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Espaldarazo en el Consejo de Seguridad de la ONU a la reforma agraria de Petro

Los países miembros de esa instancia recibieron el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación sobre la implementación de la paz en Colombia. Los renovados esfuerzos con la reforma rural integral y con el capítulo étnico fueron celebrados con unanimidad, y ahora serán monitoreados por la Misión de Verificación de Naciones Unidas.

Redacción Colombia +20
11 de enero de 2023 - 08:35 p. m.

Este miércoles, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en Nueva York, recibió el más reciente informe sobre la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, el primero en tomarle el pulso al Gobierno Petro en esa materia, pues el documento recoge lo ocurrido en los últimos tres meses de 2022.

El balance es alentador: la publicación resaltó de forma vehemente el nuevo impulso que el gobierno ha pretendido darle a la implementación de lo acordado en La Habana, por ejemplo, con la activación de dos instancias claves: la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo (Csivi) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Igualmente, el documento valoró los avances en la reforma rural integral, como el aumento del presupuesto para el sector agro en 2023 o el acuerdo alcanzado con Fedegán para comprar tierras y adjudicarlas a campesinos.

Además de Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de la ONU quien presentó el informe ante esa instancia, intervinieron de parte de Colombia la vicepresidenta Francia Márquez y el líder indígena Armando Wouriyu Valbuena, quien además es Secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, IEANPE. De hecho, no es fortuito que hayan sido ellos dos quienes intervenieron por Colombia, pues en la sesión de hoy se formalizó la extensión del mandato a la Misión para que también verifique oficialmente la reforma rural y el capítulo étnico.

En su intervención, Ruiz Massieu resaltó varios hechos que han evidenciado el nuevo impulso a la implementación de la paz en el país. En particular, se refirió a la Convención Nacional Campesina de diciembre - a la que asistió - en la que participaron comunidades de diversas partes del país con sus aportes a la política del campesinado y a la reforma agraria, “reafirmando así su papel fundamental en la consolidación de la paz”, dijo. En materia de reincorporación, resaltó: “Saludo el reciente nombramiento de Alejandra Miller, excomisionada de la Verdad y defensora de los derechos de las mujeres, como nueva directora de la Agencia para la Reincorporación”.

Sin embargo, lamentó que tras seis años de la firma del Acuerdo de Paz la violencia se perpetúe precisamente en varias de las zonas priorizadas en ese pacto. Mencionó, por ejemplo, a la comunidad indígena awá y al consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, ambos en Nariño.

Armando Wouriyu Valbuena celebró en esa instancia que ahora la Misión de Verificación de la ONU también vaya a monitorear el cumplimiento del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, pues “de estar en el Acuerdo a que se implementara a favor nuestro, ha estado la dificultad”, dijo.

“En lo que corresponde particularmente a los pueblos y comunidades étnicas además de la asignación de rubros presupuestales concretos, es necesario la implementación de una institucionalidad que entienda el enfoque étnico. Hemos vivido por siglos ante un Estado que no nos ve, no estamos presentes en sus mentes, y que a la hora de tomar decisiones estamos ausentes”, dijo. Lea aquí su intervención completa.

El respaldo de los países miembros del Consejo de Seguridad

Fue unánime el respaldo en el Consejo de Seguridad a las labores del Gobierno Petro en materia de la implementación del Acuerdo de Paz. “Celebramos el compromiso del gobierno colombiano de aplicar el acuerdo de 2016 como parte fundamental de su labor por asegurar la paz; nos alegra que se renueve el ímpetu”, dijo el representante del Reino Unido durante la sesión.

Brasil fue otro de los países que respaldó con contundencia la implementación del Acuerdo en lo que va del Gobierno Petro: “Nos complace reconocer el compromiso del gobierno del presidente Petro con la intensificación de los esfuerzos para garantizar la seguridad de los excombatientes y con el fortalecimiento de las políticas con respecto a las mujeres, las poblaciones indígenas y afrodescendientes”, dijo su representante.

Agregó que saludan la decisión del Gobierno de enfocar los esfuerzos en los puntos del Acuerdo con mayor potencial transformador, como la reforma rural integral. En particular, destacó que “la decisión del gobierno de incrementar los recursos para el sector agrario en el presupuesto de 2023 en más del 62% demuestra la seriedad con la reforma rural”.

La representante de Estados Unidos resaltó cuatro puntos: primero, la renovada importancia del capítulo étnico que ahora será monitoreado por la Misión de Verificación de la ONU; de hecho, recordó que el secretario de Estado Antony Blinken, durante su visita de octubre pasado a Bogotá, anunció que Estados Unidos sería el primer acompañante internacional de ese capítulo.

En segundo lugar, resaltó los esfuerzos en la reforma rural contando el aumento del presupuesto para el sector agro; tercero, respaldó la labor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) - “todas las víctimas del conflicto colombiano merecen justicia”, dijo -; y por último, los esfuerzos para ampliar la participación política.

Sin embargo, enfatizó en que la producción ilegal de drogas sigue siendo la amenaza a vencer en aras de consolidar la paz en Colombia. Recordó que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) registró cifras récord de cultivos de coca en el país para 2021. “Las autoridades deben actuar para combatir la producción ilegal de drogas, es vital que los grupos armados ilegales rindan cuentas”, sostuvo.

Los avances en la reforma rural y el aumento del presupuesto para el agro en 2023 fueron reconocidos en casi la totalidad de intervenciones durante el Consejo de Seguridad, como las de China, Francia o Rusia. El representante de este último aseguró sin titubeos: “Las nuevas autoridades colombianas han hecho más por la reconciliación del país en seis meses que la administración anterior en cuatro años”.

Francia Márquez, por primera vez en el Consejo de Seguridad

Luego de que intervinieran los países miembros del Consejo de Seguridad, también se pronunció Francia Márquez, en un hecho histórico al ser la primera vicepresidenta afro de Colombia. Márquez se presentó como “una hija del territorio ancestral, como portavoz del pueblo colombiano y representante de un gobierno que ha llegado para cambiar la historia del país”. Y habló sobre las reformas estructurales que está promoviendo el junto al presidente Petro, según dijo, para “superar la violencia, las injusticias sociales y las desigualdades estructurales”..

Aquí puede ver su discurso completo:

Entre otras, habló de los anuncios de distribución de 3 millones de hectáreas, en la “búsqueda de la democratización de la tierra”; de la reciente creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, y de su impulso en el Congreso para que el campesinado sea reconocido como sujeto de especial protección constitucional.

La vicepresidenta hizo especial hincapié en su apoyo al llamado de las comunidades por lograr acuerdos humanitarios y por alcanzar un cese al fuego multilateral. “Nuestro compromiso central es garantizar la vida de toda la población colombiana y cuidar a quienes han asumido la defensa de los derechos humanos como su causa principal, resguardar a las comunidades que están en medio del fuego cruzado, pero nada de eso es posible sin respetar a quienes han firmado y demostrado su voluntad de paz, sin desescalar el conflicto y asegurar el desmonte de las estructuras criminales que perpetúan la violencia”, sentenció.

Además, solicitó a la ONU abrir sus puertas para un diálogo sincero que “permita resolver estructuralmente las violaciones de derechos humanos en el país” y el acompañamiento en el establecimiento de nuevo enfoque en la estrategia contra las drogas para que las comunidades puedan vivir sin miedo en los territorios. “Una nueva política de drogas deberá tener un enfoque de justicia racial y de género que permita reconocer y superar las afectaciones diferenciadas de las poblaciones y coloque en el centro el respeto por la vida”, señaló.

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