Colombia + 20

2 Oct 2022 - 2:30 a. m.

Gobierno, exFarc y comunidad internacional relanzan instancias del Acuerdo de Paz

El presidente Gustavo Petro instalará la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
Miles de personas han participado en manifestaciones exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz.
Miles de personas han participado en manifestaciones exigiendo la implementación del Acuerdo de Paz.
Foto: Óscar Pérez

En un acto que se cumplirá en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, el presidente Gustavo Petro instalará este domingo las dos instancias más importantes para hacerle seguimiento al Acuerdo de Paz. Se trata de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS).

Al evento, que está citado para las 11 a. m., asistirán la Misión de Verificación de la ONU, firmantes del Acuerdo Final, altos funcionarios del Estado, la Misión de Apoyo al Proceso de paz de la OEA, ONU Derechos Humanos y representantes de países que apoyan el proceso de paz.

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Será un evento para instalar estas dos instancias, las más importantes para hacer seguimiento a la implementación de lo acordado en La Habana y que durante el gobierno de Iván Duque no tuvieron la relevancia que les dio el mismo Acuerdo Final.

El caso más notorio de este rezago es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene como objetivo el diseño de la política pública para el desmantelamiento de las organizaciones sucesoras del paramilitarismo responsables de homicidios y masacres contra defensores de derechos humanos, excombatientes o quienes participen en la implementación de los Acuerdos y la construcción de la paz.

Esta comisión la preside el jefe de Estado y en ella están también el alto comisionado para la paz, los ministros de Defensa, de Justicia, del Interior, los altos mandos militares, el Fiscal General de la Nación, la Procuradora General de la Nación, el Defensor del Pueblo y ocho comisionados civiles que representan a los grupos étnicos, a las organizaciones y plataformas de mujeres y de Derechos Humanos, además de dos expertos. Sesionó siete veces durante el mandato de Iván Duque, pero nunca logró tener la importancia que le dio el Acuerdo Final.

Camilo González Posso, quien hace parte como experto explicó que “el gobierno anterior definió que ese era un organismo asesor y no de Estado, como lo define la ley; solo la convocó para responder a la presión internacional, sobre todo a los constantes llamados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y para cumplir con una orden impartida por la JEP”.

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Ante los múltiples llamados de la comunidad internacional sobre la importancia de que la Comisión emitiera una política pública de desmantelamiento de grupos criminales y otras medidas de protección para lideres sociales y firmantes del Acuerdo, “la respuesta del Gobierno siempre fue decir que tenía el Plan de Acción de Prevención y Protección para Defensores de Derechos Humanos, el PAO, pero esa era una acción de gobierno, no una política de Estado concertada con las organizaciones civiles”, recuerda González Posso.

El balance que recibirán el Gobierno y la comunidad internacional del trabajo de la Comisión es preocupante, ya que en una semana se cumple el último plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz le dio a esa Comisión para presentar la política de desmantelamiento de organizaciones criminales. Y este es el cuarto plazo, tras sucesivos incumplimientos del gobierno anterior. Seguramente, una de las decisiones de la CNGS será pedir un nuevo plazo para cumplir con este requerimiento.

En este sentido, se da por hecho que los proyectos de ley que están circulando con las normas para el sometimiento y acogimiento de grupos armados ilegales deberán pasar a esta Comisión, dada las funciones que le fueron asignadas. Ese seguramente será uno de los temas a tratar en esta primera sesión durante el actual gobierno.

Así lo había recomendado la representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Julitette de Rivero, en una reciente columna publicada en El Espectador: “El Acuerdo de Paz prevé que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encabezada por el presidente, diseñe y ejecute una política pública y criminal para el desmantelamiento de cualquier organización o conductas “que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Es importante que el presidente convoque la Comisión y que adopte e implemente, sin tardar, una política de desmantelamiento. Esto lo distinguiría de los anteriores gobiernos que descuidaron esa tarea prevista en el Acuerdo, con las consecuencias que viven hoy los territorios. Esta iniciativa reforzaría la propuesta de Paz Total”.

