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Hace una semana, un cruce de mensajes entre el presidente Gustavo Petro y el Clan del Golfo a través de X dejó en duda si la mesa de diálogo que el Gobierno mantiene con ese grupo armado continuaba o no. En medio de ese episodio de tensión, el pasado 9 de marzo el consejero comisionado de paz, Otty Patiño, firmó una resolución que se conoció este viernes y que revoca la suspensión de las órdenes de captura contra varios miembros del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), entre ellos su máximo comandante, Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como Chiquito Malo.
La suspensión de las órdenes de captura se había dado en diciembre pasado, a través de una resolución, para facilitar el ingreso de los comandantes de ese grupo a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), pactadas también ese mes en Doha (Catar), durante el segundo ciclo de diálogo.
Aunque, según la resolución que revoca esa suspensión, la medida se toma porque el ingreso a la ZUT no se concretó el 1 de marzo, se abrieron preguntas sobre si el cambio respondía a incumplimientos del grupo armado dentro del proceso.
Las dudas surgieron, entre otras cosas, porque el pasado 27 de febrero, el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (MTSMV, y en el que está el Gobierno, el EGC y la MAPP-OEA) anunció en un comunicado que habría un retraso en el ingreso a la ZUT y explicó las razones por las que se aplazaba ese traslado de miembros del EGC, entre ellas las fuertes lluvias en Chocó y Córdoba, los dos departamentos donde se acordaron esas zonas.
En entrevista con Colombia+20, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en esos diálogos, responde a las dudas que hay sobre la decisión.
También se refiere a la tensión entre el presidente y el Clan del Golfo, los combates que ese grupo mantiene con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y a los señalamientos que el grupo ha hecho contra el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Si ya había un documento del Mecanismo Tripartito que señalaba las razones del retraso de los miembros del Clan del Golfo a la Zona de Ubicación Temporal, ¿qué es lo que ahora hace que se revoque la suspensión de órdenes de captura contra “Chiquito Malo”?
El 24 de diciembre el EGC entregó un listado preliminar de un grupo de personas y ese listado tiene una fecha de ingreso a la ZUT que indica la resolución: el 1 de marzo. Entonces, en la medida en que la fecha pasó y no se dio el ingreso, tenemos que hacer un acto administrativo que suspenda esa fecha y dejar abierto a ver cuándo definimos.
¿Cuándo definirán la nueva fecha?
Cuando nos sentemos, nos pongamos de acuerdo y cuando nos entreguen los listados. ¿Qué condiciones hubo para entregar el del 24 de diciembre? Nos pusimos de acuerdo en una fecha: 1 de marzo. Además, nos dijeron: “Le vamos a entregar este listado inicial”. Nos lo entregaron. Por eso se produjo el documento.
Entre esa fecha en que se firmó y el 1 de marzo debían suceder unas cosas. Como se murió una persona, hubo un ahogamiento, hubo unas inundaciones —todo lo que decimos ahí desde el comité tripartito— nosotros lo acogimos y dijimos: “Bueno, listo, esperemos”. Pero ya pasamos de esa fecha.
Administrativamente hay que hacer eso y, cuando tengamos la nueva fecha, hacemos el otro documento que corresponda.
Pero el retraso, ¿se debe solo a esas tres cosas que menciona el documento o hay otras razones como incumplimientos por parte del EGC ?
El comité tripartito, que es una instancia acordada como parte del proceso de trabajo, expresó las razones. Insisto, no podemos dejar ahí vivo un documento que decía una cosa, porque administrativamente puede tener implicaciones. Entonces lo suspendemos y, en el momento en que nos pongamos de acuerdo, volvemos y hacemos otro.
Le insisto, ¿no se trata de un incumplimiento por parte del grupo?
El comité tripartito ya indicó cuáles son las razones que ocurren.
Ustedes se van a reunir y determinar una nueva fecha. ¿Esa fecha sería para iniciar la ZUT y, con base en ella, volverían a suspender las órdenes de captura?
Con base en esa fecha haremos las actuaciones que, de acuerdo con la ley, corresponden.
¿El grupo sabe que se revocó la suspensión de las órdenes de captura?
Sí, ellos fueron enterados.
Cuando el presidente Petro se reunió con Donald Trump, uno de los objetivos de alto valor era justamente “Chiquito Malo”. ¿Cree que esto puede interpretarse como que el presidente Petro está respondiendo a lo que se habló en esa reunión? ¿Se ha hablado de eso con el presidente o con el comisionado?
Yo no participé en la reunión con el presidente Trump, entonces no puedo decir qué pasó en esa reunión. Lo que sí puedo decir es que, frente a este proceso, la novedad es esa (la de la fecha de ingreso). Yo no estoy para especular.
Entonces, ¿la decisión de revocar la suspensión de las órdenes de captura contra “Chiquito Malo” solo responde al cambio de fecha de la ZUT?
Sí, es por un cambio de fecha.
La Sierra Nevada atraviesa una crisis humanitaria por los combates entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). ¿Desde la delegación del Gobierno han hablado de esto en la mesa o preguntado por qué se están dando estos combates? ¿Se vislumbra alguna solución para que se detengan?
