Yanette Bautista murió sin alcanzar a ver firmado el decreto que reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras (Ley 2364 de 2024), un hito normativo que ella impulsó y que reconoce, por primera vez, a las madres, hijas, esposas y hermanas que llevan décadas buscando a sus seres queridos desaparecidos. La norma está aprobada desde hace más de un año.
El pasado 23 de octubre, en el Día Nacional de las Mujeres Buscadoras, ellas esperaban que se les entregara el documento firmado, pero nunca llegó. Desde entonces han pasado 50 días sin una respuesta.
Andrea Torres, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, explicó a Colombia+20 que el retraso se debe a los cambios en la cartera ministerial. Tras la renuncia de Eduardo Montealegre al Ministerio de Justicia, el documento tiene que volver a pasar a firmas con el nuevo jefe del gabinete. Esto ha traído consigo demoras. “Desde el cambio de ministro, la interlocución con la institucionalidad se ha reducido. Esto nos ha preocupado bastante”, señaló Torres.
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Todos los ministerios -menos el de Agricultura- ya habían firmado el decreto, pero aún faltaba la sanción presidencial a través del Ministerio del Interior. La coordinación con otras dependencias, como el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), ha sido complicada.
“Dicen que ellos han cambiado un poco la postura ahora que les volvieron a pasar el decreto, cuando antes ya habían dicho que sí a todo. Nos preocupa mucho esos retos que nos dicen que se están imponiendo de parte del Ministerio del Interior y de la Presidencia”, afirmó Torres.
Ante estas dificultades, y con el objetivo de que las mujeres reciban “como regalo de Navidad” -dice Andrea- el documento firmado, las organizaciones emitieron un comunicado conjunto dirigido al presidente Gustavo Petro, en el que hacen un llamado urgente a cumplir el compromiso.
“Hemos enfrentado la discriminación, la estigmatización y la persecución por una razón sencilla, pero inmensa: buscar a nuestros seres queridos desaparecidos. Por eso hoy levantamos la voz una vez más. Exigimos que se firme ya el decreto reglamentario de la Ley de Mujeres Buscadoras, que reconoce, reivindica y dignifica nuestra lucha y nuestros derechos. Esta ley fue aprobada hace más de un año, y el compromiso del gobierno era implementarla en un plazo máximo de tres meses”, se lee en la misiva firmada por 23 asociaciones, colectivos y organizaciones.
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Las mujeres también advierten que el año está por terminar y que la firma del decreto no puede seguir aplazándose. “No más excusas, no más indiferencia”, escriben. Según las organizaciones, cada día sin esa firma se traduce en una vida que se apaga en el silencio y en una madre que muere -como Yanette- desprotegida y sin la garantía de sus derechos.
“Presidente, cumplir este compromiso no es un favor: es una deuda con la historia y con quienes hemos entregado nuestra vida a la búsqueda y la esperanza”, escriben al final del comunicado.
¿Qué busca la Ley de Mujeres Buscadoras y por qué es tan importante que se firme el decreto?
Durante décadas, las mujeres han cargado sobre sus hombros la búsqueda de sus seres queridos. Han recorrido morgues, batallones, juzgados y fosas comunes para encontrar a sus familiares. La Ley 2364 de 2024 busca respaldar ese trabajo y garantizar que el país no olvide a las víctimas.
La normativa reconoce a las mujeres buscadoras como sujetas de especial protección y establece mecanismos para asegurarles una vida digna con acceso a vivienda, seguridad social, educación, atención médica y apoyo psicosocial.
Un elemento central de la ley es la creación del Registro Único de Mujeres Buscadoras, una base de datos que permitirá conocer el número de víctimas colaterales de la desaparición forzada y orientar las medidas de reparación. Sin embargo, hasta que no se firme el decreto reglamentario, ninguna institución puede cumplir con sus responsabilidades relacionadas con este registro.
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“Para que las mujeres buscadoras sean realmente reconocidas y reparadas por los daños que les han causado, es necesario crear el Registro Único de Mujeres Buscadoras. La Unidad para las Víctimas debe crear este registro, pero no puede hacerlo hasta que haya un decreto firmado, porque eeste también determina temas de presupuesto y de coordinación institucional para que cada entidad pueda cumplir con las labores necesarias. Es un tema muy técnico que requiere recursos y articulación de las instituciones”, explicó Torres.
Entre el 1 y 2 de diciembre, se realizó un encuentro de la Red Nacional de Mujeres Buscadoras en el que participaron 22 procesos organizativos de familiares de distintas regiones del país. Según Torres, durante la reunión se compartieron experiencias sobre la labor en los territorios, se evaluó cómo las instituciones estaban aplicando la ley y se analizó si realmente existía voluntad para cumplirla.
“El panorama era bastante oscuro porque realmente no había ninguna voluntad y más que eso ninguna información de cómo iba a avanzar el decreto”, contó.
El retraso burocrático deja en la incertidumbre a cerca de 27.882 mujeres que adelantan procesos de búsqueda humanitaria, según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).
Para ellas, la implementación efectiva de la ley no es solo un acto formal: es un paso decisivo hacia la reparación, la justicia y la dignidad que han exigido durante décadas.
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