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El cese al fuego bilateral por seis meses que entró en vigor el pasado 3 de agosto no solo es el mayor avance que han tenido las negociaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del ELN, sino una esperanza nunca antes vista en los diálogos e intentos para desmovilizar a este grupo armado en toda la historia.
Ahora, bajo un acuerdo que parece serio y con reglas claras para detener los enfrentamientos entre tropas, Colombia está ante un momento en el que las muestras de buena voluntad y el cumplimiento de palabras pueden marcar el rumbo del proceso con menos pasos en falso de la Paz Total de Gustavo Petro.
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Lo que más ha preocupado tanto al Gobierno como a analistas es qué tanto van a acatar el cese al fuego las estructuras del ELN. En los casi 60 años de existencia de esa guerrilla se le ha visto como un grupo armado “federado” y cuya organización -distinta a la verticalidad de otras guerrillas como las extintas FARC- suele darle prioridad a la autonomía de sus frentes. Eso se suma a los al menos cinco paros armados que ha hecho la estructura que opera en el Chocó, una de las que ha mostrado más resistencia a las negociaciones.
Sin embargo, durante los últimos días la delegación del ELN ha dado a conocer distintos comunicados de cinco grandes brazos armados de esa guerrilla (los frentes de guerra Oriental, Norte, Urbano Nacional, Occidental y Nororiental) con un mensaje común: un cierre de filas alrededor del cese al fuego y un apoyo manifiesto para que ese acuerdo bilateral con el Gobierno marche.
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El primer comunicado se dio a conocer el pasado 2 de agosto, y provenía del frente Oriental, históricamente posicionado en Arauca, Casanare y Boyacá, y una de las estructuras armadas más grandes del ELN. Ese frente fue el responsable del atentado terrorista a la Escuela General Santander, el 17 de enero de 2019, en el que murieron 23 personas y por el que el presidente Iván Duque terminó las negociaciones que había iniciado Juan Manuel Santos, meses antes.
Mediante una misiva, ese frente, también conocido como ‘Manuel Vásquez Castaño’, saludó el acuerdo al que llegó su delegación de paz con el Gobierno Nacional. “Asumimos el compromiso con el cese al fuego bilateral nacional temporal […]”, se lee.
Ese mismo día, el frente de guerra Urbano Nacional (conocido también como el frente ‘Camilo Torres Restrepo’) se refirió a la instalación del Comité Nacional de Participación; instancia de alta importancia para la inclusión de sociedad civil en las negociaciones de paz con el ELN, y dijo que respetaría el cese al fuego bilateral. “Todas nuestras unidades guerrilleras que hacen presencia en las ciudades de Colombia se disponen al cumplimiento de lo orientado (frente al cese al fuego) y a cesar toda operación ofensiva contra las Fuerzas Armadas del Estado colombiano, dando cumplimiento a los protocolos acordados por nuestra delegación”, agregaron.
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Ese frente también autodenominado como ‘Camilo Torres’, posicionado con milicianos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga y Popayán, nació en el IV Congreso del ELN en 2006 y desde ese año se han caracterizado por instalar artefactos explosivos en esas capitales, atribuyéndose más de 30 atentados, de los cuales el más reciente fue el pasado 2 de julio cuando detonaron una bomba en inmediaciones a una estación de policía de Villa del Rosario, Norte de Santander.
Siguiendo con los mensajes de acatamiento al cese al fuego, el frente de guerra Norte de esa guerrilla indicó en un comunicado que apoya al cese al fuego y, además de cuestiones similares expuestas por los otros frentes, fue el brazo armado que más destacó el hecho de incluir a sociedad civil en las instancias de negociación. “Estamos firmes en el cumplimiento del cese al fuego, como fue acordado en todos sus protocolos. Con esto queremos que se ejecuten alivios humanitarios para el pueblo que sufre los rigores del conflicto armado”, manifestó ese frente.
El frente de guerra Occidental, sembrador de terror en el Pacífico colombiano, principalmente a lo largo del Atrato, el Darién y el Urabá chocoano, alentó el cumplimiento del cese al fuego, pero fue el único brazo armado de los que apoyaron este pacto que contempló en sus líneas la posibilidad de accionar si el cese al fuego no se llegase a cumplir a cabalidad.
En el comunicado, los altos mandos del frente ordenaron a “todos los mandos militantes y combatientes pertenecientes a nuestro frente, guerrilleros y compañías a parar las operaciones militares ofensivas […] Cualquier violación o infracción al cese al fuego debe ser informado a la comandancia del frente de guerra y se tramitará a través de los mecanismos de monitoreo y verificación”, escribieron.
Por último, el frente de guerra Nororiental dijo que el cese al fuego bilateral temporal les reafirmará su compromiso “con la solución política al conflicto social, político y armado que vive Colombia”. Agregando que acatan las orientaciones que vengan desde el COCE (Comando Central, y máxima instancia del ELN) y que los involucre con la participación de sociedad civil en los diálogos.
Hace unos días, en entrevista con Colombia+20, Pablo Beltrán, segundo al mando del ELN y jefe de la delegación en las negociaciones de paz, también se refirió al acatamiento del cese al fuego de los frentes de esa guerrilla. Dijo que aunque aun algunos miembros del grupo armado tienen interrogantes, la instrucción ha sido una para todos. “Yo acabo de venir de consultas con varios frentes, les explicamos los protocolos, los acuerdos. Hubo preguntas, discutimos, tienen interrogantes, ven amenazas, etc. Pero después de que todo esto, se discute y se concluye y esas son las instrucciones que trae la delegación y son únicas. Una cosa es que haya diversidad y otra es que haya dos líneas”, dijo.
El apaño a este proceso, que ha estado encabezado por comunidad internacional y agentes de cooperación, fue ratificado por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, instancia que acompañará en Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) junto con la Conferencia Episcopal y los países garantes y acompañantes.
El MMV, con vigencia hasta el 27 de enero de 2024, tendrá a cargo la coordinación con organizaciones sociales, que conforman una veeduría social para fortalecer el monitoreo al cese al fuego bilateral.
Aunque la sede nacional del mecanismo será Bogotá, tendrá nueve sedes regionales en Arauca, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Pasto, Quibdó, Soacha y Valledupar. También contará con 22 instancias locales que funcionarán en parroquias o en oficinas de la Misión de la ONU, para mantener contacto con las poblaciones y cumplir la veeduría social del proceso.