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La jornada electoral del 13 de marzo en Colombia no tuvo precedentes en la historia de los conflictos armados contemporáneos. Esto, porque es la primera vez en el mundo en la que se le asignan escaños dentro del poder legislativo a los representantes de las víctimas de una guerra interna.
Sobre el papel, esta es la naturaleza de las curules de paz en Colombia. Pero como documentó Colombia+20, no fueron pocos los casos en que ‘se colaron’ candidatos turbios, avalados por maquinarias tradicionales, con vínculos con actores armados o con denuncias por irregularidades en su campaña.
En el panorama internacional, en palabras del embajador de Países Bajos en Colombia, Ernst Noorman, “tras el final de un conflicto armado nunca se ha visto algo del mismo nivel de las curules de paz para la participación en política de las víctimas”. De hecho, otros acuerdos de paz que en algunos puntos sirvieron de referentes para elaborar el colombiano, como el norirlandés, el sudafricano o el guatemalteco, tan solo limitaron las políticas de víctimas a su participación en escenarios judiciales y también extrajudiciales, como comisiones de la verdad o asambleas comunitarias.
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Colombia+20 revisó distintos documentos de Amnistía Internacional, del Tecnológico de Monterrey, de la biblioteca del Congreso Nacional de Guatemala y del repositorio de la Universidad Nacional de Colombia, en los que hay ejemplos concretos en otras tres experiencias de paz, con formas de participación en espacios jurídicos y políticos de colectivos de víctimas, que marcaron el camino de lo que ocurrió en Colombia este 13 de marzo.
Diputada por las víctimas, en El Salvador
El nombre de Marleni Matías es ampliamente reconocido en la zona de Alta Verapaz, en El Salvador. Su trabajo como representante de víctimas, sin ser afectada por el conflicto armado, está documentado en medios de su país, en informes de Amnistía Internacional (AI) y de la biblioteca del Congreso Nacional de Guatemala.
El Acuerdo de Chapultepec, que finalizó la guerra civil que tuvo El Salvador entre 1980 y 1992 permitió la participación política de la exguerrilla del FMLN, pero en ningún punto contemplaba la posibilidad de que lo hicieran colectivos de víctimas. Partiendo de esa necesidad, la diputada Matías lleva varios años en la búsqueda de la visibilidad de las personas más afectadas en la zona de Alta Verapaz, uno de los lugares con mayores asesinatos y desapariciones forzadas durante la guerra civil.
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Amnistía Internacional relata en un documento que los mayores esfuerzos de la diputada y los colectivos de víctimas que la acompañan se han centrado en el impulso de políticas pensionales en favor de los adultos mayores en Alta Verapaz que sufrieron el rigor de la guerra y en el mejoramiento de condiciones de vida en los barrios en los que persisten altas tasas de necesidades básicas insatisfechas, mayoritariamente por incumplimientos de alcance dentro del mismo acuerdo de paz.
En marzo de 2021, Matías conformó un grupo de 30 víctimas en Panzós y Cahaboncito, localidades de Alta Verapaz, para reunir las necesidades de estas personas, en colectivo, y así armar lo que llamó “una agenda tardía” para cumplirle a estos salvadoreños con verdaderas garantías de representación y reparación frente a los legisladores de El Salvador.
“No hay voces de las víctimas en representación de ellas mismas a lo largo de los cargos públicos de la República. Quizás ese es uno de los puntos más débiles del acuerdo de paz; pero si más diputados se unen para que prioricemos sus necesidades, aún después de tantos años del fin de la guerra, habremos avanzado”, le dijo la diputada al diario El Faro en 2020.
La Asamblea Nacional de Transición, en Ruanda
El genocidio tutsi, que entre abril y julio de 1994 dejó un saldo de cerca de 1′000.000 de personas asesinadas, de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, tuvo en su etapa de posconflicto el reto de juzgar a centenares de miles de victimarios en el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, y de reparar a las víctimas de la guerra, por medios simbólicos y materiales.
Para cumplir con parte de esos objetivos, en 1995 nació la Asamblea Nacional de Transición, entidad creada por los propulsores del Acuerdo de Paz de Arusha, por civiles y por el antiguo parlamento ruandés, con el fin de agilizar algunos trámites de garantías de seguridad, justicia y reparación en ese país. De hecho, esa asamblea instauró en el año 2000 la “Ley Gacaca”, encargada de crear los Tribunales Gacaca, que funcionaban como una gran sala de audiencias, pensada para tratar los casos asociados al genocidio con mayor complejidad y con una mirada desde las víctimas.
