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Argemiro López Pertuz fue asesinado la noche del domingo 17 de marzo en la vereda La Guayacana, en Tumaco (Nariño). Según las autoridades, era un reconocido líder de sustitución de cultivos de uso ilícito en la zona y su asesinato fue rechazado por el Gobierno Nacional por medio del consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.
Al tiempo que condenó el crimen y dijo que no quedará impune, Archila reafirmó el compromiso del Gobierno con la sustitución voluntaria de cultivos y afirmó que se les cumplirá a las familias inscritas en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito (PNIS). El pronunciamiento sorprendió, porque la percepción que hay en Nariño es que el Gobierno tiene poca voluntad de continuar adelante con la sustitución.
No es una preocupación menor, pues Nariño es hoy el epicentro de los cultivos de uso ilícito en el país. Durante los últimos 15 años este departamento ha encabezado el listado de los departamentos con mayor presencia de cultivos de coca (a 2017 registró 45.000 hectáreas). De lejos se ha distanciado en las últimas mediciones de Norte de Santander o Putumayo. Y Tumaco se consolidó como el municipio con más coca en todo el territorio nacional.
Sin embargo, desde 2017 las comunidades vieron por primera vez una oportunidad real con la llegada de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito. De hecho, ese año la cifra de cultivos de coca en Tumaco —por primera vez desde 2012— disminuyó, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Luego de haber alcanzado el histórico número de 23.000 hectáreas en 2016, en 2017 la cifra se ubicó en 19.000, revirtiendo la tendencia al aumento que se venía dando desde hacía cinco años.
Tanto para las comunidades campesinas como para la Gobernación de Nariño, el cambio en la tendencia obedece a la puesta en marcha del PNIS, al que se encuentran vinculadas de manera colectiva 55.000 familias en el departamento. Un programa cuya continuidad hoy está en vilo ante la avanzada de la erradicación forzada y el retorno de la aspersión aérea, estrategias promovidas por el gobierno Duque.
“Hoy lo que tenemos entre las comunidades es una gran preocupación porque ya estaban comprometidas con la sustitución voluntaria, por lo que no esperaban la entrada de la erradicación en sus territorios”, explica Hárold Ruiz, encargado del PNIS en la Gobernación.
Y es que el avance de dicho programa en el departamento es incipiente. De esas 55.000 familias que firmaron acuerdos colectivos, en 29 municipios de Nariño, solo 16.500 firmaron acuerdos individuales, que es el siguiente paso para hacer efectiva la sustitución de los cultivos. Todos los acuerdos individuales se firmaron en Tumaco, dejando a las otras 40.000 familias de los otros 28 municipios en el limbo, pues el ingreso al PNIS se congeló a escala nacional.
La preocupación de quienes se quedaron esperando un acuerdo individual de sustitución la refleja de manera clara Nohora Goyes, campesina de Cumbitara (municipio en el que hasta ahora hay un acuerdo colectivo). Hoy teme que regresen los tiempos de la “aspersión de veneno”. “En los años en que fumigaron toda esta región salieron afectadas incluso muchas especies de animales, muchos otros tipos de plantas; aquí había plantaciones de plátano, de maíz, pero después todo eso se secó. Llegó el hambre y la desnutrición de muchos niños”, recuerda.
Justamente, según explica Ruiz, Cumbitara es uno de los municipios en los que próximamente iniciarán las acciones de erradicación forzada, junto a Rosario, Leyva y Linares.
Pero incluso la situación de las familias que sí firmaron acuerdo individual en Tumaco tampoco es prometedora. Según explica la Gobernación, son cuatro núcleos en los que ya se firmaron esos pactos que involucran a 16.000 familias. El primero de esos acuerdos se firmó hace dos años, en febrero de 2017 con 2.000 familias que hasta hoy se les han hecho seis pagos de $2 millones y con dificultades reciben asistencia técnica del operador Cordeagropaz. Este es el núcleo más avanzado.
El segundo núcleo corresponde a cerca de 4.900 familias del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, quienes han recibido cuatro pagos de $2 millones y pese a que ya se seleccionó el operador de asistencia técnica, no ha iniciado su labor. Situación similar viven 4.400 familias de Llorente, el tercer núcleo, quienes han recibido tres pagos de $2 millones y cuyo operador de asistencia técnica (Siembra Paz) fue seleccionado en diciembre, pero aún no ha firmado el contrato.
El cuarto núcleo es el de alrededor de 5.000 familias de los consejos comunitarios de los ríos Chagui, Rosario y Mejicano, que firmaron el acuerdo de sustitución en marzo de 2018 y han recibido un pago de $2 millones. A la fecha, no cuentan con operador de asistencia técnica seleccionado.
Ante el desesperanzador panorama, la respuesta de las comunidades es clara: la movilización. Ya hubo una primera manifestación en Linares que plantean replicar en otros municipios, con el fin de que el gobernador, Camilo Romero, no las deje solas en el respaldo a la sustitución.
“Lo que estamos buscando es que el gobernador nos escuche y nos unamos en una sola voz, porque él tiene la incidencia política que nosotros no tenemos para reclamarle al Gobierno Nacional”, explica Sandra Panchalo, secretaria técnica de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Nariño.
Ante los reclamos de la comunidad, en diálogo con Colombia 2020, Camilo Romero reafirmó su férrea oposición a la erradicación forzada y la aspersión aérea como mecanismos para combatir los cultivos de uso ilícito. “Nuestra apuesta ha sido siempre la sustitución voluntaria, con esa estrategia nos la hemos jugado toda y seguimos comprometidos”, puntualizó el mandatario. “No hay otro gobernador con tanta voluntad para apoyar a las comunidades con la sustitución”, agregó.
Para Romero, prueba clara de ello fue su intervención en la Corte Constitucional en el debate sobre glifosato, del pasado 7 de marzo, en el que hizo saber al Gobierno Nacional que para él la erradicación forzada es una estrategia que ya ha probado un absoluto fracaso. “La ONU lo ha dicho: los índices de resiembra luego de la erradicación forzada se ubican en 35 %, mientras que donde ha habido sustitución, la resiembra no supera el 1 %”.
Pero, además, dice Romero, el costo más alto de la erradicación forzada han sido las vidas humanas, como ocurrió en la masacre del 5 de octubre de 2017 en la vereda El Tandil (Tumaco), que dejó el saldo de siete campesinos asesinados cuando la Fuerza Pública se proponía avanzar en labores de erradicación.
Por eso, el mandatario comparte las preocupaciones de la comunidad y se une a su reclamo. Y advierte que, de acuerdo con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, se entiende que el programa de sustitución de cultivos ocupa el último lugar en las prioridades del gobierno de Iván Duque.