3 Jun 2021 - 12:00 p. m.

Empresas más incluyentes, un aporte para la construcción de paz en Colombia

En medio de un diálogo, representantes del Estado, empresas, gremios y agencias de empleo resaltaron la importancia de emplear a víctimas del conflicto armado, quienes dan un valor agregado a sus organizaciones gracias a su diversidad e innovación. Ejemplo de ello ha sido la estrategia de inclusión laboral creada por la Unidad del Servicio Público de Empleo, con el apoyo de Usaid y OIM, que ha contribuido a emplear a 1.804 personas.
Al menos en 32 municipios, 1804 víctimas del conflicto armado pudieron encontrar una solución que pudiera mejorar su calidad de vida.
Al menos en 32 municipios, 1804 víctimas del conflicto armado pudieron encontrar una solución que pudiera mejorar su calidad de vida.

A pesar de la emergencia sanitaria causada por el Covid 19, la Estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto, creada por la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo (SPE), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (Usaid), ha logrado que 1.804 personas afectadas por la guerra en Colombia cuenten con un empleo digno en 50 empresas del país. La meta era de 1300 colocados, pero se resalta que se sobrepasó con creces.

Si bien no ha sido fácil encontrar ofertas laborales por las afectaciones evidentes de la economía, tras las cuarentenas obligatorias, esta alianza ha demostrado que la articulación entre el Estado, el sector privado, los prestadores de empleo y la población civil puede contribuir no sólo a la consolidación de la construcción de paz, sino también a la promoción de la diversidad, la innovación y la inclusión dentro de las organizaciones.

Esa fue la conclusión a la que llegaron representantes del Estado, empresas, gremios y agencias de empleo, quienes se reunieron la semana pasada en el Foro Empresas Incuyentes para exponer los beneficios que trajo esta estrategia y la importancia de aumentar los índices de empleo de las víctimas, que durante el conflicto lo perdieron todo.

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Ángel Custodio Cabrera Báez, Ministro del Trabajo, abrió este espacio con el compromiso con las víctimas del conflicto armado, para mantener estrategias de este tipo, “que efectivamente mejoren las condiciones de empleabilidad de quienes han sufrido este flagelo“. También invitó a las empresas para que se vinculen a esta iniciativa y tengan dentro de su planta de empleados la diversidad de las comunidades étnicas y la fuerza de las mujeres.

Y es que este tipo de proyectos, agregó Angie Velásquez, directora de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo (UASPE),”no solo ha permitido que personas encuentren oportunidades laborales sino también que familias enteras puedan tener un ingreso y tengan una oportunidad digna y decente”. Según Velásquez, gracias a la estrategia, “muchas personas que ni siquiera podían acceder a información pudieron ser parte de procesos inclusivos” y “enfrentarse a una entrevista o tener la documentación a la mano” para acceder a las ofertas.

Ana Durán Salvatierra, Jefe de Misión OIM Colombia, quiso resaltar la vinculación de las diferentes empresas, el 74% de ellas micros, medianas y pequeñas, y su contribución a mitigar las barreras a las que se enfrentan las víctimas. “Quisiera resaltar además que alrededor del 30% de las personas vinculadas pertenece a grupos étnicos y la mitad son mujeres”, resaltó.

En los últimos años, la Unidad del Servicio público de Empleo junto a Usaid y la OIM han implementado varios programas que han sumado al desarrollo de la paz, el desarrollo y la reconciliación en Colombia. “Las lecciones aprendidas y buenas prácticas en otra época permitieron que, a pesar de los retos de la pandemia, se superara en un 38% nuestra meta de colocación laboral”, dijo Durán Salvatierra.

Elizabeth Gewurz-Ramírez, directora de la Oficina de Construcción de Paz y Gobernanza de USAID señaló que la empleabilidad de las comunidades más gravemente afectadas por el conflicto es una contribución a la reconstrucción del tejido social, a la reparación y recuperación económica en colombia, especialmente, en tiempos difíciles que vivimos por causa de la pandemia del Covid19 y la implementación del Acuerdo de Paz.

