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En los últimos meses, pero con más intensidad en los últimos días, la región del Catatumbo se ha convertido en un epicentro crítico de conflicto armado, donde la reciente escalada de violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) evidencia la fragilidad de los procesos de paz en curso.
El hecho más contundente fue la suspensión, nuevamente, del proceso de paz con el ELN, un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro y que vuelvo a dejar en el limbo a esa mesa de negociación.
Los enfrentamientos, que han dejado un saldo de al menos 23 muertos en las últimas 72 horas -aunque el gobernador William Villamizar dice que podrían ser más de 30-, incluyendo a un bebé de nueve meses, no solo rompen una tregua tácita en la región, sino que también amenazan los esfuerzos de negociación del Gobierno de Gustavo Petro con estos grupos armados.
Históricamente, el Catatumbo ha sido una región codiciada por su ubicación estratégica en la frontera con Venezuela, un factor que facilita el tráfico de armas y drogas. Además, concentra más de 30.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito, según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito de 2024. Estas características han convertido al Catatumbo en un escenario de disputas entre guerrillas, paramilitares y otros actores armados desde hace décadas.
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El conflicto en la región se intensificó notablemente a partir de 1999, cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) implementaron una estrategia de terror para arrebatar el control del territorio al ELN y las FARC. Este contexto de violencia sistemática marcó a la región y perpetuó una cultura de miedo entre sus habitantes. Hoy, las confrontaciones entre ELN y disidencias recuerdan esos episodios oscuros.
Entre 1980 y 2013, por lo menos 66 masacres fueron perpetradas en Norte de Santander y que alrededor de 120.000 personas salieron desplazadas por los ataques entre las FARC, el ELN y el EPL.
De esta forma, las masacres se convirtieron en el modus operandi de los grupos paramilitares para generar pavor y expandir su control territorial. Con la incursión paramilitar también se crearon los frentes La Gabarra, Móvil, Tibú, El Tarra y Fronteras, que tenían la misión de controlar las economías ilegales en 30 municipios de Norte de Santander.
En la última semana, varios hechos de violencia se han presentado, aunque lo que desató esta seguidilla de ataques fue la masacre de una familia en Tibú ocurrido el pasado miércoles. Entre las víctimas se encuentran firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, líderes sociales y civiles inocentes. Estas acciones han llevado al Gobierno, en cabeza del mismo presidente Gustavo Petro, a trasladarse a la región para evaluar la situación y buscar soluciones inmediatas.
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El recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo tiene repercusiones más allá de la región. La inseguridad obstaculiza los esfuerzos por implementar transformaciones territoriales fundamentales para consolidar la paz. Programas sociales, económicos y de sustitución de cultivos ilícitos están en riesgo de paralizarse, afectando a miles de habitantes.
Además, la situación expone las debilidades del Gobierno para anticiparse y prevenir el resurgimiento de conflictos en zonas históricamente afectadas. Según el analista Luis Fernando Trejos, “a pesar de las múltiples advertencias, el Gobierno no logró anticipar y prevenir la nueva guerra del Catatumbo”, lo que genera incertidumbre y desconfianza entre la población.
En última instancia, el desenlace de esta crisis será crucial para determinar el futuro de los procesos de paz en Colombia. La capacidad del Gobierno para manejar la situación y reanudar los diálogos dependerá de su habilidad para equilibrar la presión militar con medidas de negociación que aborden las causas estructurales del conflicto en el Catatumbo.
Impacto en las mesas de paz
Esta nueva ola de violencia tiene profundas implicaciones para las mesas de negociación del Gobierno con el ELN y las disidencias. Por un lado, el proceso con el ELN ya enfrentaba dificultades tras el ataque a una base militar en Arauca en septiembre de 2024, que llevó a la suspensión de los diálogos. Los recientes enfrentamientos y la decisión de una nueva suspensión podrían significar un punto de quiebre definitivo, especialmente si el ELN no muestra voluntad de cesar las hostilidades.
Por otro lado, la confrontación también afecta las negociaciones con las disidencias del EMBF, lideradas por Calarcá Córdoba. Estos grupos buscan consolidar su control territorial para fortalecer su posición en los diálogos, una estrategia que, según expertos, responde a la fragmentación interna de los actores armados y a su necesidad de aumentar su capacidad de negociación.
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