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La decisión se comunicó hoy durante la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde se presentó el más reciente informe trimestral de la Misión de Verificación. La votación fue unánime. La ampliación del mandato se dio después de que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres presentara una un detallado informe en una carta fechada el pasado 9 de diciembre en el que entregó a ese organismo sus recomendaciones para que se ampliara ese mandato y hacer seguimiento al punto 1 del Acuerdo de Paz y al capítulo étnico.
En el documento de 9 páginas, Antonio Guterres recomienda, después de un largo análisis y de consultar a las autoridades e instancias nacionales, al sistema de Naciones Unidas y a la comunidad internacional, “que el Consejo de Seguridad autorice que se añadan esas tareas al mandato de la Misión de Verificación. El capítulo sobre la reforma rural integral y el capítulo étnico del Acuerdo Final son fundamentales para consolidar la paz, ya que abordan patrones profundamente arraigados de desigualdad y exclusión de las zonas rurales y los pueblos étnicos que se han perpetuado y se han visto exacerbados por el conflicto armado”.
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Esa ampliación del mandato fue solicitada conjuntamente por el Gobierno de Colombia y las antiguas Farc, en una carta de fecha 17 de octubre de 2022.
Después de cumplir con su primer mandato que consistió en la verificación del cese al fuego y de hostilidades y la dejación de armas de las Farc, la Misión adoptó un nuevo mandato, desde septiembre de 2017, para hacer seguimiento al proceso de reincorporación de excombatientes de esa extinta guerrilla y a las medidas de seguridad que adopte el Estado colombiano para protegerlos a ellos y a las comunidades de los territorios. El mandato se extendió en mayo de 202 para el cumplimiento de las sanciones propias que debe imponer la Jurisdicción Especial para la paz a los comparecientes que juzgue (exguerrilleros de las Farc y miembros de la fuerza pública).
Una de las razones expuestas por Guterres para responder afirmativamente a la solicitud es que debido a la interrelación que existe entre los distintos aspectos del Acuerdo Final, es importante avanzar en la implementación del capítulo sobre la reforma rural y el capítulo étnico para sustentar los avances en la reincorporación y las garantías de seguridad para los excombatientes y las comunidades, que hacen parte del actual mandato de la Misión.
La respuesta afirmativa a la solicitud se dio hoy en la sesión en la que intervinieron la vicepresidenta Francia Márquez y Armando Wouriyu Valbuena, líder indígena y Secretario de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos para el seguimiento de la implementación del Acuerdo de Paz, IEANPE.
Al ser consultado sobre este tema, Valbuena indicó que el Estado colombiano y la comunidad internacional, para este caso la Misión, necesitan comprender y dialogar con afros e indígenas lo que implica la implementación desde el enfoque étnico. Y llamó su atención con esta frase: “En sus estructuras este tema está invisibilizado, responder adecuadamente a ello es una capacidad que aun no se tiene”.
El líder indígena resaltó que la implementación del capítulo étnico es la más rezagada en el conjunto del Acuerdo de Paz. “La IEANPE ha invertido grandes esfuerzos en incidencia ante la comunidad internacional y los medios de comunicación dando cuenta de esta situación. Una de las primeras medidas del actual gobierno fue designar a la Vicepresidencia como coordinadora institucional del Capítulo Étnico. A su vez los gobiernos de los Estados Unidos y México decidieron acompañar a afros e indígenas en la implementación. Estos elementos se han constituido en factores que han puesto de presente la Cuestión Étnica a los ojos del Consejo de Seguridad”.
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Sobre la reforma rural
Buena parte de la carta se dedica a examinar uno a uno los aspectos contenidos en el punto de la reforma rural integral para explicar que con su cumplimiento se garantizaría una transformación profunda en los territorios que han estado históricamente excluidos y así avanzar en la consolidación de la paz. Y cuenta que, para su análisis, la Misión consultó a la ministra de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Desarrollo Rural y la Unidad de Restitución de Tierras, la vicepresidenta de la República, la Oficina del Alto comisionado para la Paz, representantes de excombatientes de las Farc y de organizaciones étnicas.
El secretario general de Naciones Unidas sustenta su decisión en que “a pesar de algunos avances, la implementación del capítulo sobre la reforma rural ha sido limitada, como se detalla en un informe reciente de la Procuraduría General de Colombia, un organismo de control. Aún no se ha creado el organismo de alto nivel para promulgar lineamientos sobre el uso de la tierra, ni mecanismos alternativos para la solución de conflictos sobre cuestiones relativas al uso y la propiedad de la tierra, ni el tribunal agrario. Los aspectos étnicos y de género de la reforma rural se encuentran en una fase incipiente”.