“Para los Estados Unidos, impulsar el desarrollo sostenible y de las comunidades víctimas del conflicto es fundamental en el proceso de transición de Colombia hacia la paz. Estamos convencidos de que esa transición es posible con la colaboración de todos los sectores. La apuesta por un modelo inclusivo, con enfoque psicosocial y cierre de brechas es clave para reducir las barreras de acceso, combatir la exclusión en el mercado laboral y hacer de las empresas entornos de construcción de paz”, explicó.

A su turno, Cristina de Armas, CEO de InspirándoT, habla de que esta estrategia es un ejemplo claro de que no sólo las grandes compañías pueden ayudar a cambiar las condiciones de estas personas y el futuro del país: “La empresa mediana y pequeña también hace su contribución y eso es valioso. Estamos viviendo realidades muy difíciles en el país, de manifestaciones y solicitudes, que nosotros podemos convertir en una contribución y una oportunidad”.

Para De Armas, la inclusión laboral de víctimas del conflicto armado es una oportunidad para que los líderes de las organizaciones trabajen de manera estratégica en los temas de diversidad e inclusión. “Son múltiples las diferencias de seres humanos, que ponemos a jugar en un ambiente y contexto de trabajo. No podemos partir desde una perspectiva filantrópica, sino de un tema fundamental de lo que significa la dignidad y los derechos humanos, además de un compromiso de sostenibilidad”, enfatizó la empresaria.

Asimismo, insistió en ampliar el concepto de diversidad: “No se trata solo de género y discapacidad o diversidad sexual. Estamos tocando también sobre construcción de paz y posibilidades para las víctimas; la reincorporación; la multiculturalidad y la riqueza étnica; las migraciones que también son interregionales; todas las filiaciones políticas y religiosas”, entre otras.

El valor agregado

Si en un punto coinciden quienes trabajaron en la Estrategia integral de inclusión laboral para víctimas del conflicto es que se trató de una iniciativa que los benefició a todos. Claudia Rangel, subdirectora de promoción de la Unidad Administrativa del Servicio Público de Empleo, destacó el papel de su entidad al lograr articular con éxito a los actores y haber sensibilizado a las compañías de la importancia de ofrecer un trabajo digno, con todas las prestaciones sociales, a poblaciones vulnerables que a diario se enfrentan a barreras, como la falta de capacitación y formación, la ausencia de la documentación requerida o la estigmatización.

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Además, evidenció los beneficios que también recibieron 18 departamentos, en el marco de la estrategia, pues sin duda cada empleo mejora los índices y reactiva la economía. Al menos en 32 municipios, 1804 víctimas del conflicto armado pudieron encontrar una solución que pudiera mejorar su calidad de vida.

Las agencias buscadoras de empleo y prestadores de servicio, como el Sena, las cajas de compensación y las alcaldías, también se ven beneficiadas. Gracias a ellas, dijo Rangel, no sólo hubo un mejor diálogo con las empresas sino que también se logró “fortalecer habilidades y competencias de las víctimas, pero también ayudarlos con apalancamientos de dotación”.

Así también lo reconoció Carlos Eduardo Ospina, jefe de empleabilidad de Comfandi, quien ahondó las difíciles circunstancias que vive en sector empresarial en medio de la pandemia y cómo eso afectó a los buscadores de empleo, principalmente, a los más vulnerables.. Sin embargo, gracias a la experiencia que tienen desde 2009 sobre los enfoques diferenciales, se pudo alcanzar con éxito la meta.

“Nos comprometimos inicialmente con la colocación de 60. Al cierre, logramos que ocho empresas se quedaran con nosotros y así ubicamos a 63 personas. Con todas las barreras que tienen las personas víctimas del conflicto armado, para nosotros es un gran número. Ahora debemos seguir buscando la articulación del sector público, privado y la academia, para las víctimas y también para las personas en situación de discapacidad, las madres cabezas de hogar, entre otras”, contó.

