Una hamaca colgada entre dos árboles que la noche anterior no estaba. Eso es todo. No hay disparos, no hay amenazas. Tampoco orden de desalojo. Solo la hamaca en el patio y la familia que la ve y entiende que ya no está sola en casa. Los hombres a veces piden permiso para quedarse. Otras, no. Pero en las zonas rurales de municipios como Unguía, en Chocó, donde opera el Clan del Golfo, esa pregunta sobra. De cualquier forma, los armados se quedan en las viviendas y nadie tiene certeza de por cuánto tiempo.
La lideresa María* lo cuenta desde Belén de Bajirá. Antes de hablar mira hacia los lados, aunque en la habitación no hay nadie más. Es un gesto que no necesita explicación en Chocó. Aquí se denuncia en voz baja, con cuidado, o puede haber consecuencias. Cuando vuelve a confirmar que no hay más ojos encima, empieza a narrar lo que pasa en municipios como Unguía y que, para ella, es la prueba más clara de que el control armado del Clan del Golfo no solo persiste, sino que se ha transformado.
“Ellos antes se demoraban mucho para cambiar la estructura, pero ahorita el nuevo plan es rotar cada tres meses el personal dentro del territorio, traer gente de Antioquia o del mismo Chocó. Dicen que después de ese tiempo ya crean vínculo con la gente y no cumplen las órdenes. Cuando llegan a lugares donde dicen que no tienen casa para ubicar a sus ‘puntos’ —como les llaman a los miembros del Clan—, se meten en la casa de una familia. A veces piden el favor. O si no, cuando uno se levanta, ya está la hamaca guindada en el patio. A veces se quedan hasta dos meses”, cuenta.
La denuncia la hizo María desde ese municipio, donde el pasado 24 de abril se desarrolló una mesa humanitaria para hablar sobre los riesgos que ven las comunidades en la negociación que adelanta el Gobierno de Gustavo Petro con ese grupo armado que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) —la estructura armada más poderosa del país. Aunque a la cita habían sido convocados los negociadores del Ejecutivo desde hacía meses, no llegaron a la sesión; una ausencia que fue criticada por las comunidades porque el espacio estaba pensado precisamente para escuchar sus preocupaciones.
Esa “nueva” dinámica del Clan del Golfo, explica Ángela Olaya, directora de la Fundación Conflict Responses, no se hace con armas largas. “Simplemente están en las casas, están participando en el acompañamiento de la economía de una familia desde hace mucho tiempo, van, visitan”, afirma, aunque dice que desconocía la práctica de la hamaca. “Eso es una alerta importante porque esto nos está hablando de una transformación”, añade.
Cuando la guerra se mete en la casa, la línea que marca la maldad del grupo armado empieza a desdibujarse. Hay familias que reciben a los hombres como si fueran una visita providencial: los armados llegan, ven que no hay mercado y mercan; ven que no hay televisor y compran uno. Para una familia sin recursos —dice María— eso se parece demasiado a la bondad. Y esa similitud es lo que vuelve el silencio tan difícil de romper.
“Una persona que esté vulnerable de esa manera y lleguen ellos a brindarles apoyo, son los dioses. Por eso es que ahora hay más silencio: es pasivo-agresivo. Yo me porto bien contigo, te ayudo, te colaboro. ¿Tú después con qué cara vas a decir que son malos? No vas a decir nada. Puedes sentir lo que sea, pero te lo vas a callar”, advierte la lideresa.
Lo que ocurre en estos territorios va más allá de las alertas de la comunidad que incluyen la abierta ocupación de las viviendas, la convivencia forzada y censos disfrazados con entregas de ayudas humanitarias.
Todas esas dinámicas se dan en paralelo del proceso de diálogo y contrastan con los avances reportados por el primer informe que presentó el 21 de abril el mecanismo tripartito (conformado por la MAPP/OEA, el Gobierno y el EGC) —también el primero de los tableros de paz total.
El documento fue cuestionado por líderes sociales por no reflejar lo que sucede en el departamento, especialmente en Unguía y Belén de Bajirá, donde se proyectan dos de las tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) negociadas con el grupo. Esto aumenta la preocupación por las prácticas intimidatorias.
No se trata de una forma de violencia aislada. Es parte de la apuesta del EGC por controlar el territorio y ordenar la vida cotidiana en las zonas donde opera. Según la Base de Acciones del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en 2025 la mayoría de los hechos atribuidos a ese grupo se concentraron en afectaciones a la población civil (38,6 %) y enfrentamientos con otras estructuras armadas (37,6 %).
“El cambio en la dinámica ha sido una estrategia que ha venido desarrollando el ECG con mucha consistencia al menos en los últimos 10 años. Ellos como estructura entendieron desde hace mucho tiempo que cada vez que hay alertas por desplazamiento forzado o por homicidios, eso les generaba muchas denuncias. Entonces, esas transformaciones frente a las formas de victimización son un aprendizaje que este grupo tiene de cara a evitar precisamente la acción de la Fuerza Pública”, explica Olaya.
