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La paz se construye de abajo hacia arriba, en lugares donde los pobladores tienen la posibilidad de proponer, dialogar, planear e incidir sobre el desarrollo de su territorio. Es decir, donde se les reconocen sus derechos políticos.
Esto piensan cinco líderes comunitarios que participan activamente en un proyecto que ha puesto a dialogar a comunidades y administraciones de siete municipios de Antioquia: Santo Domingo, San Roque (Nordeste), Alejandría, Concepción, Granada, San Carlos y San Rafael (Oriente).
El proyecto es desarrollado gracias a un convenio entre la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad de Antioquia, la corporación Conciudadanía y la empresa de servicios públicos Isagén, que tiene proyectos hidroeléctricos en el área donde están estos municipios, ubicados en una zona caracterizada por los embalses. Y también por la historia del conflicto armado.
La iniciativa abarca, en gran medida, el período de las administraciones actuales: comenzó en 2015, antes de las elecciones de alcaldes y concejos municipales, y finalizará en 2018.
La labor empezó con dos frentes de trabajo: Conciudadanía con grupos de líderes en cada municipio y la Escuela de Gobierno con los candidatos a alcaldías y concejos municipales. Los primeros en el proyecto “Piensa tu voto, elige programa”, y los segundos en la “Formación de candidatos para los gobiernos locales”.
En cada caso, y en cada taller, la paz fue un tema obligado. Conciudadanía, además de fortalecer las capacidades de los líderes para una participación activa, consciente y propositiva, orientó la construcción de agendas ciudadanas de paz que incidieran en los planes de gobierno de los futuros alcaldes. Entre tanto, la Escuela de Gobierno capacitó a los candidatos sobre los procesos de conversaciones de paz que entonces estaban en desarrollo en La Habana entre el Gobierno y las Farc, entre otros temas, como la comprensión de sus responsabilidades políticas y del funcionamiento del Estado.
Este trabajo se asemeja a una propuesta lanzada el 13 de marzo de 2014 por Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, en el discurso “La transición en Colombia y el proceso para construir una paz territorial”. Ese día, durante una intervención en la Universidad de Harvard (Estados Unidos), Jaramillo dijo que era necesario “aprovechar el momento de la paz para (…) desarrollar las instituciones en el territorio”, porque con el tiempo serían ellas las que harían “valer los derechos de todos por igual”. Explicó que “para avanzar en esa dirección” era necesario “poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades” se pensara en las características, necesidades del territorio y sus respectivas respuestas. Y agregó: “Se trata de hacer valer los derechos y las capacidades de la gente, que sientan como propio el esfuerzo de reconstrucción”.
Luego de cinco talleres se llegó al primer punto de encuentro: un foro en el que los líderes expusieron sus iniciativas y los candidatos a alcaldías y concejos se comprometieron a evaluarlas. Las propuestas están consignadas en sencillos manuales. Cada uno se titula Agenda integral de paz y reconciliación.
Cada agenda está conformada por temas gruesos, como política, medioambiente, salud, educación, deporte y cultura, entre otros. Y cada una le da relevancia a la superación del conflicto. La comunidad del municipio de San Rafael, por ejemplo, pidió cumplir la Ley 1448 de 2011, “acompañamiento psicológico a las personas marcadas por la guerra en los conflictos”, “proyectos para las víctimas del conflicto”, “apoyo a los procesos de desmovilización”, “apoyo a la construcción de espacios educativos de memoria”…
Lupa ciudadana
Tras la elección de alcaldes y concejales, el trabajo se enfocó en los planes de desarrollo 2016-2019. La Escuela de Gobierno acompañó a las administraciones entrantes en la formulación de sus planes de desarrollo y a los concejos municipales en las discusiones sobre la construcción de estos planes.
Y Conciudadanía orientó a los líderes en la revisión de propuestas incluidas en los programas y proyectos de los planes de desarrollo. “Retomamos la agenda del año anterior con esos mismos líderes (y) con el alcalde electo a revisar su plan de gobierno, a mirar qué queda (…) de la agenda ciudadana y qué no”, explica Gloria Alzate, socióloga y directora (e) de Conciudadanía.