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Cabe recordar que, en su auto más reciente al respecto, la JEP dijo que “tras verificar la inexistencia de una estrategia institucional para prevenir la violencia de los grupos delincuenciales que están afectando la reincorporación de los firmantes del Acuerdo Final, le ordenó al Alto Comisionado para la Paz activar las competencias de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS) y adoptar el plan de acción para combatir y desmantelar estas organizaciones armadas ilegales”.

Esa decisión de marzo de este año también contiene una orden perentoria a la Procuraduría: “iniciar las investigaciones disciplinarias a que haya lugar, toda vez que, pasados cinco años de creada la CNGS, ésta aún no cuenta con un reglamento interno de trabajo con cual no se ha podido adoptar una política encaminada a combatir los grupos armados organizados al margen de la ley que afectan el proceso de reincorporación”.

Se espera que este relanzamiento que hará el presidente Petro de esta comisión destrabe la ejecución de esa política, teniendo en cuenta que la magistrada Reinere Jaramillo había cuestionado a la Procuraduría, la Unidad Especial de Investigación, el Comando de las Fuerzas Militares y la Dirección de la Policía porque no participaron en la elaboración unos lineamientos que había presentado el Alto Comisionado el 19 de marzo de 2021.

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En esta comisión, el ministro del Interior, Alfonso Prada presentará, por su parte un balance de mejoría en las cifras de asesinatos de líderes sociales y firmantes del Acuerdo durante el mes de septiembre y los resultados de lo que se ha implementado hasta ahora del Plan de Emergencia para la protección a líderes sociales y firmantes de paz que fue elaborado por las plataformas de derechos humanos y adoptado por el gobierno Petro.

¿Por qué es importante la CSIVI?

En el caso de la CSIVI, fue creada mediante decreto y consagra 36 funciones, dentro de las cuales están: resolver las diferencias de interpretación o cualquier situación imprevista que surja entre las partes, hacer recomendaciones para impulsar la implementación, aprobar el Plan Marco para la implementación del Acuerdo Final, constatar que el contenido de todos los proyectos de decreto, ley o acto legislativo que sean necesarios para implementar el Acuerdo Final, correspondan a lo acordado e incluso proponerle al Gobierno las normas que se consideren necesarias para la implementación del Acuerdo, entre otras.

El partido Comunes denunció en varias oportunidades que el gobierno Duque no había permitido el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión.

En ese sentido, Rodrigo Granda, delegado en esa instancia, le dijo a Colombia+20 que “en el gobierno anterior todas las instancias creadas para el acompañamiento, seguimiento y verificación del Acuerdo tuvieron problemas por la intención del gobierno de hacer trizas el Acuerdo de Paz. A veces no llegaban los tres delegados del gobierno y siempre nos decían que nosotros pretendíamos cogobernar, a pesar de que este era el órgano creado para solventar las diferencias que se presentaran en la implementación del Acuerdo”.

En su último informe, la Misión de Verificación de la ONU había señalado la importancia de que la CSIVI funcionara adecuadamente: “cuando se utilizan eficazmente, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final y otros mecanismos de diálogo han demostrado ser valiosos para que las partes avancen en el cumplimiento de los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo”.

Granda dijo que el partido Comunes está a la espera de que el Gobierno Petro nombre al funcionario que debe reemplazar al alto consejero para la estabilización, en vista de que esa entidad fue eliminada. Los otros dos delegados son el alto comisionado para la paz y el ministro del Interior, quienes estarán presentes en esa instalación.

“Hay 10 países más que nos están acompañando, incluyendo en la ultima etapa a los Estados Unidos, México, Irlanda, Alemania, Franca, Argentina, Perú y Reino Unido, todos han pedido estar en ese acompañamiento al proceso de paz”, dijo Granda.

Justamente la semana pasada hubo un encuentro, convocado por la embajada de Noruega, con los embajadores de los 15 países que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para revisar el informe que el Secretario General debe presentar en pocos días. Allí estuvieron presentes representantes del partido Comunes y del gobierno nacional.

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En el evento de relanzamiento de las dos instancias estarán también el canciller Álvaro Leyva, varios de estos embajadores y congresistas. Con este acto, el presidente Gustavo Petro quiere reafirmar su intención de impulsar el cumplimiento a cabalidad del Acuerdo Final como parte de su política de paz total y como un mensaje a los otros grupos que están ad-portas de iniciar diálogos formales con su Gobierno.

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