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A Piedad Urdinola, doctora en demografía de la Universidad de California-Berkeley de Estados Unidos, siempre le ha interesado conocer cómo el conflicto armado cambia una sociedad. Pero no desde los resultados que parecen lógicos, como el número de homicidios o desplazados que causa la violencia, sino en la forma en cómo los conflictos tienen efectos indirectos en las personas. Entender, por ejemplo, cómo las acciones violentas permean en decisiones más personales, como tener o no un hijo.
Desde hace casi 25 años Urdinola, hoy también directora del Observatorio Demográfico y Epidemiológico del Área Andina y profesora de la Universidad Nacional, se ha dedicado a responder este tipo de preguntas desde lo que le arrojan los números, la estadística y la demografía. Su última investigación, que hizo de la mano de Andrés Felipe Castro, también doctor en demografía, pero de la Universidad de Pensilvania, fue publicada en la revista Population Research and Policy Review. Allí lanzan un resultado bastante inesperado: en Colombia, entre 2000 y 2010, el conflicto armado aumentó la tasa de natalidad un 17 % en los municipios donde más violencia se vivió.
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Lo que se sabe sobre los conflictos armados y la fertilidad a nivel mundial es poco, es lo primero que acepta la demógrafa. Rastrear estos datos es casi una odisea: son pocos y están desordenados. Además, ante alternativas que parecen obvias, como estudiar qué tantas muertes, desplazados u hogares se han desvanecido por la violencia en el mundo, pocos investigadores se sienten atraídos por conocer qué pasa con otros aspectos, como las tasas de natalidad y fertilidad.
Pero Urdinola y Castro se trataban del caso contrario. “Andrés, que tiene una hoja de vida interesante, porque es ingeniero electrónico y sociológico a la vez, fue quien se hizo la pregunta por primera vez cuando era su profesora de maestría. Y retomamos el trabajo, ambos y con mayor profundidad, de doctorado”.
La montaña de información a la que se tuvieron que enfrentar no fue poca. Trabajaron con la Encuesta Nacional de Demografía en Salud que hace Profamilia cada cinco años y que ahonda en temas claves sobre la salud de las mujeres, como fecha de la menarquia, la primera relación sexual, el número de hijos y el año en que nació cada uno de ellos, solo por dar algunos ejemplos.
A estos les sumaron las estadísticas vitales que tiene el DANE, en donde se graba toda la información sobre muertes y homicidios en Colombia, y la información que tiene el Observatorio de Derechos Humanos sobre el número de acciones armadas en el país. “Usamos esta información y la combinamos por municipio, creando un índice de número de acciones armadas por municipio que, aunque no es perfecto, se trata de información bastante limpia”.
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Para poder conocer qué tanto cambiaba la fertilidad entre los municipios, además, los clasificaron en tres grupos: rurales, ciudades pequeñas y ciudades grandes. Para hacer el trabajo menos dispendioso y más específico se concentraron en la situación de Colombia entre 2000 y 2010. “Elegimos esta década no solo porque existían datos más robustos, sino porque también fue la época de mayor intensidad en el conflicto armado colombiano. Cuando se da confrontación entre todos los actores y el Estado responde con más fuerza, escalándolo”.
Al cruzar unos datos con otros, bajo “el modelo de regresión Poissson”, encontraron que para zonas rurales las mujeres que vivieron en municipios con mayor violencia tenían una tasa de natalidad de un 17 % mayor que las que vivían en municipios rurales no violentos. Para ciudades pequeñas y grandes, en cambio, la diferencia estadística no era importante.
Para poder entender mejor qué significa este porcentaje, Urdinola lo explica de la siguiente manera: “Mientras en zonas rurales sin conflicto armado las mujeres tenían en promedio, digamos, tres hijos, en las que había presencia de violencia aumentaba a 3,3 hijos. Como se trata de un promedio global de cuatro hijos, cada punto decimal es bastante significante”, comenta.
¿Pero por qué la fecundidad respondió así ante el conflicto armado? La investigación que publicaron Castro y Urdinola narra algo fascinante que ha ido encontrando la demografía del conflicto a nivel mundial. Cuando se tratan de conflictos armados cortos, no como el colombiano, los números apuntan a lo mismo: que los padres dejan de tener hijos porque de alguna manera prefieren esperar a que el caos pase y sus hijos nazcan en un ambiente más seguro. Posponen la decisión.
Por el contrario, cuando se trata de conflictos largos los resultados son negativos y positivos según el conflicto. A veces hay más natalidad y otras menos. ¿Por qué? “Hay dos teorías opuestas para estos resultados ambiguos en el caso de los refugiados”, explica la investigación. La primera teoría, llamada la teoría de la “seguridad de la vejez”, indica que los padres que viven en medio de acciones violentas saben que sus hijos tienen una mayor probabilidad de morir antes de llegar a los 21 años. Como respuesta, tienen más hijos, pues entre más tengan más probabilidad existe de que alguno de ellos los acompañen en la vejez.
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La segunda teoría, que va en línea de lo que sucede con los conflictos cortos, “predice una reducción de la fertilidad, ya que los refugiados están expuestos a condiciones extremas. La pobreza y el estrés, a su vez, hacen que las mujeres consideren que no es seguro convertirse en madres y deciden posponer la maternidad”.
Urdinola considera que, para el caso colombiano, la respuesta es una combinación de la primera teoría, la de la “seguridad en la vejez”, con algo más: “La violencia, per se, también implica ataques a la infraestructura que cortan el flujo de servicios. Daños a hospitales y carreteras que, a la final, impiden que medicamentos, vacunas o anticonceptivos lleguen a esos lugares”.
Y ahí hay una clave, según ella, de por qué este tipo de investigaciones demográficas son tan importantes para Colombia. “Estamos en un estado de reconstrucción, de posacuerdo, en realidad, y estos datos sirven para saber en qué se falló”. Además, cuentan en la investigación, que los datos dejan claro que “las intervenciones políticas que buscan mejorar las condiciones de las mujeres en áreas de conflicto pueden estar bien informadas”.