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Extensión del cese al fuego con ELN se debería definir este lunes en Cuba

Las partes llevan seis días de duras negociaciones sobre las condiciones de la prórroga, cuya vigencia vence esta medianoche. La prolongación es clave para llegar a acuerdos sobre temas sustanciales como la dejación de armas y el fin del conflicto.

29 de enero de 2024 - 01:09 p. m.
Extensión del cese al fuego con ELN se debería definir este lunes en Cuba

El punto crucial del sexto ciclo de negociaciones que empezaron, el martes pasado, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en La Habana (Cuba) será decidir la prórroga del cese al fuego y su tiempo de extensión, cuya vigencia se cumple este lunes.

Aunque desde el quinto ciclo, que terminó en diciembre con seis acuerdos, quedó estipulado que la ampliación del alto al fuego se haría extensiva desde el martes 30 de enero, las delegaciones trabajan para acordar sus condiciones. Hasta ahora la continuidad del cese seguía en el limbo. Fuentes cercanas al proceso afirman que, aunque hay voluntad para la prórroga, las negociaciones han sido intensas. De hecho, el domingo seguían las reuniones.

Además: Diálogos con ELN: los desafíos del sexto ciclo de conversaciones de paz en Cuba

Un hecho que abrió la expectativa fue la visita a La Habana, este fin de semana, del ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien ha apoyado la apuesta de paz total del Gobierno, pero también ha sido crítico sobre la voluntad de negociación tanto del ELN como de la disidencia de las antiguas FARC conocida como Estado Mayor Central (EMC), el otro grupo con el que se lleva un proceso de paz.

Aunque fue un encuentro más protocolario que de fondo, según dicen fuentes enteradas, el ministro aseguró en la plenaria que fue una reunión “realmente provechosa para todos sobre los avances del proceso y frente a eventuales situaciones en las que haya necesidad de una intervención especial”, según informó la delegación de Gobierno.

Su participación se dio apenas 48 horas antes de que concluya la vigencia del cese, que empezó el pasado 3 de agosto y es el más largo en 30 años de negociaciones que lleva esa guerrilla con varios gobiernos.

Según explica Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, quien ha acompañado procesos de paz con esta guerrilla desde la década de 1990, la prórroga del cese al fuego “permitirá que efectivamente los procesos de participación social en los territorios se puedan adelantar sin mayores contratiempos y con seguridad para la población. Además, ayuda a construir relaciones de confianza entre las partes enfrentadas (y ese es un punto en el cual hay que avanzar mucho, porque tanto de parte del ELN como de la fuerza pública hay críticas contra el otro bando). El experto asegura que la extensión también es crucial para avanzar en las bases de un cese del fuego definitivo.

Para Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), uno de los efectos más importantes de extender el alto al fuego es la disminución de la violencia. “La idea de los ceses es llegar a acuerdos para detener la violencia por períodos cortos, pero con la expectativa de un camino para el cese de la violencia en términos generales”.

Por ahora, lo que está en discusión en este ciclo, que se prevé acabará el 6 de febrero, es en qué condiciones se prorrogaría el acuerdo. Esos detalles incluyen al menos dos cuestiones claves: los secuestros y el espinoso tema de la financiación.

El rifirrafe sobre el cese al fuego

Sobre el primer punto, aunque el cese al fuego ha mostrado una reducción de la violencia, también ha tenido varios episodios que ponen en dudas el proceso, el más significativo fue el secuestro por parte del ELN de Manuel Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, del Liverpool, perpetrado el 28 de octubre del año pasado.

El hecho se subsanó con la liberación de Díaz y arrojó otro de los resultados más palpables del proceso: el anuncio de la suspensión del secuestro con fines extorsivos el pasado 17 de diciembre, durante el quinto ciclo de diálogos.

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Pero para el Gobierno ese anuncio debe ser más concreto. El presidente Gustavo Petro ha pedido que se aterrice el compromiso del grupo ilegal de liberar a las personas secuestradas. Según cuentas del Ejecutivo, al menos 26 personas siguen en poder de esa guerrilla. De acuerdo con una fuente en la mesa, hasta ayer la liberación de los rehenes seguía en la lista de pendientes por abordar, pues la prioridad de los primeros días ha sido llegar a un acuerdo para extender el alto al fuego.

