Organizaciones de Chocó alertan falta de participación en mesa de paz con Clan del Golfo

El Clan del Golfo ha consolidado su poder en Chocó.

Foto: El Espectador

Chocó parece estar atrapado en una misma pregunta.

Mientras el pasado 5 de diciembre, en Doha (Catar), se celebraba el cierre del segundo ciclo de negociaciones entre el gobierno Petro y el Clan del Golfo –incluido este 16 de diciembre en la lista Clinton–, desde el departamento volvían a cuestionarse: ¿por qué el Estado no ha escuchado su llamado a estar en la mesa, mientras el poder armado del Clan del Golfo se enquista sin piedad en su territorio?

La demanda de las organizaciones toma especial relevancia, porque este jueves 18 de diciembre se instalará el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación, que es parte del acuerdo alcanzado en Catar durante la segunda ronda de negociaciones.

Sin embargo, las comunidades denuncian que quedaron fuera de ese mecanismo. “Esta exclusión profundiza la ausencia de control social y debilita la transparencia del proceso”, expresaron las organizaciones en un comunicado emitido hace dos días.

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El documento fue presentado por el Cinep y organizaciones sociales de Chocó. En el comunicado también alertaron que el proceso se está construyendo sin transparencia, sin participación comunitaria y sin control ciudadano, y cuestionaron los pactos a los que llegaron las partes en ese segundo ciclo, entre ellos la creación de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT).

Frente a estas críticas, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con el Clan del Golfo, también autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), aseguró a este diario que el mecanismo tripartito mantendrá una relación permanente con las comunidades a través de la MAPP/OEA (que tendrá el mandato sobre el monitoreo de los compromisos en la mesa), que ya tiene presencia en las regiones.

“Aspiramos a que las comunidades acudan para trasladarles a ellos sus inquietudes. Nos parece que es el camino adecuado pero siempre hay una apertura a recibirlos. Yo respeto que alguien diga que lo que se está haciendo no tiene valor, pero pues digamos yo no puedo modificarle la voluntad a las personas frente a eso. Tengo que mantener los espacios y eso es lo que estamos haciendo. Mantener un espacio de conversación, mantener un espacio de interlocución”, dijo Jiménez.

Sin embargo, las organizaciones de Chocó insisten en que las formas y los procedimientos siguen siendo insuficientes. Juan Pablo Guerrero, subdirector del Cinep, explicó que, aunque el Gobierno se presenta como abierto al diálogo, “la realidad evidencia la ausencia de interlocución, de respuestas concretas y de voluntad para abordar de manera directa las problemáticas estructurales y las vulneraciones de derechos humanos denunciadas”.

Por eso, en el comunicado también plantearon que les preocupa que la verificación depende en gran medida de la información suministrada por el Gobierno y el EGC, “sin garantías sólidas de independencia ni espacios para la contrastación comunitaria”.

Las preocupaciones sobre la ZUT

En el documento, las organizaciones sociales también advirtieron que las ZUT se plantean “sin consulta previa, libre e informada a organizaciones étnico-territoriales”. Además señalaron que la ubicación de estos espacios, donde se prevé el tránsito a la vida civil de los excombatientes, conlleva riesgos de que el grupo fortalezca su poder, sobre todo en zonas con presencia histórica del Clan del Golfo, la mayor estructura armada del país, con casi 9.000 integrantes.

“Los avances presentados son superficiales, carecen de sustento jurídico y no incluyen compromisos verificables ni mecanismos claros de participación, seguimiento y rendición de cuentas”, escribieron en el documento.

Para ellos, la “falta de claridad de los acuerdos” dificulta evaluar su impacto real en los territorios, “limita la capacidad de las comunidades para incidir en las decisiones que afectan sus vidas” y deja abierta la posibilidad de que se reproduzcan las dinámicas de control armado que ejerce el EGC.

Aun así, fueron enfáticos en que no cuestionan la paz. Lo que señalaron es que no puede imponerse únicamente “desde arriba” sin la participación efectiva de quienes habitan los territorios afectados.

“Entiendo por qué se negocia de manera externa, pero no entiendo por qué no se territorializa, al menos en una segunda o tercera fase o última fase las negociaciones y los acuerdos para escuchar las voces de los líderes y de las bases en el territorio”, le dijo a este diario la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, antes de que se conociera lo pactado.

Jiménez señaló a este diario que comprende esas preocupaciones. “Respetamos su opinión, ellos tienen una valoración que expresan allí en el documento donde reclaman más participación, pero pues hay unos procesos de participación que se están desarrollando en los municipios (...) Se han instalado ya los comités en los municipios de Belén de Bajirá, Unguía, Acandí, y se está terminando de instalar en Mutatá. Vamos a dejar instalados los cinco comités de los cinco municipios de la primera fase de conversación. Estos comités tienen participación de las comunidades y de las autoridades y de las representaciones que en el territorio existen”, dijo en entrevista con este diario.

Para las organizaciones que emitieron el comunicado, esa cercanía todavía no se percibe. Guerrero insiste en que hay una distancia real entre el Gobierno y las comunidades. De hecho, el pasado 20 de noviembre organizaciones de Chocó tuvieron que recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar afectaciones graves.

“Somos conscientes de que estos mensajes incomodan, especialmente cuando se es crítico, pero no se trata de un desacuerdo con la paz. Por el contrario, somos férreos defensores de la paz territorial”, explicó a Colombia+20 Guerrero.

Las organizaciones del Chocó que firman el comunicado están cansadas. Cansadas de alertar, de reclamar, de pedir un lugar en decisiones que se toman sobre un territorio que les pertenece.

Han visto al Clan del Golfo avanzar con la intención de arrasar con todo y enquistarse. Y también han visto al Gobierno Petro sentarse a negociar con ese grupo, mientras sienten que ellas quedan, otra vez, por fuera.

Por ahora siguen a la espera de una respuesta del Estado colombiano y que ir ante un organismo como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –como pasó hace un mes– no sea otra vez la única opción que encuentren.

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