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Al entrar en el detalle de cuáles serían los aspectos concretos del punto 1 que verificaría la Misión, Guterres explica: “uno de los aspectos claves en los que se centrará la labor de verificación será el Fondo de Tierras, labor que incluirá esfuerzos para cumplir los objetivos de entrega y formalización de tierras, entre ellos un acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Ganaderos (se ha solicitado a la Misión que apoye dicho acuerdo)”
También observará el proceso de restitución de tierras a las víctimas del conflicto y el establecimiento de mecanismos alternativos para resolver los conflictos sobre la tierra y promover el diálogo social, como el tribunal agrario y el organismo de alto nivel para promulgar lineamientos sobre el uso de la tierra.
Sobre los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, asegura que la verificación observará la participación inclusiva de las comunidades, la asignación de recursos y la coordinación con los planes regionales de desarrollo y los planes nacionales para la reforma rural, así como la participación activa de las mujeres y las comunidades étnicas en este proceso.
La misión también ampliaría su mandato para presentar informes sobre los avances de los Planes nacionales para la reforma rural integral para que tengan un efecto inmediato en la erradicación de la pobreza y que aborden las desigualdades en las zonas rurales, incluidos los efectos en las mujeres del campo, en sectores como la salud, la educación, la vivienda, la infraestructura vial, la electrificación y la conectividad, el agua y el saneamiento, la seguridad alimentaria y la economía solidaria.
En la carta, el secretario general explica que, para hacer esta verificación, la Misión priorizará ciertas zonas geográficas previa consulta con el Gobierno y realizaría visitas periódicas para monitorear y también ofrecer sus buenos oficios para facilitar el diálogo con el fin de fomentar la confianza en el proceso y acelerar una implementación.
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¿Qué se verificará sobre el capítulo étnico?
“La Misión verificaría los avances y los desafíos en la implementación de las disposiciones del capítulo étnico, que son transversales al Acuerdo Final, y formularía recomendaciones proactivas y constructivas para superar los problemas, teniendo en cuenta la dimensión de género”, dice el documento firmado por Guterres.
En el acápite dedicado a este tema, el secretario general explica que la misión le daría especial atención al funcionamiento de los mecanismos de diálogo para resolver los conflictos en la implementación de las prioridades étnicas y a los vínculos entre el capítulo étnico y las disposiciones sobre género del Acuerdo Final.
Por la interrelación de la que habla el documento, la carta dice que uno de los aspectos claves en los que se centrará el enfoque de verificación desde la perspectiva étnica sería el punto sobre la reforma rural, así como la inclusión de los pueblos y territorios étnicos en la redistribución de tierras a través del Fondo de Tierras, la restitución de tierras y los mecanismos de solución de conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra, en especial en lo que respecta a los posibles conflictos en el catastro y las zonas de reserva campesina.
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Para llevar a cabo esta tarea, la misión tendrá mayor contacto con los representantes indígenas y afrocolombianos elegidos en 2022 en las circunscripciones transitorias especiales de paz creadas en virtud del Acuerdo, y con el Congreso para que este siga prestando atención a las disposiciones del capítulo étnico.
También, explica Guterrez en el documento, se hará verificación a las políticas de reincorporación política y socioeconómica de excombatientes de origen étnico se adapten a sus necesidades, y que se refuercen las garantías de seguridad para ellos y a los esfuerzos de la justicia transicional en relación con las poblaciones étnicas y sus sistemas judiciales y al cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre asuntos étnicos y la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
Un aspecto estratégico de la labor de la Misión consistiría en verificar que se ejercen plenamente las funciones de la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos, que está obligada a desempeñar una función de asesoramiento respecto de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final.
Para sustentar estas tareas, el documento reconoce que el conflicto armado de Colombia afectó de manera desproporcionada a las comunidades y territorios étnicos del país, como se documenta en el informe final de la Comisión de la Verdad. “En la actualidad esas mismas comunidades siguen estando gravemente afectadas por la violencia en curso y la inseguridad. La inclusión de esta perspectiva en el Acuerdo Final fue el resultado de enérgicos llamados de organizaciones étnicas de las comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales, palenqueras y romaníes”.