El mapa de control del que nadie habla
Cuando las lluvias arrasaron con todo en el Chocó, el Clan del Golfo llegó primero que el Estado. Abundaba la necesidad, inundaba el agua y faltaba la comida. Los miembros del EGC lo sabían. Entonces llevaron mercados a las familias.
María dice que entiende exactamente por qué eso le funciona al grupo, pero que le preocupa que no todos en la comunidad dimensionan las intenciones que hay detrás. “Por eso digo que ahorita es más el silencio. Tú después con qué cara vas a venir a decir que son unos malos. Tú no vas a decir nada, puedes sentir lo que sea, pero te lo vas a callar”, afirma la lideresa.
Ese silencio, enfatiza, es precisamente lo que sienten que el informe del mecanismo tripartito no pone en consideración. “El informe hace quedar al Clan del Golfo como unos reyes que no hacen nada. Yo la verdad veo esto color de hormiga. Hay hipocresía con las comunidades, solamente las llaman cuando las necesitan, para que den evaluación y digan ‘ahí está la firma, los líderes sí estuvieron’. No hay claridad en el proceso”, señala.
En contexto: Clan del Golfo dice no tener menores reclutados en sus filas, según informe de mesa de paz
La ayuda humanitaria no fue solo generosidad estratégica. Se convirtió además en una excusa de control. A raíz de las inundaciones —añade María—, el grupo armado empezó a llegar a los miembros de las Juntas de Acción Comunal de las veredas de Unguía para levantar listas: nombres, datos, familias. Todo bajo el argumento de poder ayudarlas si ocurría una tragedia similar.
“Ellos ya tienen la lista para mandar las ayudas a las comunidades. La gente no lo ve, pero eso es un control directo. Porque si ellos tienen un libro con cada uno de los miembros de las comunidades, cuando pase algo, ellos de una vez ya saben cuántas personas hay en cada comunidad. Y están obligando a la gente, nadie se puede quedar por fuera. Ellos teniendo ese libro tienen control de todo el municipio: quién está, quién no está. Y lo que dijeron fue eso, que todo el mundo tenía que firmar”, explica la lideresa.
Un libro con cada miembro de cada comunidad es, en la práctica, un censo del territorio. Lo que comenzó como un mercado terminó siendo un mapa de control del que no se habla.
“No hay menores en las filas del Clan”
Esas formas de violencia menos visibles son justamente las que más preocupan a líderes sociales y las que —en buena parte— explican por qué el informe del mecanismo de verificación generó tantos cuestionamientos. El documento, que cubre el periodo entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de febrero de 2026, señala que “todos los compromisos presentan avances”, aunque los clasifica como “parcialmente cumplidos”.
El informe también afirma que no había registros de menores de edad dentro de las filas del grupo —pero no se especifican, por ejemplo, otras formas de vinculación de niños, niñas y adolescentes. Cuando este diario preguntó sobre esa afirmación, el mecanismo dijo que provenía de un censo realizado por el grupo armado y que se había incluido porque estaban en un proceso de “construcción de confianza”.
Un líder social que pidió reserva de su nombre se pregunta con quién están hablando para construir esa información. ¿Solo con el grupo armado? ¿Cómo se verifica? ¿Contaron todo lo que ocurre y de lo que nadie habla en voz alta? ¿El miedo permeó las respuestas? “Para nadie es un secreto que la gente tiene miedo y que también hay líderes que están cooptados por el EGC”, expresó.
Las preguntas llegan sobre todo porque no hay claridad del sistema que se utilizó para realizar el balance. Juan Pablo Guerrero, subdirector del Centro de Investigación y Educación Popular / Programa por la Paz (Cinep), señaló durante su intervención en la mesa humanitaria que se trata de un “mecanismo incipiente”, del que no se conocen las metodologías reales. Además, encendió las alertas sobre el riesgo de legitimar las narrativas del Clan del Golfo.
“El sistema está centrado principalmente en avances institucionales y procedimentales, pero con escasos cambios verificables en las dinámicas de control territorial y de protección comunitaria. Persiste la limitación de verificación independiente, riesgo de legitimar la narrativa de la EGC y una participación comunitaria aún débil”, expresó Guerrero.
Álvaro Jiménez, jefe negociador del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo, asegura que el Ejecutivo está contrastando la información. “Nosotros lo recibimos y lo estamos verificando con lo que tiene la institucionalidad. El mecanismo no termina ahí, va a tener más informes y más discusiones. Y nos parece bien que haya observaciones de la opinión pública”, dice.
Para la investigadora Olaya, el informe no debería leerse como una conclusión cerrada, sino como un punto de partida. “La idea es decir ‘esto es lo que vimos’. Esta es la línea base sobre la que se tendría que dar la conversación. No es aceptar lo que dice el informe sin más, sino discutirlo, abrir la conversación”, explica.