Los sobrevivientes de la guerra, entre los que se encontraban familiares de tutsis asesinados, fueron el centro de esos tribunales, que ayudaron a controlar las tasas de hacinamiento en las cárceles de Ruanda (por sus medidas restaurativas) y a descongestionar los tribunales del Tribunal Penal Internacional, que “por la altísima cantidad de casos no pudo ejercer siempre de forma eficaz su ejercicio de sanción. Muchas personas murieron esperando su condena”, sostuvo Lucía de la Fuente, investigadora de la Escuela de Administración Pública del Tecnológico de Monterrey.
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La misma de la Fuente, en una investigación publicada en 2010 por la Universidad Panamericana (Ciudad de México), indicó que “ese esfuerzo de reconstrucción y pedidos de reconciliación liderados por víctimas no querían ser una copia del modelo en Sudáfrica, que solo se quedó en los procesos judiciales, sino que aquí los colectivos de sobrevivientes promovieron un cambio estructural de agenda política a tal punto que desde sus peticiones y acciones en favor de la verdad y la justicia lograron derogar el Parlamento para instalar un Consejo Nacional Desarrollador”, que hasta la fecha es el cuerpo legislativo en Ruanda.
El equilibrio de fuerzas en la Asamblea de Irlanda del Norte
El Acuerdo de Viernes Santo, firmado en abril de 1998, puso fin a una guerra que protestantes (unionistas) y católicos (nacionalistas y republicanos) en Irlanda del Norte tuvieron formalmente desde 1961. Los fusiles de los paramilitares a favor de la Corona Británica y los actos terroristas del Ejército Republicano Irlandés (IRA, por sus siglas en inglés y nombre original) cesaron y con esto se dio el comienzo del posconflicto.
Un desafío por conseguir para ese país fue la reorganización política interna, que para el investigador Jorge Mantilla, de la Universidad Nacional de Colombia, debía basarse en una distribución de fuerzas en la Asamblea de Irlanda del Norte, organismo legislativo que después de 1998 buscó en su composición un equilibrio entre distintos actores de la guerra para llegar más fácilmente a consensos sobre lo que iba a pasar tras el acuerdo de paz.
La experiencia de Irlanda del Norte es particular para Mantilla y otros expertos, porque fue el primer conflicto armado en el que un grupo subversivo activo tenía en simultáneo un brazo político. Ese fue el caso del IRA, con el movimiento Sinn Féin, que tras el Acuerdo de Paz pasó a ser un partido político más dentro de la Asamblea de Irlanda del Norte, en la que además de definirse apoyos a distintos puntos de ese acuerdo de paz, se comenzó a armar una agenda alrededor de las víctimas.
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En 1999, mediante el impulso sindical de voceros unionistas y nacionalistas, entre otros factores, la Asamblea de Irlanda del Norte se organizó con 42 escaños para los nacionalistas (incluyendo Sinn Féin), 30 para los unionistas a favor del acuerdo de paz, 28 para los unionistas que estuvieran en contra del Acuerdo de Viernes Santo y ocho escaños más para otros actores del conflicto armado.
La posibilidad de organizar la Asamblea de esta manera permitió que los reclamos de las víctimas de todas las partes de la guerra fueran escuchadas a nivel legislativo y en los años siguientes se cumplieran políticas de reparación colectiva, como, por ejemplo: la designación de sir Kenneth Bloomfield (secretario de Estado de Irlanda del Norte en la década de los ochenta y respetado servidor público, tanto por católicos como por protestantes) como delegado de víctimas ante la asamblea, el reconocimiento de la memoria colectiva mediante ayuda material (dinero e impulso en infraestructura), la apuesta a campañas para hacerle reconocimiento a las víctimas a través de proyectos conmemorativos -como los murales de Belfast-, la asignación de pensiones para las víctimas directas de la guerra (dándole priorización a aquellas personas que quedaron en estado de discapacidad) y el impulso desde el sector de víctimas para crear una defensoría que los ayudara a dar consejos y orientar respecto a actividades de reconciliación.
Los más afectados en Irlanda del Norte no llegaron propiamente a legislar desde su Asamblea, pero tuvieron una vocería que les permitió tener una transición a la paz moderadamente tranquila, a pesar de obstáculos, como el hecho de que el extinto IRA se demorara siete años en desarmarse por completo, manteniendo desazón y temor.