimentaria de $1.800.000; no todos recibieron asistencia técnica agropecuaria y apenas 476 llegaron a la etapa de proyecto productivo de ciclo corto (estadística que se presenta en Briceño con los proyectos de café). Eso sin contar el hecho de que los Subsidios de Reforma Agraria para adquirir tierra no llegaron a familias sin tierra al parecer por falta de recursos de la Agencia de Tierras. Pero el gobierno de Duque cerró las puertas a nuevas inscripciones en territorios donde el PNIS nunca se hizo presente, por ejemplo en parques naturales, resguardos indígenas o comunidades negras, entre otros. Adicionalmente, el Gobierno sacó del proceso a la ONUDC, quiere crear un nuevo programa de sustitución que aún no se sabe como será, y alega que no tiene recursos para cumplirle a tiempo a todas las familias inscritas, culpando siempre a la administración anterior de las fallas del PNIS.
Y tristemente, aunque el glifosato está prohibido en las leyes de 18 países y que la Unión Europea está discutiendo su prohibición incluso en la agricultura comercial, el gobierno del presidente Iván Duque pretende revivir el fracasado programa de fumigaciones aéreas con ese agrotóxico, con lo cual convertiría al país en el único del mundo en hacerlo actualmente con ese propósito y agravando la ya difícil situación humanitaria que padecen las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes del país.
Salvando la sustitución
El 21 de febrero, los briceñitas reafirmaron su apoyo por la idea de sustitución al tomarse las calles para protestar contra la manera en que el programa ha sido implementado en Briceño. En el contexto de un clima nacional donde la sustitución ha sido criticada y el gobierno está promoviendo la fumigación y erradicación forzosa de cultivos de coca, líderes campesinos saben que lo que pase con el programa de sustitución en este pueblo es de alta importancia. Richard Patiño, el presidente de ASOCOMUNAL (Asociación de Juntas de Acción Comunal), uno de quienes estuvo en la protesta, señala que en Briceño los campesinos voluntariamente arrancaron más de 500 hectáreas de coca en un tiempo record: “en menos de dos meses erradicamos la coca en nuestros territorios y de nuestras vidas”. Richard y otros líderes tienen años de experiencia en fumigación y erradicación, experiencia que les muestra que estas respuestas coercitivas a la coca solo conducen a más pobreza rural, más desconfianza en el Estado y eventualmente, la resiembra de la coca por campesinos desesperados sin mejores opciones económicas. “La sustitución,” dice Richard, “es el único método efectivo para la terminación de los cultivos de uso ilícito en el territorio, y para la erradicación de la extrema pobreza”. Mientras que Colombia busca terminar décadas de conflicto y narcotráfico, él y otros líderes todavía guardan la esperanza de que la ayuda gubernamental prometida llegue, y de que Briceño pueda volver a ser Laboratorio de Paz, un ejemplo para todo el país. Pero esto depende de que “el Gobierno haga su parte”, como dice Richard.
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*Universidad de Texas.
**Corporación Viso Mutop.