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Entre 2015 y 2016, 25 millones de colombianos se sumaron a la situación de inseguridad alimentaria y desnutrición en el país, así lo indicó Deborah Hines, representante del Programa Mundial de Alimentos en Colombia. Estas palabras las dio en medio del conversatorio Balance de la seguridad alimentaria en Colombia, un año después de la firma de la paz, que se llevó a cabo en la Biblioteca de la Universidad Distrital, sede Aduana de Paiba.
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Hines estuvo en compañía de Álvaro de Vicente, jefe en América del Sur del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO, por sus siglas en inglés); y los expertos José Mesa, de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá; Javier Orjuela, investigador en cadenas de suministros y logística de la Universidad Distrital; y Sara Eloísa del Castillo, coordinadora del Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional. Cada uno, desde su perspectiva técnica, académica o humanitaria dio su balance sobre la situación de malnutrición y abastecimiento de alimentos en Colombia después del Acuerdo Final con las Farc.
La premisa durante el conversatorio fue la misma: es desalentadora la atención que en la implementación se le ha dado a este tema. No ha habido políticas claras para apoyar al campesino en la producción de alimentos, en su comercialización (a pesar de que se habla de ello con la sustitución de cultivos ilícitos), ni en políticas de consumo que lleguen a los sectores más afectados por el conflicto, como la población indígena, afrocolombiana y desplazada. Tampoco, según estos expertos, se han fortalecido los programas de nutrición y atención a mujeres lactantes y primera infancia.
“Según la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) en el 2040 aumentará en un 20% las personas con inseguridad alimentaria a nivel mundial. Colombia sigue en esa misma ruta por el conflicto, la violencia, los desastres naturales y el cambio climático”, agregó Hines. Para ella, la desarticulación de programas nacionales y territoriales, el poco acceso a los alimentos y los altos precios, y la falta de diseño de programas con enfoque diferencial son las principales dificultades.
Álvaro de Vicente, por su parte, afirmó que la implementación del acuerdo y los recursos que de ahí se desprenden todavía no se ven en el territorio. “Cuando se habla con las personas de estos lugares afectados por el conflicto dicen “aquí me van a dar unos millones para una huerta, pero se acabarán en uno o dos años y seguiremos sin carreteras ni centros de salud”. Lo que ellos necesitan no es solo plata sino asistencia del Gobierno, y eso no se está dando”, agregó.
La Unión Europea ha asistido con $820 mil millones para ayuda humanitaria en Colombia desde 1994. Dentro de estos recursos, la ayuda alimentaria es uno de los ejes prioritarios para prevenir situaciones de desnutrición en poblaciones afectadas por la violencia y desastres naturales. El Programa Mundial de Alimentos también ha asistido a cerca de 260.000 personas en el país, solo en 2016, con énfasis en mujeres, comunidades étnicas y desplazados.
Más retos para la seguridad alimentaria
“Hay brechas profundas, muy graves. En el punto de reforma rural integral no hay un compromiso claro de seguridad alimentaria y nutricional, toca leer entre líneas. Cincuenta de cada 100 colombianos en áreas urbanas, según la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional en Colombia hecha en 2015, está en inseguridad alimentaria; el 64 de 100 en áreas rurales también. La población indígena es una de las más afectadas: 77%, porque son poblaciones postergadas y olvidadas”, señaló Sara Del Castillo, de la Universidad Nacional.
El ingeniero José Mesa, de la Alcaldía de Bogotá, por su parte mencionó que una gran dificultad es que la población joven ya no quiere trabajar en el campo. “En el campo se necesita gente, pero la que está ahí se está envejeciendo”, explicó. También se refirió a que, a pesar de que con el fin del conflicto en muchos territorios se dio apertura a más posibilidades de producción, “no hay impacto significativo en los canales de comercialización”.
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Finalmente, el investigador en cadenas de suministro y logística de la Universidad Distrital, el ingeniero Javier Orjuela, enfatizó en que los campesinos no están teniendo incentivos para mejorar su producción por los precios. “El costo de los alimentos se define en Corabastos y de ahí se van redefiniendo en productores minoritarios. Eso es un problema”. Una de las consecuencias, agregó, es que muchos campesinos terminan usando el suelo en cultivos ilícitos o en la explotación de recursos naturales.
Exposición ¿Qué nos une?
Pie de foto: La exposición recoge fotografías de Ecuador, Chad, Jordania, Myanmar, El Salvador o Colombia, algunos de los países donde hace presencia el Programa Mundial de Alimentos. / Cortesía: PMA.
El conversatorio sobre el balance en seguridad alimentaria fue la puerta de bienvenida para la exposición fotográfica ¿Qué nos une?, un proyecto del Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea sobre el hábito de comer en familia en países de América Latina y el mundo donde han hecho presencia. A través de la muestra fotográfica se busca visibilizar cómo las familias que viven en países donde el hambre apremia han encontrado en la agricultura sostenible y en programas de nutrición una salida a este gran fenómeno que golpea a los más pobres mundialmente.
La exposición estará abierta al público hasta el 20 de diciembre en la Universidad Distrital, Sede Aduanilla de Paiba, en la calle 13 # 31-75.
Fotografía tomada en Myanmar. / Cortesía: PMA.