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En medio de su mayor despliegue territorial y operativo, el Clan del Golfo adelanta acercamientos para dejar las armas. Nunca antes había tenido una estructura tan robusta: ronda los 10.000 integrantes, extiende su influencia en 296 municipios y sostiene un portafolio criminal que abarca desde el narcotráfico y la extracción ilícita de minerales hasta la extorsión y la injerencia en economías legales y contratos públicos.
Ese poder acumulado lo convierte hoy en el principal desafío para la seguridad nacional.
¿Cómo es el Clan del Golfo?
El Clan del Golfo -autodenominado como Ejército Gaitanista de Colombia, EGC- se articula en torno a un Estado Mayor Conjunto, seis bloques y 39 subestructuras o frentes. De acuerdo con los registros de la Fuerza Pública, actualmente es el grupo armado con más integrantes en el país. Se estima que cuenta con alrededor de 9.840 miembros (3.328 en armas y 6.512 en redes de apoyo). Es decir, concentra casi el 36% de los 27.000 integrantes de organizaciones ilegales del país.
El EGC también ha demostrado que no es un enemigo menor para la Fuerza Pública. Aunque ha sido la estructura más atacada por las autoridades (uno de cada cuatro combates son contra este grupo), su crecimiento se ha mantenido. Solo entre 2022 y 2025, la organización aumentó un 140% su pie de fuerza (de 4.099 integrantes a casi 10.000). En ese mismo periodo, su presencia se duplicó: pasó de tener influencia en 145 municipios de 13 departamentos en 2022, a 296 de 17 departamentos en 2025.
El incremento del pie de fuerza responde a una estrategia de reclutamiento e incorporación de perfiles estratégicos, como antiguos mandos medios del ELN y las extintas FARC-EP (por ejemplo, ‘Richard’, uno de los seis miembros de su Estado Mayor). El Clan también ha atraído a sus filas a exintegrantes de la Fuerza Pública, como soldados y suboficiales retirados del Ejército.
Esa captación de personal se potencia con el pago de salarios a los nuevos miembros y los apoyos económicos a sus familias. Según el trabajo de campo realizado por la FIP, contrastado con fuentes institucionales, el grupo ofrece pagos mensuales desde 1,5 millones de pesos (para los puntos, informantes o campaneros), hasta 17 millones para los comandantes de frente.
Actualmente, el Clan participa en cuatro de los 13 focos de confrontación que hay en el país: en la Sierra Nevada de Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra; en el sur de Bolívar y el norte y nordeste antioqueño contra el ELN y el EMBF (la disidencia de ‘Calarcá’); y en las zonas de San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Valle del Cauca), también en choque con el ELN.
Desde la captura, en 2021, de Dairo Antonio Úsuga (‘Otoniel’), entonces máximo jefe del Clan del Golfo, el grupo dio un salto del modelo de organización basado en un clan familiar a una estructura colegiada, encabezada por el Estado Mayor Conjunto.
Esa decisión implicó ajustes en su forma de operar y una expansión territorial más controlada, ya no con violencia indiscriminada sino con ataques selectivos y confrontación directa con sus rivales. Esto se combina con un trabajo sociopolítico con las comunidades, que en el marco de la Paz Total ha tenido el objetivo de dotar de sustento ideológico su proyecto armado y construir una plataforma política apoyada en sus estatutos y otros documentos.
De acuerdo con la Base de Acciones del Conflicto de la FIP, en 2025 la mayoría de los hechos atribuidos al grupo se concentraron en dos campos: afectaciones a la población civil (38,6 %) y enfrentamientos con otras estructuras armadas (37,6 %). Eso sugiere que la prioridad del EGC no es la confrontación directa con el Estado, sino afianzar su control territorial y la regulación de las economías y de las dinámicas sociales en las zonas donde opera.
Más allá del intento por convertirse en un actor político, el Clan del Golfo funciona, en la práctica, como una empresa o holding criminal enfocada en generar rentas.
Esa lógica le ha permitido diversificar sus fuentes de financiación: más allá del narcotráfico, incluye minería ilegal —hoy su segunda fuente de ingresos—, la extorsión, el control de economías ilegales y legales en sus zonas de influencia, como el microtráfico, la prostitución, el contrabando y el cobro de “vacunas” o peajes a cadenas productivas y comerciantes, e incluso a contratos públicos.
*Este artículo recoge los puntos clave del informe ‘Anatomía del Clan del Golfo y su negociación en Catar: ¿la última ventana de la Paz Total?’, realizado por Gerson Arias, Paula Tobo, Andrés Cajiao y Nicolás López, investigadores del área de Seguridad y Conflicto de la FIP.
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