La expectativa es tal que la semana pasada, por cuenta de unas declaraciones del alto comisionado para la Paz (antes jefe de la delegación de Gobierno en ese diálogo), Otty Patiño, se especuló que las partes habían llegado a un trato para prorrogar el acuerdo por seis meses más. No obstante, desde Cuba ambas delegaciones lo desmintieron. El viernes, Antonio García, máximo comandante del ELN, se volvió a referir al tema y dijo que “se trataba de puros cuentos del alto comisionado” y que “en la mesa de conversaciones aún no se ha evaluado” el tema.

Un día después, en su cuenta de X (antes Twitter), la delegación de la guerrilla dijo que se necesitaba una “evaluación profunda y sin afanes” sobre esa extensión y argumentaba que esto se debería dar porque, según ellos, las operaciones contra el ELN no han cesado e incluso denunciaron connivencia de otros grupos con la fuerza pública.

“Las operaciones paramilitares contra el ELN en algunas regiones son el Clan del Golfo y en otros las disidencias, ambas en conjunto con el Ejército”, afirmó Pablo Beltrán, jefe de la delegación de la guerrilla.

El ELN también advirtió que la prórroga es “muy importante” para que pueda continuar el proceso de participación de la sociedad civil en el proceso. En efecto, algunas de las actividades programadas con gremios y sectores a través del Comité Nacional de Participación no se han retomado aún.

Fuentes cercanas a la guerrilla le dijeron a este diario que el ELN ha planteado en las reuniones al menos cuatro temas en la discusión del cese al fuego. Uno de ellos sería lo que el grupo armado denomina la “ofensiva paramilitar”. El otro sería el de ataques y operaciones de inteligencia a estructuras y mandos durante el cese; también los despliegues ofensivos y el tema de las zonas críticas. Este último fue acordado también en el ciclo de México y tiene que ver con los territorios donde se aplicarían alivios humanitarios y transformación territorial.

Por ahora, el cese al fuego prohíbe acciones ofensivas en contra de la contraparte y cualquier acción no permitida por el derecho internacional humanitario (DIH), pero el Gobierno quiere, según Vera Grabe, jefa negociadora del Gobierno, “que se incluyan acciones violatorias más allá del secuestro”.

El ELN, por su parte, pide mayores “garantías” de que el cese mejore las condiciones de vida y los derechos humanos de la población civil, algo que, según la guerrilla, no se ha logrado por otros grupos armados y esa supuesta unión con el Ejército.

Sobre la financiación, el acuerdo 21 dice que se van a crear las condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México, pero “ligadas a la financiación del proceso de paz y del cese al fuego”. Eso quiere decir que no se trata de dar dinero al ELN —que no se podría hacer al ser considerada por algunos países una organización terrorista—, sino que la búsqueda y entrega de recursos son para actividades del proceso de paz.

Grabe ya había se había pronunciado a este diario en ese sentido. “La comunidad internacional está dispuesta a aportar, pero siempre y cuando sean acciones de paz, que signifiquen la transición del ELN hacia la paz (...) Aquí no se habla de financiación del ELN como fuerza armada. Eso tiene que ser muy claro, y ahí la comunidad internacional es testigo”, dijo.

Sin embargo, para Prada, es crucial que se superen cuanto antes las discusiones sobre estos temas para empezar a hablar de otros asuntos, como la dejación de las armas y la disminución tangible de la violencia. “Las partes han optado por acuerdos para mantener la mesa, pero es necesario que esto muestre más resultados. El ELN ha sido reacio a entender que, más allá de lo que ellos puedan negociar a nombre de la sociedad civil en la mesa, a la sociedad civil lo que le interesa es la reducción de la violencia y la paulatina dejación de las armas. El cese al fuego es un paso hacia ese camino, pero es limitado, por eso hay que entrar en temas que se han ido postergando sobre el futuro del grupo como organización armada”, afirma la investigadora de la FIP.

