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Al paso que se reconfiguran los actores armados en Chocó, la violencia se ensaña contra las niñas y las mujeres, tejedoras históricas de las raíces comunitarias y sociales del departamento.
El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha tomado fuerza en ese territorio a través de un régimen de violencia y también ha entendido que el control social atraviesa directamente el control sobre la mujer.
Así lo expone informe “EGC en Chocó: violencia, poder y miedo”, publicado por el Cinep-Programa por la Paz, que le dedica un capítulo a “Los cuerpos como producto de intercambio: violencia sexual y manipulación”.
Este grupo armado, que se impone como uno de los más poderosos del país, ha convertido la cuenca del río Atrato como el epicentro de su gobernanza criminal y en esa dinámica, el informe señala que se han evidenciado patrones asociados a las violencias basadas en género con el objetivo de usurpar los espacios que las mujeres han ganado en la comunidad.
La violencia desmedida contra las mujeres en Chocó va desde las amenazas que impiden el desarrollo normal de su vida e incluso les arrebatan costumbres y tradiciones, hasta violencia sexual y control social.
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El informe resalta, por ejemplo, que las mujeres han dejado de ir al río a pescar, barequear o sembrar debido a las restricciones de movilidad o incluso a que se ven expuestas a violaciones.
Ese mismo miedo se instauró en la forma de vestir de las niñas y adolescentes que prefieren evitar cierto tipo de prendas para evitar que los miembros de la estructura armada se enamore de ellas. Así lo señalan los testimonios recogidos por el Cinep en su reciente informe.
La violencia que ejerce el grupo armado también se instala a raíz de las necesidades económicas de las comunidades. En ese contexto de carencia, el informe alerta que miembros del Clan del Golfo se acercan a las familias para ofrecer dinero, bienes o servicios a cambio de las niñas o adolescentes.
“Ellos hacen su oferta y ya ahí la muchacha acepta. Con la escasez, el tema ahí de [la] necesidad, la muchacha acepta, porque le están ofreciendo que celular, que la moto, que estudio, que una cosa”, señala una lideresa del territorio consultada por el Cinep.
Además de sacar provecho de las necesidades económicas de los núcleos familiares, el grupo armado también acude a estrategias de enamoramiento que provocan una falsa aceptación de la mujer para estar con ellos. Ese ambiente se ha apoderado principalmente de los colegios y las discotecas.
De esta manera, resalta el informe, al cuerpo de las mujeres se le asigna un rol de “producto de intercambio” en términos de seguridad económica y física. Lideresas en el territorio también señalaron que el “valor” aumenta en relación a condiciones específicas como la “virginidad” de las niñas, “la cual es comprada por aproximadamente cinco millones de pesos”.
Abuso sexual y control social: el caso de las niñas en Unguía
El informe señala que esas estrategias de violencia contra las niñas y mujeres jóvenes en Chocó interrumpen su vida de manera desmedida, pero además en muchos casos significa la pérdida de libertad absoluta.
Una lideresa señaló el caso de un comandante del grupo armado que ejercía abuso y una modalidad de confinamiento a las niñas que cooptaba luego de ofrecer de casas, teléfonos y motos.
“En Unguía hubo un comandante que llegó a tener 60-65 niñas de todas las veredas y corregimientos de Unguía. Las veía cada seis meses. Empezó a hacer casas, como un condominio. Las niñas las metía ahí. A todas les colocaba casa y moto. Esas niñas eran vigiladas, tenían vigilancia, no podían salir del territorio. Todo lo que necesitaban se lo llevaban. No podían salir del casco urbano. Si querían estudiar igual se tenían que quedar allá, porque eran propiedad de él”, narró la lideresa.
La versión de la lideresa fue confirmada por otras mujeres del territorio que además señalaron que las niñas que eran vigiladas por el comandante tenían entre 10 y 18 años y no podían estudiar, lo que incrementa la vulnerabilidad económica de las mujeres y las encierra en un vínculo aparentemente romántico.
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Ese vínculo que se crea con los actores armados al mismo tiempo genera un ambiente de estigmatización y violencia contra las mujeres. Por una parte, la relación de confianza con la comunidad se quebranta lo que provoca una ruptura en el tejido social al ser referenciadas como la pareja de un comandante. A eso se le suma que otros actores armados generan ataques contra ellas a modo de retaliación o contra las otras parejas que tengan en el futuro.
Recientemente, Colombia+20 registró la alerta de varias organizaciones de mujeres en Chocó que señalaban que en el territorio circulaba una lista con víctimas de feminicidio. Las mujeres eran amenazadas por ser las novias, primas, hermanas, madres o amigas de un algún miembro de las bandas urbanas.
Ese contexto, al mismo tiempo, genera un desarraigo, pues las mujeres son excluidas de la comunidad por la victimización colectiva que puedan perpetrar los actores armados.
Sin embargo, mientras para las mujeres significa un daño inminente en sus vidas, para los actores armados el vínculo se traduce en una oportunidad para entablar lazos con la comunidad y afianzar la presencia en la cotidianidad, señala el informe.
“El vínculo familiar que se teje empieza a ejercer peso sobre la ley territorial, restringiendo las capacidades de las autoridades étnicas y restringiendo el espacio comunitario.
Paulatinamente, la ruptura de la comunidad posibilita la expansión acelerada de la base social del EGC, apuntalando su control político, social y territorial", se lee en el documento.
Por otro lado, la violencia sexual se mantiene. Lideresas en territorio señalaron que si las mujeres no acceden a las pretensiones de los miembros del grupo armado entonces las amenazan e intentan violarlas.
“La violencia sexual ha sido empleada como represalia contra los liderazgos femeninos. Además de las barreras que enfrentan para acceder a roles de liderazgo como consecuencia del continuum de violencias, han sido sometidas al acoso, las amenazas y las persecuciones de índole sexual por parte del EGC”, agrega el informe.
Las amenazas también van hacia las mujeres que quieran denunciar los ataques a las autoridades, por lo que existe un subregistro que no permite calcular el panorama de los delitos contra la libertad y la integridad sexual.
El Cinep señala que el Clan del Golfo niega las responsabilidades e incluso admite que existen sanciones frente a estas acciones, pero según se conoció, esas sanciones refuerzan la idea de control social. Incluso algunos testimonios dan cuenta de sanciones impuestas contra mujeres por involucrarse en “chismes,, por consumir alcohol o por participar el peleas”, incluso si son dos hombres lo que pelean por una mujer.
“Las sanciones pueden variar entre el señalamiento público —portando letreros de “chismosa”, “peleona”, “quitamaridos” o “bruja”— rezar por un número determinado de horas o pagar multas entre quinientos mil o un millón de pesos. Sin embargo, también se les ofrece intercambiar la sanción impuesta por el cumplimiento de un favor sexual”, dice el informe.
Toda esta violencia contra las mujeres en Chocó se perpetúa además a raíz de las condiciones estructurales que promueven la explotación y el sometimiento de sus cuerpos. A pesar de las condiciones, las mujeres luchan por resistir.
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