El nuevo ataque con explosivos en Puerto Jordán, zona rural de Arauquita, que dejó un militar muerto y seis más heridos, volvió a poner a Arauca en el centro del mapa del conflicto.
El atentado, además no es un hecho aislado. Un ataque contra el mismo cantón militar ocurrió hace poco más de un año, el 17 de septiembre de 2024 y dejó 26 militares heridos y dos muertos y precipitó la ruptura del proceso de paz entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que desde entonces no se ha retomado.
Según reportes oficiales, el atentado se registró el domingo pasado, cuando la base militar fue atacada con cilindros bomba y tatucos. La emboscada, atribuida a la estructura Camilo Cienfuegos del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, es una más en la larga lista de ataques registrados este año en Arauca, uno de los departamentos más golpeados por la confrontación entre esa guerrilla, las disidencias de las FARC y el Ejército.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita identificar a los autores de este atentado.
Arauca, el escenario de confrontación del ELN
El hecho se produce en una región que carga con décadas de guerra. Arauca ha sido históricamente un bastión del ELN, una retaguardia de operaciones y una plataforma de presión política en cada proceso de negociación.
Desde los años ochenta, el Frente Domingo Laín Sáenz ha construido allí un control territorial sostenido sobre comunidades rurales y corredores de frontera, apoyado en una red social y económica que le ha permitido sobrevivir a los cambios de gobierno y a los reveses militares.
Los enfrentamientos con disidencias y Fuerza Pública se concentran en municipios como Arauquita, Tame, Saravena y Fortul, donde los combates han dejado centenares de muertos y desplazados.
Según cifras de la Defensoría del Pueblo, solo en 2024 más de 14.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado o confinamiento, principalmente por los choques entre ambos grupos por el control de corredores estratégicos hacia Venezuela y rutas de narcotráfico.
En algunos sectores rurales, el ELN impone toques de queda, regula la movilidad, controla el comercio de gasolina y alimentos, e incluso dicta normas de convivencia, mostrando una capacidad de gobernanza armada que reemplaza de facto la autoridad estatal.
Uno de los episodios más violentos ocurrió en enero de 2022, cuando una ofensiva del ELN contra las disidencias del Frente 10 de las disidencias de las FARC dejó más de 80 muertos en menos de una semana, en lo que organismos humanitarios calificaron como una “purga territorial” para reafirmar el dominio de la guerrilla sobre la región.
Desde entonces, el ELN ha consolidado su presencia en las riberas del río Arauca y en los pasos fronterizos hacia el estado Apure, en Venezuela, donde mantiene alianzas logísticas con autoridades locales y grupos armados aliados.
Informes de inteligencia y fuentes de la comunidad confirman que esta guerrilla cobra impuestos a los productores, controla el paso de mercancías, regula la contratación pública y dicta las condiciones de ingreso de cualquier actor institucional, incluido el propio Estado. Todo esto ha convertido al ELN en la autoridad de facto en amplias zonas del departamento, con una capacidad de control territorial que no tiene comparación en ninguna otra región del país.
Por eso, cada atentado en este departamento tiene un mensaje más amplio: no se trata solo de un ataque militar, sino de una demostración de poder. Una advertencia de que el ELN conserva capacidad operativa y dominio sobre zonas donde la presencia estatal sigue siendo intermitente.
El alcalde de Tame, Miguel Ángel Bastos, lo resumió en una declaración a Noticias Caracol que refleja la fatiga de las comunidades:
“Estamos en un departamento que siempre hemos tenido estas afectaciones. Son 60 años de guerra que ha habido en el país y para nosotros estos atentados pues siempre los hemos tenido, siempre hemos vivido, convivido en estas situaciones tan duras, tan difíciles. Cada vez que hay situaciones duras, llamamos a consejos de seguridad a tomar medidas, pero no es fácil, no es fácil para el mismo Ejército Nacional tener que frentear o decir vamos a acabar con esta guerra.
Y añadió que solo cuando hay diálogos, las confrontaciones han disminuido:
“Esa guerra tiene que acabar, pero no sé de qué manera, porque lo digo, muchos años de negociación, muchos años también de confrontación armada y seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Esa es la gran pregunta. El Gobierno no la va a acabar con confrontación armada porque no ha sido posible. Al menos cuando hay diálogos, cuando hay mesa de negociación, baja la ofensiva, baja el tema del terrorismo y baja un poco todo. ¿Qué hacemos nosotros? Que ojalá se sienten nuevamente en esa negociación.”
En octubre del año pasado, un ataque muy similar —también en Arauca— derivó en la suspensión de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN. La ofensiva del Frente Domingo Laín, sumada a los enfrentamientos con las disidencias, provocó un quiebre de confianza que dejó en pausa los acuerdos humanitarios y desató una escalada de violencia en la frontera.
En contexto: ¿Y la voluntad de paz? ELN intensifica ataques antes de reunión clave con Gobierno
Aunque en noviembre pasado se intentó retomar el proceso de paz, el ataque del ELN a Catatumbo y los posteriores enfrentamientos con el Frente 33 de la disidencia de Calarcá Córdoba que provocaron la peor crisis humanitaria en al menos dos décadas en el país, terminó por suspender definitivamente la mesa de paz.
Paradójicamente, hace apenas un mes, el jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, expresó públicamente la voluntad del grupo de volver a la mesa. Beltrán afirmó que “el ELN no se ha levantado de la mesa” y que el grupo sigue esperando “señales políticas claras” por parte del Gobierno para reanudar las conversaciones. La declaración fue interpretada como una apertura, pero los hechos en Arauca parecen ir en sentido contrario.
El Gobierno no respondió al mensaje del ELN, pero fuentes cercanas al proceso le confirmaron a este diario que hasta no ver una real voluntad de paz de esa guerrilla, ni el presidente Gustavo Petro ni la delegación de paz daría respuesta a esta propuesta.
El proceso con el ELN, que prometía ser la apuesta más estructural del Gobierno Petro, enfrenta nuevamente su punto de quiebre. Y, otra vez, el epicentro de la fractura está en Arauca, el territorio donde comenzó la crisis.
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