Ospina insistió en que “contar la experiencia de lo que sucede con este proyecto es importante, porque se le demuestra a todo el mundo, a las empresas y las personas que sí se puede”. Y resaltó: “Si logramos hacerlo en medio de una pandemia, en cualquier momento se podría hacer”.

Idalia Calderón, CEO de Confeccionarte, una de las compañías que incorporó población víctima en su planta de empleados, confirmó que hoy más que nunca los empresarios viven una situación difícil: “Hay empresas que no pudieron soportar la situación y tuvieron que cerrar. Otras que vieron oportunidades y surgieron. Y habemos otras que tuvimos que diversificar para mantenernos”.

Empero, afirmó que la estrategia “llega a acompañarnos en este difícil camino”, gracias a los aportes que hacen desde el Ministerio del Trabajo para ayudar a contratar a las víctimas. “Cuando apoyan una empresa en realidad no apoyan a un empresario sino a más personas. Cuando tenemos una sociedad con empleo digna, es una sociedad que se mantiene económica y socialmente más estable”, insistió.

Calderón está convencida de que las organizaciones pueden jugar un papel importante en la reparación de víctimas. Como ejemplo recalcó su experiencia: “Cuando llega una persona con una historia de vida como las víctimas, la empresa tiene la responsabilidad de hacer un acompañamiento integral. Pero a su vez esa persona llega a aportar a esa compañía, a hacerla crecer. Quiero hacer un llamado a que los empresarios seamos más incluyentes. En Confeccionarte el 30% de la planta es víctima del conflicto armado: son mujeres fuertes y son el sentido de que Confeccionarte exista”.

El conflicto, lastimosamente, no sólo afectó a estas personas. Catalina Martínez, directora de la Fundación ANDI, recordó que también “ha destruido activos, inhibido la inversión y debilitado el mercado”. Está demostrado, dijo Martínez, que las empresas prosperan en entornos pacíficos y cuya base sea el bienestar.

“Por eso es tan importante lograr que estas personas entren y permanezcan en el mercado laboral. En 2015, las cifras nos mostraban que el 93% de la población víctima estaba en la informalidad. Justamente, en esta época de posconflicto hay acciones concretas a desarrollar. Lo que necesitan las víctimas del conflicto armado por parte del sector empresarial es un reconocimiento para tomar decisiones frente a sus condiciones y así habilitar la ruta para que puedan emplearse”, expresó la directora.

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Eso sin contar que desde la ANDI ya han identificado que los beneficios y aportes que traen estas personas: “Sus perfiles van de la mano con la diversidad, que estimula la innovación, el desempeño y la competitividad. Las organizaciones inclusivas y diversas se adaptan mejor a los entornos cambiantes y a los desafíos de los clientes”.

La representante del gremio de los empresarios mencionó tres recomendaciones para que cada día las empresas se acerquen al mundo de la diversidad y de la consciencia social. La primera de ellas, superar la estigmatización. “Siguen existiendo factores que impiden incluir población vulnerable. Otra de las brechas que más necesita atención es el tema de educación y formación. El mejoramiento de sus competencias para acercarlos a los perfiles que requieren las empresas es necesario”.

La segunda se trata de “incorporar a la población vulnerable como una política de la organización”. La tercera consiste en un esfuerzo para “evitar prácticas discriminatorias”. Todavía existen estereotipos frente a perfiles requeridos en las vacantes y eso implica, según Martínez, que haya tratos diferenciales en la selección de los trabajadores. Lo importante es trabajar con un enfoque de competencias que permita dar igualdad de condiciones. Finalmente, la cuarta y no menos importante es “generar un compromiso público en torno a la equidad social”. Solo así se pueden cerrar las brechas que tanto afectan el presente y el futuro del país.

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