La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en 2011, ha significado un avance en el reconocimiento, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Esta ley ha sido catalogada por expertos como un marco legal sin precedentes en países que han atravesado por situaciones de guerra.
Uno de sus principales objetivos es recomponer el tejido social, adoptando medidas a favor de las personas que han sufrido las consecuencias del conflicto armado. El contenido se ha calificado como novedoso ya que reconoció la existencia del conflicto armado interno, negado por anteriores gobiernos, además de reconocer a las víctimas, sin importar quién fuera su victimario. Es novedosa también porque les reconoce a las víctimas sus derechos, les otorga prioridades en el acceso a servicios del Estado y las convierte a ellas y sus familiares, en sujetos de reparación integral.
Sin embargo, en la implementación de la Ley y sus decretos normativos se han evidenciado múltiples obstáculos que han impedido el cumplimiento a cabalidad de sus objetivos. Además, la vigencia de estas normas vence en el año 2021.
Dentro de los avances de la Ley se destaca la creación de un Registro Único de Víctimas que contabiliza 8.7 millones de personas (cerca del 18% de la población del país); la compensación económica de más de 800 mil víctimas por los daños sufridos con ocasión del conflicto, con una inversión cercana a los 5,4 billones de pesos.
A pesar de estos y otros avances, hay aspectos que no muestran el avance esperado. Por ejemplo, del millón de hectáreas de tierra que se han detectado con alguna afectación a causa del conflicto armado, más de 500.000 se encuentran en los despachos de jueces o magistrados esperando un fallo. Faltan por atender cerca de 3 millones de víctimas en el Programa de Atención Psicosocial del Ministerio de Salud, mientras que el 90% de las víctimas no han sido indemnizadas.
Con estos antecedentes y la transición a un nuevo gobierno, se hace necesario promover un diálogo abierto entre actores del gobierno nacional, representantes de las víctimas y la cooperación internacional sobre los logros alcanzados en los últimos siete años de implementación de la ley y los retos que se tienen en el escenario de implementación del acuerdo de paz y los tres años que le faltan a la ley.
Por esta razón, Colombia 2020 de El Espectador está convocando, junto a OIM y USAID, y en alianza con la Universidad del Rosario, al conversatorio “Las víctimas en el centro. Los retos de la política pública”. El evento se realizará en Bogotá, este lunes 26 de noviembre de 8 a.m. a 11:00 a.m., en el AR Centro de Convenciones.
La entrada es libre y gratuita, previa inscripción.
http://eventoscolombia2020.elespectador.com/victimas-en-el-centro/
Este es el programa:
Instalación
Lawrence Sacks, director de USAID Colombia
Ana Durán, Jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones – OIM Colombia
Juan Carlos Forero, Decano de Jurisprudencia de la Universidad El Rosario.
Conferencia
Bill Rolston, Profesor emérito de sociología del Instituto de Justicia Transicional, Universidad de Ulster. Belfast, Irlanda del Norte.
Panel
Bill Rolston, Profesor emérito de sociología del Instituto de Justicia Transicional, Universidad de Ulster. Belfast, Irlanda del Norte
Odorico Guerra Salgado, Coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas.
Ramón Alberto Rodríguez, Director encargado de la Unidad de Víctimas.
Sorrel Aroca Rodríguez, Gobernadora de Putumayo.
María Victoria Uribe Alarcón, Profesora de la Universidad del Rosario e investigadora emérita de Colciencias.