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La captura de Nicolás Maduro, tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, parece reconfigurar el tablero de paz y seguridad en la frontera colombo-venezolana. Más allá del impacto político, diplomático y regional, el nuevo escenario añade una presión directa sobre la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro, especialmente en dos territorios donde confluyen las economías ilegales, el control territorial y las negociaciones: Catatumbo y Arauca.
En ambos casos, los actores armados con presencia —el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, en particular el frente 33— se convierten en variables aún más difíciles de contener en un contexto de confrontación geopolítica abierta y de alta incertidumbre.
La preocupación del Gobierno empieza por el Catatumbo, que incluso antes de los ataques de Estados Unidos al vecino país ya cocinaba una tensión creciente por la intensificación de los combates entre el ELN y el frente 33.
En esa región de Norte de Santander, el Gobierno Petro —y en particular la delegación encargada de negociar con esa disidencia— tiene una apuesta política clave para mostrar avances concretos y verificables de la paz total en uno de los territorios históricamente más golpeados por el conflicto: la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para el frente 33, un lugar destinado para el desarme y la transición de los combatientes a la vida civil.
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Hasta ahora, ese proceso de paz con ese grupo armado había logrado mantenerse a flote pese a episodios que generaron fuertes cuestionamientos, como las filtraciones del computador de Calarcá Córdoba o el retén en Anorí donde no solo se hallaron esos computadores, sino a varias personas con órdenes de captura vigentes siendo transportados en carros de la Unidad Nacional de Protección.
Sin embargo, la confrontación armada entre ambos grupos, sumada al nuevo escenario de tensión internacional en la frontera, ha elevado de forma significativa los riesgos de seguridad y reducido aún más los márgenes de maniobra del Estado.
Este contexto geopolítico, según la analista y subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla, transforma la capacidad del Estado para sostener diálogos de paz en la frontera. “Esto altera toda la maniobra de negociaciones y pone una presión que antes no teníamos”, señala y explica que el actual escenario marca un giro frente a la postura que históricamente mantuvo Estados Unidos durante el proceso de paz con las FARC.
Bonilla advierte que el cambio es estructural: “Esto es un cambio completamente contrario. Es un estudio de real politik que dice: muéstreme resultados, no me importa cómo los consigas, y no te voy a dar un centavo para ayudarte en esto”. En ese marco, sostiene que los diálogos con los grupos armados pierden respaldo externo: “Las negociaciones de paz no son nada populares para este tipo de estrategia y (el presidente Donald) Trump ha sido muy claro en ello”.
Lo que ocurre en Venezuela golpea, entonces, de frente con el último margen que tenía el Gobierno Petro para mostrar avances en la política de Paz Total que tanto ha criticado Washington. Para Jorge Mantilla, experto en crimen, seguridad y conflicto, es “improbable que un proceso de paz total se arraigue territorialmente en un contexto de confrontación militar y de inestabilidad creciente, como la que se perfila en la frontera”.
Ante ese panorama, Mantilla considera posible que el ELN y otros grupos armados con presencia en la zona fronteriza opten por esperar tanto el desenlace del escenario político venezolano como los resultados electorales en Colombia antes de definir si avanzan o no en una negociación real.
En ese contexto, la propuesta de instalar una Zona de Ubicación Temporal para el frente 33 —pieza central del proceso que sigue activo y en general un punto clave para el Gobierno para los últimos meses de su paz total— queda prácticamente en suspenso. Si antes no existían garantía de seguridad, confianza territorial ni consenso político para materializarla, la guerra en la frontera parece terminar de cerrar esa ventana.
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Para Bonilla, insistir en esa figura implica, además, riesgos estratégicos: “Si antes no había condiciones, ahora menos y hay más riesgos”, y agrega que forzarla podría significar “meterse en una confrontación innecesaria y poco estratégica en este momento con los Estados Unidos”.
La presión no proviene solo del contexto internacional, sino también del ELN, que ha buscado frenar la consolidación territorial del frente 33 y mantener su hegemonía armada en la zona. Esa disputa intergrupal se traduce en mayores obstáculos para cualquier arquitectura de paz y en más violencia para las comunidades.
ELN, ¿el más beneficiado?
Reynell Badillo, investigador y estudiante del doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Chicago, sostiene que el mayor impacto del escenario venezolano se sentirá en el conflicto armado en Colombia y no tanto en las negociaciones. A su juicio, la Política de Paz Total “ya prácticamente no incluye al ELN”, un grupo que no ha mostrado ninguna voluntad de avanzar en las negociaciones.
Desde ese enfoque, Badillo plantea dos escenarios. El primero es una transición política en Venezuela que saque al ELN o le retire su respaldo. Esto podría afectar a la guerrilla, al hacerle perder “ese carácter estratégico binacional y su capacidad de retaguardia”. No obstante, advierte que también existe el riesgo de que el grupo se reconfigure como una guerrilla “antiinvasión” en territorio venezolano y encuentre nuevos incentivos para fortalecerse.
La segunda posibilidad es la continuidad de un régimen similar al actual, incluso con un relevo político. En ese contexto –señala Badillo– no se verían muchos cambios y el ELN mantendría a Venezuela como su principal retaguardia estratégica. En todo caso, el investigador subraya que mientras no cambie el nivel de protección que las Fuerzas Armadas venezolanas le brinden a esa guerrilla, el impacto en regiones como el Catatumbo sería limitado. “Con o sin Maduro, han estado yéndose hacia Venezuela y regresándose”.
Todo ese escenario regional, lejos de presionar al ELN hacia una salida negociada, parece fortalecer su posición. Bonilla es tajante: “El ELN está feliz, además, ellos no van a intentar de ninguna manera negociar en este momento”. En su lectura, la organización se mueve con comodidad en un entorno de confrontación internacional y con acceso a nuevos respaldos. “Es un ELN que ya tiene acceso a Rusia, que ya tiene acceso a Irán, que ya tiene acceso a otros países en un marco geopolítico”, lo que vuelve la frontera colombo-venezolana “superporosa”.
La dinámica que plantea la investigadora tiene efectos directos sobre las disidencias. A diferencia del ELN, Bonilla considera que el frente 33 enfrenta un escenario adverso: “Yo creo que a las disidencias del frente 33 específicamente les va a ir muy mal”, debido a su confrontación abierta con el ELN y a su limitado peso estratégico en un tablero regional cada vez más polarizado.
En Arauca, donde el ELN mantiene una hegemonía histórica, el margen del Gobierno es aún más estrecho. “En Arauca yo creo que es fortalecer frontera y resistir lo que más se puede dar, porque ahí sí no hay nada más que hacer, el ELN tiene un control muy fuerte”, afirma Bonilla. A su juicio, la situación obliga al Estado a revisar si la estrategia vigente funciona: “Llevamos ocho años con el mismo tipo de estrategias militares bajo Duque y bajo Petro, y no funciona”.
El factor venezolano introduce una variable que la paz total no controla: la dinámica geopolítica. Una frontera más vigilada, con mayor presencia armada y riesgo de incidentes internacionales, reduce los espacios de maniobra para acuerdos graduales, silenciosos y territoriales, que han sido la apuesta central del Gobierno Petro.
Así, la paz total entra en una de sus fases más complejas pues requerirá sostener procesos de negociación en medio de una frontera convertida en escenario de confrontación internacional y territorios donde la violencia sigue estando vigente.
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