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Antes de que existieran leyes o sistemas ya había mujeres recorriendo morgues, batallones, juzgados, fosas comunes e incluso raspando las montañas en busca de sus familiares y peleando contra el Estado, que negaba las desapariciones.
Yanette Bautista, fundadora de la Fundación Nydia Erika Bautista, inició hace casi cuatro décadas la búsqueda de su hermana Nydia, desaparecida por agentes del Estado en 1987.
Su voz fue decisiva para que la ley de mujeres buscadoras llegara al Congreso. Bautista, fallecida hace un mes, dejó una huella en el movimiento de derechos humanos y un mensaje que resume toda una vida: “no buscamos venganza, buscamos verdad”.
Fabiola Lalinde, con su “Operación Sirirí”, registró meticulosamente cada documento, llamada y entrevista que realizó durante 15 años para encontrar a su hijo, desaparecido en 1984. Su archivo, que se convirtió en prueba judicial y referente de documentación de derechos humanos, es hoy parte de la memoria viva del país.
En Bogotá, Luz Marina Hache Contreras, sobreviviente de tortura y vocera histórica del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), ha insistido en que “sin las mujeres, la búsqueda se detendría”.
En Medellín, las mujeres de La Escombrera, encabezadas por doña Margarita Restrepo, continúan buscando a sus hijos y familiares desaparecidos durante las operaciones militares en la Comuna 13. Han acompañado durante años los procesos judiciales ante la JEP y la Unidad de Búsqueda, custodiando los lugares donde se presume la existencia de fosas comunes.
Su trabajo junto a familiares de desaparecidos del Colectivo 82, que desde 1982 reclama justicia por 13 casos de desaparición forzada, evidencia la persistencia de quienes convirtieron el duelo en acción colectiva.
Estas mujeres, junto con cientos de buscadoras anónimas en el país, dieron forma a una lucha que el Estado apenas comienza a reconocer jurídicamente.
Hace más de un año, Colombia dio un paso normativo sin precedentes al promulgar la Ley 2364 de 2024, que reconoce oficialmente a las mujeres buscadoras —madres, hermanas, hijas, tías y amigas de personas desaparecidas— como sujetos de especial protección del Estado.
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Al mismo tiempo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y otras instancias impulsaron la creación del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), encargado de articular las acciones públicas en torno a la búsqueda.
Sin embargo, este corte de cuentas revela que, aunque el marco legal y la institucionalidad están instalados, la implementación aún tiene vacíos que comprometen la efectividad para las mujeres que diariamente siguen buscando.
La ley de mujeres buscadoras y el sistema que pretende coordinar los esfuerzos institucionales son, en esencia, una respuesta tardía a su trabajo sostenido y a su exigencia de no dejar que el país olvide.
Esa legislación -que debe implementarse por el Ministerio de Justicia- estableció el reconocimiento formal de las buscadoras como sujetas de especial protección y ordenó la creación de un Registro Único de Mujeres Buscadoras, además de medidas en salud, seguridad, acompañamiento psicosocial, participación y reparación. También declaró el 23 de octubre como el Día Nacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras. Este año es la segunda vez que se conmemora.
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Pero la mayoría de los plazos fijados por la ley —como la expedición de decretos reglamentarios en tres y seis meses, y la creación del registro en un año— siguen pendientes. Según Amnistía Internacional, “la ausencia de reglamentación amenaza con convertir la ley en una promesa vacía”.
La Defensoría del Pueblo y la Unidad para las Víctimas trabajan en lineamientos para incluir programas específicos en los planes de desarrollo territoriales, pero no existen aún mecanismos uniformes ni presupuesto asegurado.
De hecho, la Defensoría realizó este miércoles un evento para conmemorar el Día de la Mujer Buscadora y sobre todo sus impactos en distintas generaciones de familias víctimas de desaparición.
“Ser una mujer buscadora ha significado una forma de resistencia y amor, una responsabilidad heredada. Asumimos la valentía de nuestras abuelas y madres, enfrentándonos a un Estado que nos ha negado la verdad”, dijo en el evento Martha Ospina Ruiz, del Colectivo 82 -que reúne a familias de jóvenes desaparecidos por el antiguo F2.