Esta delegación ha mantenido una conversación permanente con la Defensoría del Pueblo y también con comunidades en la zona. Este hecho es simplemente un momento muy álgido de un proceso que viene dándose meses atrás y sobre el cual el Gobierno ha buscado un nivel de intervención. Como es conocido, desde el año anterior se ha presentado el desarrollo de una política de expansión armada por parte del autodenominado EGC en la zona del Magdalena y en algunas zonas de La Guajira.
Por tanto, los esfuerzos para buscar aliviar la situación de las comunidades se han venido desarrollando en medio de la complejidad que significa la presencia de estos grupos y el desarrollo de esas acciones armadas que violentan, en primer lugar, el espíritu de construcción de paz y, en segundo lugar –de manera muy evidente– un compromiso que ha sido suscrito por ambos grupos en el sentido de respetar y poner en el centro de la acción de construcción de paz a los niños, las niñas y los adolescentes, e igualmente respetar la vigencia del Derecho Internacional Humanitario y de los derechos humanos.
¿Y eso no es suficiente para que la mesa tome alguna acción? Porque usted mismo dice que no atacar a la población civil es parte de los acuerdos desde que empezaron las negociaciones.
Nuestra consideración es que el espacio de conversación se debe mantener a pesar de las dificultades, porque precisamente el objetivo fundamental es superar esas dificultades. Puede verse como una contradicción mantener los espacios de conversación aun en medio de esta circunstancia, y puede ser observado de forma negativa por sectores de opinión. Pero las políticas del Gobierno en función de construir paz intentan precisamente que, aun en medio de desconfianzas y desacuerdos, hablar y conversar siga siendo lo primero.
No porque seamos condescendientes con los grupos armados o porque tengamos una valoración como se manifiesta desde aquellos que han logrado criminalizar la acción de paz que se construye, sino porque estamos convencidos de que la solución a todas estas violencias pasa por estos procesos de conversación y que es lo que nos puede garantizar superar estas situaciones, aunque debemos entender que no produce un efecto inmediato.
La sociedad colombiana lleva desde la década de los ochenta hasta hoy haciendo esfuerzos de conversación para superar violencias. Si uno observa hacia atrás y mira la realidad de hoy, puede ver que hemos logrado avanzar como país. Nosotros estamos convencidos de eso y vamos a persistir en que la negociación es el camino de solución, la forma más eficaz y más humana de solucionar las violencias que tenemos. Colombia tiene derecho a construir la paz y este es el mecanismo, al igual que los otros que tiene el Estado.
No podemos olvidar que, al mismo tiempo que estamos desarrollando procesos de conversación, otros actores del Estado colombiano –las Fuerzas Armadas– desarrollan actividades contra estos grupos. Entonces, no se trata de una actitud complaciente con los grupos. Todos los días y todas las semanas, y lo registran los medios, hay acciones que pretenden afectar o que afectan de alguna manera la capacidad de daño que estos grupos tienen sobre la población.
Este 7 de marzo el presidente tuvo cruces de mensajes con una cuenta de X asociada al Ejército Gaitanista, donde decía que ese grupo había roto su propio acuerdo en Doha. Incluso desde esa cuenta le preguntaban si eso significaba una ruptura de la negociación. ¿Se habló de esto? ¿Hay una ruptura?
Hay una afirmación del presidente en el sentido de que no están cumpliendo con lo acordado. El presidente no ha dicho que haya que suspender ni ha orientado en el sentido de suspender el proceso de conversaciones. El proceso se mantiene abierto.
El presidente tiene una exigencia en el sentido de que se busque el mayor cumplimiento y hace una expresión pública alrededor de eso. Él indica que no se está cumpliendo, que es lo mismo que yo estoy diciendo: se han roto compromisos. Pero eso no significa que el proceso se suspenda.
En contexto: ¿Se rompió la mesa? Cruce entre Petro y el Clan del Golfo abre dudas por proceso de diálogo
¿Y no se ha pensado en suspenderlo?
Nosotros mantenemos el espacio de conversación sociojurídica con el autodenominado Ejército Gaitanista y esperamos que ellos se ajusten a los compromisos que hemos hecho. El primero tiene que ver con hacer de los niños el primer piso de la construcción de paz, en el caso de niños, niñas y adolescentes, y el respeto al Derecho Internacional Humanitario. Vamos a seguir reclamando y acompañando a la señora Defensora del Pueblo, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a las comunidades para que eso se cumpla.
Hace unos días hablamos con el señor Mauricio Silva, jefe de la delegación con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, sobre lo que estaba pasando en el Parque Tayrona. Él decía que no había pruebas de que ese grupo fuera responsable del desplazamiento. Sin embargo, el Clan del Golfo ha señalado que sí lo son, tanto de lo ocurrido en el Tayrona como de lo que está pasando en la Sierra. ¿Qué dice la mesa frente a esas versiones?