Además: El detalle de los seis acuerdos a los que llegó el Gobierno y el ELN en México

Un factor clave para abordar esos temas es agilizar el proceso de participación de la sociedad civil. “El proceso está diseñando de tal forma que lo que se va derivando del proceso de participación es lo que se convierte en tema sustantivo para la mesa. Lo que hay que pedir es que las partes avancen rápido en los aspectos procedimentales de la participación para que se recojan las bases en los territorios y ahí empiezan a emerger los temas que las comunidades consideran fundamentales, para pasar a ver cómo se van a definir las respuestas por parte del Gobierno y cuál es el procedimiento para llegar a ello”, asegura el profesor Alejo Vargas.

¿Cómo va el cese al fuego?

De acuerdo con el monitoreo del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), el acuerdo de cese al fuego alcanzado con la guerrilla del ELN en agosto del año pasado contribuyó notoriamente a disminuir el grado de violencia.

“Se mantuvo en un bajo nivel el número de acciones ofensivas atribuidas al ELN en diciembre, con dos acciones”, reportó el CERAC. De hecho, hasta el cierre de 2023, corte del último consolidado del CERAC, iban cuatro meses sin combates entre el grupo guerrillero y la fuerza pública.

Sin embargo, luego de un período de 118 días consecutivos en el que no hubo reporte de muertes en eventos violentos atribuidos al ELN, en diciembre se registró un asesinato de dos personas y un secuestro por parte de esa guerrilla, en acciones que ocurrieron en los departamentos de Chocó y Cauca.

Sobre las acciones con participación del ELN, pero no contra la fuerza pública, en diciembre el CERAC registró cuatro combates entre esa guerrilla y otros grupos armados: dos con el Clan del Golfo en Juradó, Chocó, y dos con grupos disidentes de las FARC en Buenaventura, Valle del Cauca. Producto de los combates fueron asesinados tres civiles, se desplazó forzosamente a 1.340 personas y 150 familias fueron confinada​​s.

Los otros temas a discutir

Una vez superado el tema de la prórroga del cese al fuego, las delegaciones tienen otros temas sobre la mesa.

En cuanto a la participación de la sociedad civil, que ya viene andando a través del Comité Nacional de Participación y de los 53 encuentros que se han hecho desde 2023, se acordó que se deben finalizar las sesiones sectoriales y de territorio. Quedan cerca de 20.

Sobre ese tema se pactó la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de la Red Nacional de Participación. Así mismo, se “ejecutará la más amplia difusión y pedagogía sobre el Plan Nacional de Participación”. Ambas cosas deben empezar a andar.

El otro acuerdo fue la conformación de ocho zonas críticas de acciones humanitarias y de una comisión de la mesa de diálogos para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de esos lugares.

Esas zonas serán Bajo Calima (Valle del Cauca) y Bajo San Juan (Chocó), que fueron los dos primeros lugares donde hubo alivios humanitarios. En ese momento, las delegaciones afirmaron que reconocían la “grave situación de violencia en los territorios” y que por ello “decidieron poner en ejecución un acuerdo parcial de atención de emergencias. En contraprestación a ello, el Gobierno se comprometía a la “atención de emergencia humanitaria a un grupo de presos políticos del ELN.

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Hace un año se realizó la primera caravana humanitaria por esas zonas para conocer las necesidades de las poblaciones. Luego de ello, se entregó un informe a la vicepresidenta Francia Márquez, de lo que se debería desplegar un plan de acciones que aún no se ha hecho.

Ahora se sumarán a esas dos zonas el Nordeste antioqueño, Bajo Cauca, Sur de Bolívar, Nariño, zonas urbanas de Buenaventura donde hay desplazamiento y la región del Naya. La idea es llevar propuestas estatales más concretas.

Por Cindy A. Morales Castillo

Periodista con posgrado en Estudios Internacionales. Actualmente es la editora de Colombia+20 de El Espectador y docente de Narrativas Digitales de la Universidad Javeriana.@cinmoralejacmorales@elespectador.com

Por Julián Ríos Monroy

Periodista y fotógrafo. Es subeditor de Colombia+20 y profesor de cátedra en la Universidad del Rosario.@julianrios_mjrios@elespectador.com

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