Este año están en el tercer paso: el control social (en esta fase no están los municipios de Granada y San Carlos). Los líderes ya comenzaron a revisar los planes de desarrollo para ver “cómo se están ejecutando o si no se están ejecutando” las propuestas tomadas de las agendas ciudadanas, dice Alzate.
Para ello, cada uno elige un programa o proyecto y le hace seguimiento. Este paso, dice Alzate, es un nivel muy alto de participación porque le exige al ciudadano un compromiso muy serio: recoger información, analizarla y ser ecuánime. “El reto es que la ciudadanía sea capaz de hacer control social. Si es amigo (del alcalde), cómo le hace control al amigo, y si es enemigo, entonces es (mirado como) la oposición”, dice. Agrega que el control social es una forma de construir paz, “porque es una ciudadanía que se preocupa por su territorio, que lo piensa, que lo planea y que se compromete con su desarrollo”, dice. Aclara que el control social no es sólo para ver qué le hace falta al Gobierno sino también para reconocer qué está haciendo bien.
Entre tanto, la Escuela de Gobierno dio inicio al trabajo con las alcaldías sobre los proyectos plasmados en los planes de desarrollo, de tal manera que estas iniciativas se puedan llevar a cabo.
Al final de este año habrá otro punto de encuentro: un foro en el que las comunidades, tras el proceso de formación, harán preguntas precisas sobre proyectos específicos y las administraciones estarán listas para explicar claramente los resultados de su gestión.
Así se generan territorios de paz
Aún no hay resultados definitivos sobre esta alianza entre academia, empresa y organización no gubernamental, y tampoco sobre el trabajo paralelo entre administraciones locales y comunidades. Sin embargo, ya hay ganancias: una de las principales, dice Carlos Sandoval, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Antioquia, es que los pobladores de estos municipios aportaron ideas e identificaron problemas para la construcción de los planes de gobierno.
En la agenda del municipio de San Rafael, por ejemplo, los ciudadanos aportaron 116 propuestas, la mayoría de salud, educación, agua, energía, escuelas y vías.
Otra ganancia es que los alcaldes incluyeron gran parte de estas propuestas. Por ejemplo, Luis Fernando López, alcalde de Alejandría, asegura que su plan de desarrollo está basado en gran medida en la agenda ciudadana. “Se puede decir que los planes de desarrollo han incorporado una parte importante de las propuestas (…) (este) es un tema de negociación, de concertar agenda, de revisar los recursos disponibles”, dice Sandoval.
La inclusión de las propuestas en los planes de desarrollo, sin embargo, no es una garantía de que se lleven a cabo, cree Margélica Parra Ortiz, de 51 años y lideresa casi la mitad de su vida en el municipio de San Roque. Sin embargo admite que se siente satisfecha con un proceso que ha involucrado a toda la comunidad. “Eso no se había visto”, dice. “Se habían hecho cosas similares, pero no así. Venían, nos reunían unas tres horas, nos daban un almuerzo y váyase, pero en este proceso (…), desde 2015, sí hemos aprendido más”.
Para Leo Dan Vásquez, líder y coordinador de desarrollo comunitario del municipio de Santo Domingo, el ejercicio de poner a las comunidades y a las administraciones locales a dialogar sobre sus territorios es una manera de generar paz, pues “cuando se tienen en cuenta las ideas de las personas del común se genera bienestar común, se generan territorios de paz”.
Pero, como dijo Sergio Jaramillo en su discurso en la Universidad de Harvard, “tampoco se trata de que las comunidades se organicen por su cuenta”. Según él, “esa es una lógica de fragmentación” que ha sido la enfermedad histórica del país y “lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio”.
Crear territorios de paz es uno de los objetivos claves en estos municipios de Antioquia donde comenzó el proyecto. Algunas cifras indican que están entre los más lastimados por la violencia. Por ejemplo: en tres municipios del Oriente antioqueño (Granada, San Carlos y San Rafael) está el 21 % (43.952) del total de víctimas de los 23 municipios de esa subregión del departamento. Fue precisamente en el corregimiento Santa Ana de Granada donde el 29 de mayo se lanzó el programa Bosques de Paz, iniciativa que pretende sembrar más de ocho millones de árboles en el país, en memoria de las víctimas. Y allí el número de víctimas del conflicto armado es prácticamente el mismo que el número de habitantes.