Karen Manrique, salpicada en caso de corrupción de UNGRD, busca reelegirse en curul de paz

Representante electa para la curul de paz de Arauca.

Foto: Óscar Pérez

La representante a la Cámara Karen Astrid Manrique Olarte, elegida en 2022 por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep), también llamadas curules de paz o para las víctimas, aparece entre los siete congresistas que buscarán la reelección en las elecciones legislativas de marzo de 2026.

Su aspiración se da en un momento crítico. Manrique es una de las congresistas salpicadas por el escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), un caso que justamente este jueves provocó que Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), dos exministros del presidente Gustavo Petro fueran a la cárcel. El entramado judicial también compromete a directivos de la entidad y otros miembros del Congreso.

Según la Fiscalía, desde la UNGRD se habría montado una red para desviar recursos públicos mediante contratos inflados, aprovechando declaratorias de emergencia y la urgencia de obras para la atención de desastres. Parte de esos recursos, de acuerdo con los investigadores, se habrían utilizado para asegurar apoyos políticos en el Congreso, especialmente en votaciones clave para el Gobierno nacional.

¿Qué se sabe de la participación de Manrique en escándalo de la UNGRD?

El nombre de Manrique aparece en el expediente del caso UNGRD desde julio de 2024 y es parte de los nueve congresistas que, según la Fiscalía, habrían participado en hechos de corrupción relacionados con la contratación en esa entidad.

Los políticos aparecieron en medio de las averiguaciones que hizo el ente investigador en contra de los exdirectivos de la entidad Olmedo López y Sneyder Pinilla, así como del contratista Luis Eduardo López, conocido como el Pastuso.

En su momento, López señaló que desde las carteras se organizaban reuniones para hacer acuerdos por debajo de la mesa y favorecer iniciativas en el Congreso a cambio de puestos en la Unidad.

En esas declaraciones, López mencionó a Manrique quien al parecer habría actuado como emisaria del Gobierno en la Cámara mientras era presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara para pactar contratos por más de 92 mil millones de pesos, que la favorecerían a ella y a cinco de sus compañeros de Comisión a cambio de apoyos para los proyectos de ley clave.

Un documento escrito de puño y letra de Olmedo mostraría las obras que debería ejecutar la UNGRD y el nombre de cada uno los congresistas a los que se favorecería a cambio de esos favores.

El testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad y uno de los principales testigos de la Fiscalía, también la enredan. Según su declaración, la UNGRD habría direccionado un contrato por más de 32.000 millones de pesos en el municipio de Saravena, Arauca, presuntamente para favorecer intereses cercanos a la congresista.

Pinilla aseguró que ese contrato habría quedado en manos de Gustavo González Ruiz, esposo de Manrique, empresario de la región y contratista recurrente del Estado. La tesis de los investigadores es que ese direccionamiento contractual habría estado ligado a un intercambio de favores políticos, particularmente al respaldo de congresistas a la aprobación de créditos internacionales gestionados por el Ministerio de Hacienda en el Congreso.

González Ruiz, socio de la firma Grucori SAS (Grupo de constructor de la Orinoquía), empresa constituida al menos desde 2015. La empresa ha estado ligada a varios proyectos de infraestructura en la región, incluyendo servicios a oleoductos.

En 2016, González figuró como representante de la Unión Temporal Pavimentado de Arauca, que se presentó como oferente para un contrato con la Gobernación de Arauca. La licitación era por poco más de 12 mil millones de pesos para la “construcción de obras de urbanismo y pavimentación de las vías en proyectos de vivienda”.

De acuerdo con otro testimonio, el de María Alejandra Benavides, exasesora del entonces ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el funcionario avaló la entrega a Manrique de “cupos indicativos”, que no es otra cosa que la lista de obras y contratos.

Manrique ha negado de manera reiterada cualquier participación en irregularidades y ha sostenido que no ha intervenido en procesos contractuales ni ha utilizado su cargo para beneficiar a terceros. Sin embargo, su nombre continúa siendo mencionado dentro del entramado investigativo.

