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Haciendo énfasis en que las agresiones a los líderes sociales presentan patrones comunes como la represión por parte de entidades de inteligencia del Estado hacia las víctimas, varias organizaciones de derechos humanos entregaron ayer el primer informe sobre este tema a la Comisión de la Verdad.
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El Colectivo José Alvear Restrepo, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, la Corporación Jurídica Yira Castro, Somos Defensores, el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos, y European Center for Constitutional and Human Rights, fueron las autoras del informe titulado Defender la vida.
El documento recoge diez casos de personas que sufrieron amenazas, seguimientos y asesinatos por su labor como protectoras de los derechos humanos en sus comunidades, entre el 2002 y 2015. Entre estos casos están los de Ana Teresa Yarce, lideresa de la Comuna 13 de Medellín, asesinada el 6 de octubre por paramilitares; Mario Castro Bueno, personero en El Castillo (Meta), también asesinado por paramilitares, el 1º de noviembre de 2002, y Soraya Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, víctima de las interceptaciones ilegales del DAS y de amenazas.
Este informe fue presentado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en abril de este año en La Haya y ayer le fue entregado a la Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote Francisco de Roux.
Sebastián Escobar, integrante del Colectivo José Alvear Restrepo, una de las organizaciones que participó en su elaboración, nos cuenta los hallazgos de este informe y cuál es la intención de presentárselo a la Comisión.
¿Por qué fueron elegidos estos diez casos?
Los diez casos que reúne este informe ocurrieron en un periodo que va entre el 2002 y el 2015 justamente porque el periodo de la competencia de la CPI para crímenes de lesa humanidad inicia desde el 2002, después de la aceptación por parte del Estado colombiano del Estatuto de Roma. Esa es la decisión metodológica para seleccionar los diez casos que finalmente documentamos. A partir de estos casos logramos identificar por lo menos cinco patrones de agresiones en contra de defensores de derechos humanos, la gran mayoría de ellos que aún persisten.
Uno de ellos es el uso de las actividades de inteligencia y acciones de vigilancia ilegal estatal a grupos de defensores de derechos humanos. Uno de los casos que ilustra este fenómeno está relacionado con el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aunque no es el único. Lo que hacían comúnmente para obstaculizar la labor de los defensores era construir informes de inteligencia con perfiles de las víctimas, de sus familiares y las organizaciones que iban a ser usados muchas veces para judicializar a los defensores. En otros casos se confeccionaban listas que enviaban a grupos paramilitares para que asesinaran a los defensores. Los casos que ilustran este patrón son el homicidio de un sindicalista en Barranquilla, Adá Pacheco, y el de Soraya Gutiérrez, la presidente del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Otro patrón son las agresiones mediante ejecuciones extrajudiciales, conocidas públicamente como "falsos positivos". Esto tuvieron un pico elevado entre el 2002 y el 2088 que en un principio iban dirigios a personas que tenían algún tipo liderazgo social en regiones que hacían parte de la política de seguridad democrática. Después se convirtió en un práctica indiscriminada. Los casos son los de Luis Miguel Porto, campesino de la región de los Montes de María y Miguel Ángel González, líder campesino del nordeste antioqueño.
¿Cuál fue la respuesta de la CPI ante el informe?
La Fiscalía de la CPI está en el estudio preliminar. En Colombia todavía no existe una investigación como tal. Lo que nos informó la Corte en su momento es que ellos continúan muy pendientes de la situación en Colombia, siguen recibiendo información de la sociedad civil. Nosotros tenemos un diálogo con la Fiscalía de la Corte presentando nuestro argumentos, haciendo un seguimiento a la situación de implementación de los acuerdos, pero de manera particular al punto de Justicia. En ese sentido, seguimos aportando información frente a ese análisis preliminar. Hasta el momento no ha tomado una determinación de abrir una investigación formal en Colombia.
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¿Cuál es la importancia de que este informe llegue a manos de la Comisión de la Verdad?
Nosotros tenemos dos objetivos. El primero, es que en Colombia a partir de la firma de los acuerdos de paz se ha venido hablando de violencia en el marco del conflicto y englobando todos los fenómenos dentro de esa misma categoría. Nosotros lo que le hemos propuesto a la Comisión en principio es que identifique estos patrones bajo la violencia sociopolítica, que no se circunscribe a las lógicas propias del conflicto que es enfrentamiento entre dos bandos organizados con el propósito de tener ventajas militares, sino hubo una agresión de carácter unilateral de parte de agente estatales o de paramilitares que actuaron de manera auspiciada o tolerada por lo menos por parte de estos actores estatales. Esto obedece también a una visión de la política contrinsurgente del Estado en la que se identifica a defensores y defensoras como aquellas personas que ejecutan una guerra política o jurídica en contra de lasa fuerzas de seguridad del Estado.
Lo segundo es también aportar al mandato de la Comisión de la Verdad y hacer una narración completa que tenga en cuenta todas estas causas, móviles, prácticas, modus operandi y los patrones que hemos identificado en el informe en la construcción de esa verdad histórica que Colombia está esperando.
¿Más allá de estos dos objetivos qué respuesta esperan de la Comisión?
Para nosotros es sumamente importante las recomendaciones que pueda formular la Comisión de la Verdad, que desde nuestro punto de vista deben focalizarse en garantías de no repetición de estos hechos. Le sugerimos que haga suya de las organizaciones de derechos humanos y de víctimas de una comisión de alto nivel de garantías de no repetición y que la adopte a través de una subcomisión, que creemos que debe ser mixta y que incorpore a las víctimas pero también a otros sectores políticos, económicos e incluso las mismas personas que de alguna manera tuvieron alguna responsabilidad por estos hechos.
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También hacemos recomendaciones sobre reformas al sector de seguridad y defensa, como una fuerza pública para la paz, que han propuesto las plataformas de derechos humanos, que se adecúe a las nuevas exigencias del posconflicto.
¿Cuál es el aporte de este informe para analizar el asesinato actual de líderes sociales en ese escenario posacuerdo de paz?
Es un fenómeno que continúa vigente, incluso incrementándose dramáticamente. Lo que puede contribuir es justamente a conceptualizar cuáles son los patrones que siguen operando y a través de los cuales se agreden a los defensores para sobre la base de eso que se ha identificado poder operar más eficazmente. A ello va también las propuestas de las medidas para evitar las agresiones, que creemos que son efectivas para hacerle frente a este fenómeno.