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El Equipo Argentino de Antropología Forense ha contribuido con trabajo investigativo en las comisiones de la verdad de Argentina, El Salvador, Haití, Perú, Sudáfrica, Uruguay, Islas Salomón y Paraguay. Su presidente, Luis Fondebrider, además, ha trabajado como observador científico en casos emblemáticos en Colombia, como el asesinato de los once diputados de la Asamblea del Valle y el holocausto del Palacio de Justicia.
Fondebrider ha estado atento al proceso de paz colombiano y a la creación del sistema de justicia transicional, pues, dice, es uno de los primeros en los que se crean tres estamentos distintos. Por esto resalta la necesidad de definir algunos protocolos conjuntos y, sobre todo, el presupuesto.
¿Cómo ve la articulación de las tres entidades del sistema de justicia transicional (JEP, Comisión de la Verdad y Unidad de Búsqueda de Desaparecidos)?
Esa articulación es importante, pero la veo sumamente compleja. Normalmente, las comisiones de la verdad han trabajado como instrumento único que ha realizado articulaciones con otros organismos del Estado. Algunas comisiones de la verdad, incluso, han realizado exhumaciones de cuerpos de casos emblemáticos, como ha sido en Perú, Guatemala y Sudáfrica. Las funciones deben ser claras. ¿Cómo van a manejarse los testimonios de las personas? ¿Quién los va a tomar? ¿Se les va a hacer repetir a las personas tres veces el mismo testimonio? ¿Cómo se va a manejar la confidencialidad de la información que tiene tres destinos diferentes? Yo creo que eso debe ser definido urgentemente, porque si bien la Unidad de Búsqueda tiene un plazo de 20 años prorrogables, los otros mecanismos tienen plazos más cortos.
En dos semanas habrá cambio de gobierno, ¿esto puede influir en el trabajo de la Comisión?
Desde el exterior se ve la situación con mucha preocupación y en estos procesos la autonomía e independencia de los mecanismos son claves y fundamentales. No solo en su criterio, sino en lo económico, para poder ejecutar su plan de trabajo y no ser influenciada por ningún proceso político. Muy fundamentalmente, estos mecanismos, tanto la Comisión como los otros, deben contar con la cooperación de los mecanismos del Estado para desarrollar su tarea. Es imposible que, por su cuenta, puedan extenderse en el terreno y hacer su tarea. Una Comisión que funcione solo en Bogotá no alcanzaría a miles de víctimas y sobrevivientes en muchas partes de Colombia.
Es decir, lo más preocupante es el tema del presupuesto...
El presupuesto tiene que estar urgentemente definido. Presupuesto no solo por la planta de personal, sino también de infraestructura, de capacidad para operar con posibilidades y trabajo en el terreno. El tiempo es muy corto y no solamente la geografía de Colombia es compleja, sino que hay lugares donde la seguridad aún es muy compleja y siguen matando dirigentes, entonces la gente tendría que poder ir con confianza y acercarse a la Comisión y poder dar su testimonio. Tienen que darse las condiciones para que lo puedan hacer.
Sobre esto, la Comisión ha dicho que tienen presupuesto hasta enero de 2019.
Es importante dotar a esta comisión de los recursos económicos y humanos y, sobre todo, de la cooperación de los organismos del Estado para que pueda desplegarse en el territorio y no solamente en visitas simbólicas de algunos días, sino con presencia importante en el terreno.
A la Comisión de la Verdad colombiana le han llovido críticas porque dicen que tiene un sesgo ideológico. ¿Cómo han sido estos temas en otras comisiones?
Críticas hay siempre. Yo he trabajado para comisiones que eran de carácter nacional, de carácter mixto e internacionales. Siempre lo importante fue encontrar un balance entre las gentes que las componen: no solo en diferentes formas de conocimiento, sino también en diferentes aspectos ideológicos. Seguramente siempre habrá críticas, pero los comisionados fueron escogidos por un Comité de Escogencia importante, en un proceso transparente y abierto. Entonces hay que trabajar con lo que se ha logrado y ponerse a trabajar rápidamente.
¿Entonces qué podría limitar el trabajo de la Comisión en Colombia?
El problema de Colombia es de voluntad política y de coordinación entre las instituciones del Estado y el gran movimiento de derechos humanos que hay. Lo importante es que, en esa coyuntura, la sociedad civil y los organismos del Estado, las visiones particulares se pongan de acuerdo en lo que les permita avanzar. Y una cosa muy concreta es darles respuestas a los colombianos. La gente en Colombia está cansada de palabras, de actos, y lo que necesita son respuestas a las cuestiones que ha generado el conflicto armado interno.
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Una de esas respuestas que busca la gente es saber dónde están los desaparecidos.
Sí. La Unidad de Búsqueda es una oportunidad importante. La directora es una persona con credibilidad y con una trayectoria importante, que goza de la confianza de los familiares y de los organismos, y ha sido, lamentablemente, de los tres organismos el que está más retrasado, al que más han dejado solo, al que aún no le han dejado presupuesto, lo que es altamente preocupante, porque necesita, no solo contratar personal, sino también desplegarse en terreno. Ha generado una expectativa enorme en los familiares, entonces pareciera que es un poco el patito feo de este trío de mecanismo nuevos. Y realmente es preocupante. La gente necesita saber dónde está su ser querido, ese es un derecho básico de un ser humano en cualquier parte del mundo. Es básico que los organismos del Estado puedan coordinar su tarea con ella, tanto la Fiscalía, Policía, como Medicina Legal.
Según su experiencia, ¿la verdad puede ayudar a la reconciliación o, por el contrario, puede dividir más?
La reconciliación es un proceso más personal que nacional. Es algo que viene muy por detrás de la verdad, la justicia y la memoria. Es a veces de carácter religioso y tiene que ver con una iniciativa individual. Es importante desear la reconciliación, pero antes de eso la gente quiere saber qué sucedió y tener justicia por eso. Me parece importante, como se dice, no poner el carro delante del caballo, sino primero saber qué sucedió, dónde están las personas y, si hay deseos de reconciliación, se van a ir produciendo, pero aspirar solo a la reconciliación, sin dar una respuesta a las personas, es algo que no ha pasado en ninguna parte del mundo. Yo he trabajado en 50 países del mundo con mi equipo y en todos lados se habla de verdad, de justicia, de memoria y de reparación. La reconciliación, si es posible, viene después. Y eso significa un reconocimiento de parte de los victimarios, de lo que han hecho, de la intervención de la justicia. Es importante tener en cuenta que la gente no se reconcilia automáticamente, porque lo determina un político o se firma un decreto, es un proceso complejo que toma años.
¿Algún consejo en esta búsqueda de la verdad en Colombia?
Hay que tener presente que esto va a tomar tiempo, que sin voluntad política no se llevan adelante los procesos, que esto no se va a resolver en 5 o 6 años, que una política de Estado seria implica mirar mecanismos permanentes, no provisorios. En todo el mundo pasa que la gente siempre quiere saber, el inicio es interesante. En América Latina estamos acostumbrados a querer todo para mañana. Tenemos que empezar a pensar este tipo de problemáticas a corto, mediano y largo plazo, con una proyección importante, porque va a ser una tarea muy larga.
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