El vacío del informe frente al reclutamiento
Una madre pensó durante casi dos años que su hijo, reclutado cuando era menor de edad, seguía vivo. El Clan del Golfo se lo llevó, lo cambió de municipio, y durante ese tiempo lo único que tuvo fueron retazos de información que parecían confirmar que todo estaba bien.
“Cada vez que preguntaba al ‘punto’ que bajaba del monte, le decía que estaba bien. Le mandaban plata. Esa plata era la prueba, la señal de que todo seguía en orden”, relata María. No lo estaba.
Al tiempo llegó otro miembro del grupo. Ella volvió a preguntar, esa vez con más insistencia: “No, mire que hace rato no veo a mi hijo. ¿Qué es lo que pasa? ¿No le dan permiso para venir?”. La respuesta le dolió en el vientre. “Doña, lo siento. Yo pensaba que ustedes ya sabían, pero su hijo hace como dos años que lo mataron ahí donde estaba”, cuenta la lideresa.
Para María, ese tipo de historias no fueron tenidas en cuenta en el balance del reclutamiento del mecanismo tripartito. El documento, añade, no habla de esos casos, de esos silencios, de los que han muerto. Según indica el informe, el Clan del Golfo “realizó un censo interno que, según lo reportado, no identificó la presencia de menores de edad en sus filas”.
Líderes sociales en el territorio consideran que esa afirmación omite los tiempos y la complejidad del problema. Uno de ellos, quien pidió reserva de su nombre, lo explica con indignación: “no me digan que no tienen menores de edad hoy. Cuando reclutaron al muchacho tenía 16 o 17 años. Han pasado dos años. Para hoy pueden decir que no tienen menores, pero lo reclutaron siendo menor de edad. Esa es la discusión”.
La investigadora Olaya plantea una lectura similar. El informe no establece una línea base que permita entender cómo se ha dado históricamente la vinculación de menores. Sin ese punto de partida, dice, la conclusión pierde sentido. “No tiene lógica que un grupo que se ha venido fortaleciendo tenga personas que llevan tres o cuatro años en sus filas y hoy tienen 20, o ni siquiera, 16 o 17. Si alguien tiene 20 años y lleva cuatro en las filas del grupo, entró siendo menor de edad”, advierte.
Esa distancia entre lo que dicen los documentos y lo que ocurre en terreno también atraviesa las formas en que se da el reclutamiento. María insiste en que el Gobierno conoce bien cómo funciona, sobre todo en departamentos como Chocó, donde no siempre hay coerción directa. “Ellos no tienen que llevar un arma y amenazar al niño o cogerlo a la fuerza. Todo empieza con endulzarle el oído”.
La forma de arrastrarlos a la guerra —según dice la lideresa— tiene varias capas: primero, la promesa económica; después, el atractivo de una vida que parece fácil con motos, armas y dinero. “Empiezan con pelados de más o menos 15 años: ‘hágame este mandado, lleve esto allá, que aquí le dejo algo’. El niño va creciendo en ese ambiente y termina pensando: ‘¿para qué estudio?’”, explica.
La Defensoría del Pueblo ha advertido esa misma lógica. Durante la mesa humanitaria en Belén de Bajirá, Mariana Ardila, delegada para la Justicia Transicional y el Derecho a la Paz de esa entidad, señaló que han hecho 34 recomendaciones al espacio sociojurídico con el Clan del Golfo, la mayoría relacionadas con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Para ella, el fenómeno no puede entenderse solo desde su forma más visible. “Cuando hablamos de esto no podemos quedarnos únicamente con la idea de que reclutar es sacar a un niño a la fuerza de su casa o de una escuela. El uso y la utilización tienen otras formas”, indicó.
Antes de que alguien lo nombre como “reclutamiento”, el vínculo ya está hecho. Se teje en el día a día, en relaciones que parecen inofensivas. “Se hacen amigos de los papás, de toda la familia. Cuando te das cuenta, le estás haciendo un favor a un conocido, no a un actor armado”, describe Olaya.
Esa transición de lo que parece inofensivo a lo irreversible aparece en los relatos de los líderes. Uno de ellos cuenta que una noche llegaron a su comunidad cerca de diez muchachos. Eran cerca de las nueve, venían mojados. Les habían dicho que iban a raspar coca. Horas después, los reunieron en el patio, les dijeron que eran unos “hijos de puta” y les informaron cuál era el trabajo real: “Usted me responde por este fusil, usted por estas balas. Aquí nadie se me echa para atrás”, escuchó el líder que le dijeron a los jóvenes.
La trampa del reclutamiento se cierra ahí, cuando el fusil llega a las manos, y en ese punto, muchos no vuelven a ver a su mamá.
Para la lideresa María, mientras no haya pedagogía y capacitaciones desde el Gobierno sobre el proceso y espacios seguros para que las comunidades puedan expresar su miedo, vivirán sumidas en silencio. Y cuando vean que uno de sus muchachos se va a la guerra o encuentren una hamaca colgada en el patio, dudarán en contarlo.
*El nombre de la fuente fue cambiado por seguridad
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