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Gustavo Petro y Donald Trump parecen estar obsesionados en distintos niveles y vías con el mismo tema: la paz total. Desde el primer día en la Casa de Nariño, el presidente colombiano ha insistido –y lo sigue haciendo– en esta política con la que intenta negociar y someter al menos a nueve grupos armados, entre guerrillas, disidencias y bandas criminales, sin que por ahora haya avances significativos. Mientras su homólogo estadounidense –que quizá ni siquiera está familiarizado con el término– la califica como un mecanismo que ha facilitado “la impunidad del terrorismo”, pero lo más importante la liga con el aumento de cultivos de uso ilícito y la producción de cocaína que Colombia exporta a su país. Además, sabe que esa política tiene un impacto en la frontera, y hoy Venezuela es su mayor fijación.
En ese complejo tablero es donde cada uno de los dos mandatarios jugarán hoy en Washington sus cartas. El primer encuentro entre los presidentes, antagonistas, pero unidos por sus emocionalidades para comunicarse y hablarles a sus bases, llega atravesado por una agenda nada ligera: Venezuela y su impacto regional, la estrategia antidrogas y el manejo de los cultivos de uso ilícito, así como el deterioro de indicadores que Estados Unidos ha llevado incluso al Consejo de Seguridad de la ONU.
La relación con Venezuela, las dinámicas de frontera que también atraviesan asuntos como el narcotráfico y grupos como el ELN, y el afán de Estados Unidos para asegurar la estabilización en este momento de transición en el vecino país serían los temas prioritarios. De hecho, expertos como Michael Weintraub, director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (Cesed) de la Universidad de Los Andes, afirma que ese será el tema central.
“Lo que quiere Trump por supuesto es poder declarar la victoria en una reunión frente a algunas audiencias domésticas para mostrar su capacidad de negociar, es de siempre es el interés de él. Y además hay otro factor súper importante en este momento que es Venezuela y el rol de Colombia en Venezuela se vuelve cada vez más importante para estabilizar la frontera. Trump va a intentar asegurar esa cooperación para no desestabilizar más la zona en un momento de transición pactada entre Delcy Rodríguez”, explica.
Esa prioridad ayuda a explicar por qué, pese a las críticas abiertas de Trump a la paz total y a la política antidrogas de Petro, Washington mantiene canales abiertos con Bogotá. En el cálculo estadounidense, la necesidad de evitar una mayor desestabilización en la frontera y de contener los efectos de la transición venezolana pesa más que los desacuerdos en otros frentes.
Todo esto ocurre tras una seguidilla de tensiones diplomáticas que ha puesto a prueba una relación históricamente estable y estratégica para ambos países.
La reunión de hoy será, más que un encuentro protocolario, una prueba de hasta dónde está dispuesto el presidente Petro a ceder para preservar una relación clave y hasta dónde Trump aceptará una paz que no encaja del todo en su libreto de mano dura.
Narcotráfico, el principal desencuentro
Ese margen de entendimiento, sin embargo, no elimina el principal punto de fricción entre ambos gobiernos. Mientras Estados Unidos necesita a Colombia como socio clave frente a Venezuela, también endurece su discurso y sus exigencias en materia de drogas.
Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, con más de 261.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca, un récord que supera cualquier dato de los últimos años, y una producción potencial estimada en unas 3.001 toneladas, según mediciones de la Oficina de la ONU para las Drogas y el Delito (UNODC), que Petro ha puesto en duda por su metodología a pesar de 20 años de seguimiento en el país.
Esas cifras récord ayudan a Trump a soportar esa tesis que se une a algo más grave para la Casa Blanca: sin resultados medibles en reducción de cultivos no debería haber negociaciones con grupos armados.
Solo esa afirmación pone a Petro en una posición defensiva –y distinta– frente a Trump. El mandatario colombiano ha querido hacer realidad un cambio en la lucha contra las drogas insistiendo en que el problema es social y que sin alternativas económicas no habrá soluciones duraderas. Petro ha destacado logros como la erradicación de 25.000 hectáreas de coca a través de programas de sustitución, pero expertos señalan que buena parte de esas cifras corresponden a hectáreas registradas, no necesariamente arrancadas o transformadas productivamente, y otra ya estaba incluida en programas anteriores.
Washington ha cuestionado además la manera en que Colombia reporta incautaciones, argumentando que una parte significativa de las toneladas decomisadas en los últimos años se realizó fuera del país, aunque el Gobierno defiende su rol de inteligencia en operaciones multinacionales.
“Lo que van a intentar argumentar Petro, que no me parece necesariamente una buena estrategia, es que el gobierno colombiano sigue comprometido con la lucha contra las drogas, contra la cocaína, y va a intentar mostrar el tema de incautaciones”, dice Weintraub.
Para Trump no es suficiente y su entorno, particularmente el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha cuestionado la eficacia de esos programas y su falta de impacto inmediato.
En ese pulso, Venezuela termina siendo el verdadero punto de gravedad de la reunión. Más que la coca o la paz total, lo que está en juego para Washington es la estabilidad de la frontera colombo-venezolana en un momento de transición política frágil y de alto riesgo regional. Colombia se vuelve un actor indispensable —y observado con lupa— para evitar que ese proceso derive en mayor desorden, flujos criminales o migratorios y expansión de actores armados.
Las concesiones de Petro
Petro, que juega de visitante —una posición que no le es del todo cómoda—, empezó a hacer “puntos” con Estados Unidos desde noviembre pasado cuando, presionado por los reclamos de Washington, dio señales de giro en algunos de los pilares más sensibles de su política de seguridad. El Gobierno reactivó los bombardeos contra estructuras armadas –una herramienta que había sido congelada al inicio del mandato–, avaló operativos con participación de la Fuerza Pública en zonas de alta presencia criminal y abrió la puerta a retomar la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con fumigación aérea, pese a que había sido uno de los símbolos de ruptura con la estrategia antidrogas estadounidense.
Además, retomó la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito con fumigación aérea, pese a que había sido uno de los símbolos de ruptura con la estrategia antidrogas estadounidense. De hecho, lo hizo justamente para mostrar resultados más agresivos ante las críticas de Trump.
El Gobierno también retomó la erradicación con glifosato mediante drones —una herramienta controvertida que había estado vetada por razones ambientales y de salud— precisamente para mostrar resultados más agresivos ante las críticas de Estados Unidos.
Otro de los reclamos tiene que ver con el reclutamiento de menores. En el pasado Consejo de Seguridad de la ONU realizado el 23 de enero, la representante de Estados Unidos criticó la gestión de Colombia.
“Estados Unidos están preocupados por el incremento del reclutamiento forzoso de los niños por organizaciones narcoterroristas y pide al gobierno de Colombia que cumpla con su responsabilidad bajo la protección de la infancia y la seguridad para todos sus ciudadanos”, dijo Jennifer Locetta, representante suplente para Asuntos Políticos Especiales de los Estados Unidos ante la ONU.
El tema de las extradiciones sigue siendo otro eje central. La controversia más reciente gira en torno a la extradición a Geovany Andrés Rojas, Araña, jefe de Comandos de la Frontera. El presidente le dio 10 días para ratificar su compromiso de erradicación, pero pareció más un ultimátum difícil de conseguir. La disidencia de Mendoza, a la que está adscrita los Comandos, respondió que seguía firma con el proceso de paz y con la erradicación de 30.000 hectáreas de coca, pero que se haría en “los términos y tiempos pactados”.
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