En julio de 2024, Manrique hizo uno de los pocos pronunciamientos sobre este tema en su cuenta de X (antes Twitter) y dijo que Olmedo mentía. “Confío plenamente en las entidades que imparten justicia en nuestro país; esperaré notificación oficial, ya que hasta este momento sé lo mismo que la mayoría de colombianos, lo visto por medios periodísticos y redes sociales. Olmedo López miente, su desespero para ser acogido por un buen acuerdo con la Fiscalía lo está llevando a actuar errónea y mal intencionadamente, estoy segura de que la justicia actuará en favor de la verdad”, afirmó.

¿Un golpe a las curules de paz?

Las curules de paz fueron creadas en el Acuerdo de Paz de 2016 como un mecanismo excepcional para garantizar representación política a las víctimas del conflicto armado en las regiones más golpeadas por la violencia. En total son 16 escaños en la Cámara de Representantes y, según lo pactado en La Habana, solo pueden existir durante dos periodos legislativos: 2022-2026 y 2026-2030. La próxima legislatura será, por tanto, la última.

De acuerdo con la lista definitiva publicada por la Registraduría Nacional, 246 candidatos se inscribieron en 122 listas para estas circunscripciones especiales. Siete de los actuales representantes buscan repetir mandato. Entre ellos, el nombre de Karen Manrique destaca no solo por su aspiración, sino por el peso judicial y político de las investigaciones en curso.

Más allá de los procesos judiciales en curso, la aspiración de Karen Manrique se da en un escenario en el que organizaciones de observación electoral insisten en reforzar el control ciudadano sobre quienes buscan repetir mandato, incluidos los representantes de las circunscripciones de paz.

Para Diego Rubiano, experto de la Misión de Observación Electoral (MOE), el primer filtro de control en una contienda de reelección no está únicamente en los organismos judiciales o disciplinarios, sino en la ciudadanía. “El primer ejercicio de control y el primer organismo de control debe ser la ciudadanía”, señaló el experto de la MOE al referirse al seguimiento que deben hacer los votantes a la actuación legislativa de sus representantes.

Rubiano subraya que en Colombia no existe una cultura consolidada de voto-castigo, lo que hace aún más relevante el análisis del desempeño de quienes buscan continuar en el Congreso.

En ese sentido, la MOE ha insistido en la importancia de revisar qué intereses han representado los congresistas, cómo han votado y cuál ha sido su papel en la construcción o defensa de proyectos de ley, información que puede consultarse en plataformas como Lupa Legislativa.

El llamado cobra especial relevancia en el caso de las curules de paz, creadas como un mecanismo excepcional de representación para territorios históricamente afectados por el conflicto armado. Desde la MOE advierten que el seguimiento ciudadano resulta clave para evitar que las campañas de reelección deriven en prácticas clientelares, alianzas con estructuras políticas tradicionales o dinámicas que desvirtúen el propósito original del mecanismo.

En el último periodo de vigencia de las circunscripciones transitorias de paz, el reto —según Rubiano— es garantizar que la representación política de estas regiones se mantenga alineada con el objetivo de ampliar la voz de poblaciones excluidas, más allá de los nombres propios y de las controversias que rodean a algunos de sus actuales ocupantes.

¿Quién es Karen Manrique y cómo llegó al Congreso?

Manrique, especialista en gestión de proyectos y con máster en derechos humanos, quien se lanzó al ruedo político por la Asociación de Víctimas Intercultural y Regional, obtuvo la curul de paz de Arauca con 1.685 votos.

Su trayectoria incluye el paso como secretaria de Bienestar Social de la alcaldía del municipio de Tame, en Arauca, cargo que desempeñó entre enero y abril de 2020.

En 2019, Manrique habría apoyado la candidatura del entonces alcalde de Tame, Aníbal Mendoza, y la candidatura al concejo de Fidel Galindo Guzmán. De hecho, varios habitantes de la región señalaron en su momento que su candidatura habría tenido apoyos políticos del Partido Liberal en el departamento.

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