Yo no conozco una declaración de Mauricio Silva en ese sentido. Él mantiene el criterio de que ambos grupos son responsables de la acción armada y, por tanto, del impacto que esa acción armada desarrolla o genera sobre la población no combatiente. En ese sentido, ambos grupos, en el desarrollo de una acción de confrontación, son responsables de todos los efectos que la misma causa.
Hablemos del tema de la extorsión. ¿En la mesa se ha hablado de pactar algún acuerdo para frenar la extorsión por parte del Clan del Golfo, sobre todo en Santa Marta, que pareciera ser una de las razones de estos combates tan fuertes?
No. El tema de la extorsión es un tema que, como ustedes vienen registrando, se desarrolla en la zona, especialmente por parte del grupo que está establecido allí, que son las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, y también por otros actores que existen en el casco urbano y que ejercen actividades de extorsión. Hablo del casco urbano de Santa Marta.
Lo que tenemos hoy de presente es que el autodenominado Ejército Gaitanista está haciendo incursiones para apoderarse de la región y lo está haciendo a partir de su política de expansión, que pretende tomarse ese territorio. Pero debo indicar también que allí están el Ejército y la Policía Nacional, que están haciendo esfuerzos por controlar esa situación.
Entonces, ¿la incursión se explica solo por expansión territorial o también puede haber un interés en la extorsión dentro de esa expansión?
Lo que hemos observado es que la expansión armada es el primer paso para establecerse en un territorio y luego desarrollar allí una economía. Pero, en este momento, quién controla el fenómeno de la extorsión es algo que te lo dice cualquier actor de la región.
Entonces, lo que tenemos allí es un fenómeno de expansión armada, y esos fenómenos buscan controlar el territorio. Pero es claro que todos los grupos ejercen control territorial y ejercen extorsión sobre las poblaciones donde tienen presencia. Esa extorsión nosotros la hemos planteado en la mesa, pero aún no hemos construido un acuerdo sobre ello.
Sin embargo, debo destacar que, de manera unilateral, el grupo armado tomó una decisión que ha comunicado públicamente y que estamos verificando si se cumple o no: la suspensión de la extorsión en algunos municipios como San Jacinto del Cauca, El Carmen, algunos municipios de Córdoba y algunos municipios de Chocó.
La otra alerta de la Defensoría es que esa expansión también buscaría abrir un corredor hasta Catatumbo, donde ya hay presencia de otros grupos armados. ¿Ese tema también ha llegado a la mesa?
Sí. El caso específico de Catatumbo es una alerta temprana que hemos valorado. Para nadie es un secreto que estos grupos están creciendo por la capacidad que tienen de manejar economías muy importantes.
Creemos que también hay una expansión significativa hacia el sur del país, especialmente hacia la zona de Caldas y el norte del Valle del Cauca. Obviamente, las autoridades a las que corresponde controlar este tipo de acciones están en función de esa actuación.
La mesa tiene que abordar el tema de la expansión con un mayor nivel de eficacia. Debemos indicar que se ha venido planteando, pero aún no hemos llegado a puntos de acuerdo al respecto.
El Clan del Golfo ha tenido una actitud amenazante con el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) y ha hecho señalamientos contra esa organización, aunque la carta que alertaba sobre el tema de la Zona de Ubicación Temporal no solo la firmaba el Cinep, sino también otras organizaciones. ¿Este tema se puso sobre la mesa?
Al respecto, logramos, de manera muy activa por parte del grupo de países mediadores y también como delegación, encontrar un camino de solución para abordar este tema.
El grupo ha indicado que habrá posibilidades de adelantar una conversación entre sus delegados, el Cinep y algunas otras organizaciones no gubernamentales a las que se les hará invitación, a fin de conversar sobre las interpretaciones y demás temas que corresponden al trabajo que hacen estas organizaciones y que es valioso para el conjunto de la sociedad. De tal manera que se adelantará un mecanismo que permita una conversación directa y que pueda facilitar la superación de esta situación.
Entonces, el tema de la situación que se generó en redes entre algunas organizaciones no gubernamentales y este grupo fue tratado en el espacio de conversación, y se encontró esa solución que consiste en el desarrollo de una reunión en la que participarán delegados del autodenominado Ejército Gaitanista. A esa reunión se ha invitado a representantes del Cinep y de otras ONG para que, con la participación del grupo de países amigos, de la OEA, de la Iglesia y de la delegación del Gobierno, puedan debatir y encontrar un camino que brinde condiciones de respeto y de tratamiento adecuado de las apreciaciones que cada uno tiene sobre el otro.
En contexto: Defensoría y organizaciones rechazan señalamientos del Clan del Golfo contra el Cinep
Al margen de eso, el pedido de esa carta era involucrar mucho más a las comunidades, especialmente en la creación de la Zona de Ubicación Temporal en Chocó. ¿Eso se ha contemplado, teniendo en cuenta que el inicio estaba previsto para el primero de marzo y esa fecha cambió?
El grupo de trabajo de los municipios existe en los cinco municipios del Chocó, y allí participan todas las vocerías y designaciones de sectores de comunidades que tienen asiento. Si es necesario ampliarlo, así será.
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