En la sede de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, también se develó una placa conmemorativa que da nombre al Auditorio Yanette Bautista Montañez.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, destacó la labor de Bautista en la defensa de los derechos humanos y su papel central en la creación de la ley:
“Este homenaje honra no solo a Yanette, sino a todas las buscadoras que, con amor y resistencia, han transformado el dolor en acción por la memoria y la dignidad”, señaló Marín.
En la sede centro de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, se develó la placa conmemorativa que da nombre al auditorio en honor a Yanette Bautista Montañez.
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) October 22, 2025
La Defensora del Pueblo, @MarnIris, destacó su incansable lucha por la verdad, la justicia y la no repetición, incluso en el… pic.twitter.com/3VSvQqAP8w
Un sistema aún en construcción
El Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), creado mediante el Decreto 0532 de abril de 2024, fue diseñado para articular entidades estatales, víctimas y organizaciones sociales en torno a una política pública integral. La Comisión Intersectorial y la Comisión Asesora —integradas por la UBPD, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y representantes de mujeres buscadoras— buscan coordinar la búsqueda, identificación y entrega digna de restos, así como prevenir nuevas desapariciones.
En teoría, el SNB y la ley deberían avanzar de manera complementaria: el sistema como estructura técnica, y la ley como marco de derechos diferenciales. En la práctica, los procesos avanzan a ritmos distintos. La política pública participativa del sistema continúa en formulación.
“Es necesario que la voz de las mujeres esté en el centro de la política de búsqueda, no solo en los actos conmemorativos”, se advirtió durante una audiencia pública convocada por la JEP en diciembre de 2024.
Consultada por este medio, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) explicó que el Sistema Nacional de Búsqueda avanza sistemáticamente en la formulación de la política pública integral para la atención, prevención, búsqueda e identificación.
“Con la aprobación del diagnóstico que recoge los problemas identificados por más de 1.000 personas buscadoras, las 24 entidades que concurren en el sistema avanzan actualmente en la construcción del plan de implementación que determinará los objetivos, resultados, impactos y productos de la política pública integral”, explicó la entidad.
Por ahora, dice la UBPD, el sistema se encuentra adelantando encuentros en los territorios para construir acciones con enfoque territorial que alimentarán la política pública. “Una vez se culmine la construcción del plan de implementación de la política, se espera que esta pueda ser aprobada por la comisión intersectorial del SNB, para su adopción, socialización y ejecución”, se explicó.
La entidad precisó que en esta formulación participan el Ministerio de Justicia, la UBPD y otras entidades estatales, además de organizaciones de familiares, colectivos de derechos humanos y observadores internacionales.
Entre los logros, el Gobierno destaca el inicio de procesos de articulación interinstitucional, la creación de mesas técnicas regionales y la inclusión de la figura de las buscadoras en programas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que estas medidas son todavía insuficientes.
A la fecha, no existe un registro consolidado de mujeres buscadoras acreditadas, ni un protocolo diferenciado de atención psicosocial. Tampoco se han definido los criterios para garantizar su participación en el diseño del Plan Nacional de Búsqueda.
Según la UBPD, más de 111.000 personas siguen desaparecidas en Colombia, y buena parte de las búsquedas las realizan mujeres sin acompañamiento estatal. Las cifras reflejan la dimensión de una tarea que, pese a los avances normativos, continúa dependiendo en gran medida del trabajo voluntario y la persistencia familiar.
Tras poco más de un año de la promulgación de la ley y medio año del decreto del sistema, esta segunda conmemoración del Día de la Mujer Buscadora deja un panorama mixto: Colombia cuenta con una norma pionera y un andamiaje institucional en marcha, pero su efectividad está lejos de medirse en resultados concretos.
Las mujeres que impulsaron esta agenda lograron que la búsqueda dejara de ser un acto aislado para convertirse en un asunto de Estado. Pero la deuda persiste: falta que ese reconocimiento se traduzca en garantías, recursos y seguridad no solo mantener viva la memoria de los desaparecidos, sino para encontrarlos.
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