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Este martes 23 de septiembre, la Comisión Legal de Paz y Posconflicto de la Cámara de Representantes realizará un debate de control político para evaluar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz firmado con las FARC en 2016.
La cita está programada para las 11 de la mañana en el Salón Boyacá del Capitolio Nacional.
La sesión fue convocada por los representantes Cristian Danilo Avendaño y Diógenes Quintero, este último de la curul de paz de Catatumbo.
Entre los citados figuran el consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño; el ministro del Interior, Armando Benedetti; el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre; y el director de la Unidad para las Víctimas, Adith Rafael Romero. A la discusión también fueron convocados organismos de control como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Contraloría.
Según el texto de la convocatoria, la Mesa Directiva de la Comisión busca conocer el estado de cumplimiento de los seis puntos del Acuerdo de Paz —reforma rural, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas y garantías de no repetición—, de acuerdo con las competencias de cada entidad.
El debate se enmarca en una coyuntura particularmente significativa para la paz en Colombia. La semana pasada, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) profirió sus primeras sentencias en los macrocasos sobre secuestro y ejecuciones extrajudiciales, conocidos como “falsos positivos”.
Estas decisiones representan un hito en materia de verdad, justicia y reparación a las víctimas, y han reactivado la discusión pública sobre el alcance del sistema de justicia transicional y el compromiso de los exjefes de las FARC y de miembros de la Fuerza Pública con sus responsabilidades.
En entrevista con Colombia+20, Rodrigo Londoño, conocido en la guerra como Timochenko y el último comandante de las extintas FARC, dijo que reconocía dicha sentencia y que seguían firmes en el compromiso de la paz. “El último secretariado asumió la responsabilidad de todo lo que pasó. Convencimos a más de 13.000 hombres de contribuir a esa reconstrucción. En muchas audiencias nos encontramos con que quienes protagonizaron hechos no están con vida, y eso dificulta la reconstrucción. Pero nuestra decisión política fue y sigue siendo reconstruir esa verdad”.
Además, la próxima semana la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentará ante el Consejo de Seguridad su informe trimestral, en el que se hará un balance actualizado sobre la reincorporación de excombatientes, la seguridad en los territorios y el cumplimiento de las medidas pactadas en el Acuerdo. Ese reporte, como es usual, se presentará también ante el Consejo de Seguridad de la ONU.
El debate de control también se hace una semana después de que se conociera la descertificación en materia de lucha contra las drogas de Estados Unidos a Colombia. Esa decisión también tiene implicaciones en el Acuerdo de Paz, que buscaba una salida distinta -la sustitición a economías legales- de los cultivos de uso ilícito.
Con este escenario, el control político de la Comisión Legal de Paz se proyecta como un espacio de contraste entre las expectativas creadas por las instituciones internacionales, las demandas de las víctimas y la ciudadanía, y los compromisos asumidos por el Gobierno en un contexto de múltiples tensiones: desde el rezago en la reforma rural integral y las garantías de seguridad para líderes sociales, hasta los desafíos de la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro.
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